La Justicia Federal eligió ambas provincias del norte para que, a partir de este 10 de junio, jueces y fiscales practiquen nuevos roles. Se instala el sistema acusatorio.
En Salta y Jujuy se inicia este martes la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal, el que ahora pone a los fiscales al frente de la persecución penal.
Tal como estaba previsto, comienza a implementarse el nuevo Código Procesal Penal Federal, el cual fue sancionado a fines de 2014, pero recién el 7 de febrero de este año se terminó de reglamentar. La aplicación se hará de forma gradual, siendo Salta y Jujuy las provincias elegidas en la primera etapa.
A partir de este nuevo código, se instala en la justicia federal el sistema acusatorio, según el cual el fiscal asume la investigación. Sus mentores aseguran que el cambio implica un modelo de justicia basado en la oralidad, con procedimientos más rápidos, sencillos y transparentes, a través de investigaciones y juicios ágiles.
El sistema acusatorio asegura la división de roles entre jueces y fiscales. La investigación de los delitos quedará a cargo del Ministerio Público Fiscal, sobre el cual descansará la promoción de la acción penal contra los autores y partícipes de un hecho criminal. Todo deberá ser probado, luego, en un juicio oral y público.
A partir de este nuevo modelo, se busca menos formalidades, mayor simplicidad, celeridad, publicidad y respuestas concretas, para una administración de justicia de cara a la sociedad, objetivo que se espera lograr con cambios e innovaciones incorporados en este nuevo código.
Las claves de los nuevos roles
La unidad fiscal tendrá a cargo la dirección exclusiva de los casos, definirá estrategias de investigación y podrá armar equipos de trabajo multidisciplinarios con diferentes áreas especializadas de la Procuración General de la Nación.
Entre otros aspectos, se contempla la creación de equipos de trabajo integrados por fiscales federales y provinciales, como así también la coordinación de tareas con las fuerzas de seguridad y autoridades de diversas jurisdicciones.
El juez, por su parte, garantizará que se cumpla la ley durante el procedimiento penal y controlará que se respeten las garantías constitucionales. También, el juez o el tribunal, luego de la celebración del juicio en el que el fiscal y la defensa argumentarán sus casos, será quien decidirá si corresponde o no la aplicación de una pena.
El nuevo Código permite concentrar los esfuerzos y estrategias de fiscales en delitos de impacto social y de interés público. Así, se prevé que las “investigaciones preparatorias” no durarán más de un año –desde el acto de formalización de la investigación-, y en casos de delitos complejos se podrá extender hasta tres años. Los procesos serán orales -se dejarán de lado los expedientes- y cada parte formará legajos del caso./LV12
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