Pablo Rodríguez Laurta, acusado y detenido por el doble femicidio de su ex pareja, Luna Giardina, y de su madre, Mariel Zamudio, fue durante años una figura visible en el movimiento antifeminista en Uruguay. Es uno de los impulsores de charlas de Agustín Laje y Nicolás Márquez, hoy asesores del presidente Javier Milei.
Laurta fundó la organización uruguaya Varones Unidos, dedicada a negar la violencia de género y a instalar la narrativa de las “falsas denuncias”. Mientras difundía esos discursos, acumulaba denuncias por violencia machista.
Su ex pareja, Luna, había huido de Uruguay hacia Argentina tras sufrir agresiones físicas y un intento de asfixia en 2023. Aun así, él seguía libre.
Los femicidios ocurrieron en Córdoba, este fin de semana, mientras Luna contaba con un botón antipánico. Tras cometer los crímenes, Laurta secuestró a su hijo de 5 años y fue detenido en un hotel de Gualeguaychú, gracias a un operativo conjunto entre las policías de Córdoba y Entre Ríos.
Varones Unidos y otros grupos afines conforman un entramado de operadores judiciales, políticos y comunicadores que buscan deslegitimar las denuncias de violencia y proteger a los agresores. Entre quienes impulsan o respaldan estas narrativas figuran Carolina Losada, Lilia Lemoine, el ministro Cúneo Libarona y otros referentes del oficialismo que repiten el discurso de las “falsas denuncias” como parte de una supuesta defensa de los “varones víctimas del feminismo”.
En febrero, Luna escribió en Facebook:
“Todos los psicópatas son asesinos, ya sean forenses criminales o los cotidianos o integrados. El primero mata físicamente con barbarie, el segundo mata tu esencia. Te mantiene en tensión y zozobra permanente, te anula, te aísla, te destruye con amenazas a tu vida, enfermas gravemente y mueres sin atención médica oportuna. Ambos asesinan. El integrado no deja huellas de su crimen”.
Su voz fue un aviso. Pero la “batalla cultural” de la ultraderecha la dejó desprotegida. Este doble femicidio no es un hecho aislado, es la consecuencia directa de una narrativa política y mediática que legitima el odio contra las mujeres y socava los mecanismos de protección del Estado.
La doctrina de las falsas denuncias no solo niega la violencia machista: la habilita. Cada vez que un funcionario, un comunicador o un influencer con poder reproduce ese discurso, se debilita la credibilidad de las víctimas, se desincentivan las denuncias y se fortalecen los agresores.
El caso de Luna y Mariel expone el costo real de esa ideología. Un costo que se mide en vidas. Desmantelar la doctrina de las falsas denuncias es una tarea urgente y colectiva. No se trata solo de disputar sentido en el plano simbólico, sino de exigir responsabilidad política y judicial frente a quienes promueven estos discursos desde el poder. Porque cuando la impunidad se disfraza de “batalla cultural”, el resultado es femicidio.
