A través de un pedido de Acceso a Información Pública realizado por La Nota sobre la cantidad de abortos realizados en Tucumán, se informó que se llevaron a cabo 3.819 IVES e ILES.
Se cumple un año desde la sanción de la ley 27.610, de “Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)”, que entró en vigencia el 24 de enero de 2021.
La ley dispone que los servicios públicos de salud, las obras sociales nacionales y provinciales y las empresas y entidades de medicina prepaga incorporen la cobertura integral y gratuita de la práctica, hasta la semana 14 de gestación. Una vez solicitada la prestación existe un plazo máximo de diez días corridos para cumplir con la prestación.
Se trata de una de las mayores conquistas de los feminismos, que históricamente lucha por el derecho a decidir libremente.
Por primera vez, se dispone de datos oficiales sobre una práctica que se mantuvo en la clandestinidad, poniendo en peligro la vida de miles de mujeres y personas gestantes que año a año debían enfrentar la decisión de abortar en una sociedad llena de prejuicios y con un sistema judicial que las perseguía y penalizaba.
Según los datos del Ministerio de Salud de la Nación, durante 2021 se realizaron 32.758 interrupciones del embarazo en el Sistema Público. La cifra no incluye aquellos procedimientos efectuados en el sector privado, en servicios cubiertos por obras sociales y prepagas, o autogestionados por las mujeres o personas gestantes.
A partir de la sanción, la lupa se posó sobre cómo se implementa la ley, sobre todo en una provincia como Tucumán que demostró grandes resistencias incluso a la hora de garantizar los abortos no punibles.
A través de un pedido de Acceso a Información Pública realizado por La Nota sobre la cantidad de abortos realizados en Tucumán, se informó que se llevaron a cabo 3.819 IVES e ILES. Los datos de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva son los aportados por el Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva de Tucumán.
A estos datos pueden sumarse los difundidos por el Consultorio de Salud Integral, correspondiente al sector privado, quienes compartieron las cifras de personas a las que acompañaron en su IVE desde el 18 de enero hasta el 23 de diciembre, sumando en total 281.
Un dato significativo es el aumento de consultas por interrupciones de embarazo al 0800-222-3444, la línea gratuita y confidencial del Ministerio de Salud, que se puso a disposición para asesorar y derivar a las personas de todo el país que quieran abortar: entre enero y noviembre de este año llegaron a 19 mil, casi la misma cantidad que se habían recibido en una década.
Según la información que brindó el Ministerio de Salud de Nación, en la gran mayoría de los casos se usa el aborto medicamentoso con misoprostol, y hasta la semana 14 de gestación el procedimiento es ambulatorio. Luego de la consejería, la persona recibe 12 pastillas de la droga, junto a las indicaciones correspondientes de aplicación y síntomas a los que debe estar atenta. En lo que va del año, a nivel nacional el Ministerio de Salud distribuyó 46.283 dosis del medicamento; mientras que en 2020 habían sido 18.560 dosis. También hay 250 equipos más para la aspiración manual endouterina (AMEU), el método recomendado por la Organización Mundial de la Salud para la evacuación uterina en forma quirúrgica.
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En relación con los obstáculos para la implementación de la IVE, durante el 2021 se realizaron 35 acciones judiciales contra la ley, de las cuales sólo prosperaron dos que esperan resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Actualmente, además, hay una causa iniciada contra la médica salteña Miranda Ruiz por realizar un aborto legal. “Es un caso que quisieron tomar como ejemplificador y disciplinador. Hay que seguir trabajando para que haya más profesionales que garanticen el acceso”, dijo la ministra de las Mujeres Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, en una reunión de balance, junto a las funcionarias que estuvieron detrás de la redacción del proyecto, Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica, y las ministras de Salud Carla Vizzotti. Las funcionarias hablaron de superar el estigma que aún pesa en algunos lugares tanto sobre las mujeres como los equipos de salud.
A principios de diciembre, la ginecóloga Cecilia Ousset y el ginecólogo José Gigena fueron sobreseídos en la causa “Lucía”, donde eran investigados por haber realizado una interrupción legal del embarazo a una niña de 11 años que había sido abusada por la pareja de su abuela. La investigación fue iniciada en 2019 por el Ministerio Público Fiscal, por la exfiscal Adriana Giannoni, quien buscaba aleccionar a los médicos que habían garantizado la práctica en medio de una gran reacción conservadora que buscaba impedir que la niña acceda al derecho de interrumpir legalmente ese embarazo producto de una violación
Uno de los grandes desafíos pendientes es impulsar la difusión de los contenidos de la ley tanto para las posibles usuarias como para el personal de salud y seguir ampliando la cantidad de centros de salud que realizan la práctica.
En nuestro pedido de acceso a la información pública, se solicitó saber cuántas campañas de difusión y sobre qué temas vinculados a la ley 27.610 se realizaron en Tucumán. Si bien se brindó información sobre campañas que se realizaron en redes sociales del Ministerio de Salud de Nación, en las redes del SIPROSA no se encontró ninguna publicación referida al tema, tampoco en la página oficial.
