El proyecto de ley de responsabilidad penal empresaria, que considera imprescriptible el delito de corrupción y establece un régimen de castigo para las personas jurídicas que delincan contra la administración pública, y por cohecho transnacional, volverá a ser debatido este martes en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara de Senadores.
Hoy a partir de las 14 está previsto el inicio de la discusión en el seno de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales que encabeza Pedro Guastavino, en el Salón Azul del Senado. Allí asistirán representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de la oficina Anticorrupción y de los Colegios Públicos de Abogados.
El proyecto ingresó con cierta demora en la Cámara alta, proveniente de Diputados, donde recibió media sanción el pasado 6 de julio. Sin embargo cuando el 11 de julio se preveía comenzar la discusión en la Cámara alta, con la presencia del ministro de Justicia, Germán Garavano, se resolvió su postergación, por cuanto el texto aprobado aún no había ingresado al Cuerpo. De ahí que se decidió postergar el debate para después del receso invernal.
La razón de la demora obedecía a la existencia en ese proyecto con media sanción de dos artículos que se contradecían entre sí. Se trata de la modificación del artículo 258 bis del Código Penal, donde no se habían aumentado las penas, aunque en la votación en particular se había incluido un cambio incrementando las condenas.
Las sanciones para las que sean condenadas, uno de los puntos que sufrió modificaciones esta semana, irán del 0,5% al 20% de los ingresos brutos anuales según el último ejercicio anterior a la comisión del delito; además de que las empresas serán pasibles de una suspensión total o parcial de sus actividades hasta por un máximo de diez años; la suspensión del uso de patentes y marcas; y la pérdida o suspensión de los beneficios o subsidios de los que goce, entre otros puntos.
La sanción más dura contemplada en el proyecto incluye la disolución y liquidación de la persona jurídica. Una pena que, según establece el proyecto, sólo podrá aplicarse si la empresa hubiese sido creada al solo efecto de delinquir.
Se espera entonces que el proyecto sea modificado por el Senado, por lo que volverá a la Cámara baja, donde ya se generó una gran polémica por la eliminación del artículo 37°, denominado por la oposición como “Odebrecht”, donde se preveía que se pudieran iniciar investigaciones en base a confesiones de empresas que admitieran haber pagado sobornos.
Según lo informado, estarían este martes la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso; la directora de Planificación de Políticas de Transparencia, Mora Kantor; y el director Nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos González Guerra.
Fueron convocados también el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo; y el presidente de la Comisión de Derecho Penal del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Juan María Rodríguez Estévez.
