El 25 de marzo a las 4 de la mañana, en el paraje de Loma Blanca Norte (departamento Salavina, Provincia de Santiago del Estero) la calma reinaba entre los bañados que deja el Río Dulce cuando crece. Allí vive un grupo de comunidades campesinas organizadas en el MOCASE, dedicadas a actividades productivas: siembra, cría de ganado y trabajo del cuero. Sus últimas horas de descanso se sacudieron con la irrupción de decenas de policías enardecidos. Veinte dicen algunos, otros hablan de cincuenta. Nadie pudo verlos bien en la oscuridad de la noche. Nadie pudo precisar si eran del cuerpo de Infantería o de la Comisaría de Sumampa. Entraron con violencia en dos residencias campesinas distantes 500 metros una de la otra. De la primera se llevaron a Guillermo Cejas y a su hijo E.C. de 14 años. De la segunda a Alcides Acosta. Nadie podía saber qué pasaba, los policías no se identificaron. Junto con Alcides estaban tres de sus diez hijos e hijas, niñes aún. Uno de ellos logró a mandar un mensaje por teléfono a compañeres del MOCASE advirtiendo la situación.
Eran las 12 del mediodía y nadie sabía del paradero de E.C., el menor. Tampoco se sabía dónde estaban Alcides y Guillermo. Los relatos que había podido recaba la Secretaría de DDHH y Territorios del MOCASE hablaban de golpes, pisoteadas, amenazas de muerte con armas sobre el cuerpo niñas y niños campesinos y sus padres. Fue entonces cuando la fiscal María Victoria Sottini informó por wasap a los abogados del MOCASE que Alcides y Guillermo estaban alojados en el Centro Único de Detenidos de la ciudad capital de Santiago del Estero. De E.C. no había noticias. Al rato, su padrino mensajeó avisando que la policía de la comisaría 33 de Sumampa (ciudad distante unos 250 km de Santiago) lo acababa de dejar con él.
E.C. estaba asustado, golpeado y no sabía del paradero de su padre. Lo habían tenido toda la mañana en la Comisaría de Sumampa. Cuando alguien advirtió de la gravedad de la situación, mandó que lo dejaran con un familiar. Cuando el MOCASE pidió explicaciones, les dijeron que no lo querían dejar solo en la casa por ser un menor. No pudieron explicar por qué le fueron pisando la cabeza y el pecho al niño en la caja de la camioneta, los casi 40 km que separan Loma Blanca de Sumampa.
A las dos de la tarde el panorama seguía siendo incierto. El MOCASE denunciaba los atropellos y señalaba a la fiscal Sottini y a la jueza de control Cecilia Vittar por las detenciones. Nadie podía saber de qué se acusaba a los detenidos, ni porqué la policía había actuado con tanta violencia. Por agentes del estado nacional y provincial que llamaron a la comisaría de Sumampa, los abogados del MOCASE se enteraron de que Alcides y Guillermo eran acusados de amenazas calificadas y lesiones leves, a raíz de una denuncia interpuesta por “Yiya” Molina. Sin embargo no podían acceder al legajo ni a la carátula de la causa.
La Secretaría de DDHH y Territorio del MOCASE había denunciado judicialmente en varias oportunidades previas a “Yiya” Molina por intento de usurpación y robo de animales a la comunidad a la que pertenecen Alcides y Guillermo. Según afirman, esas denuncias no fueron investigadas. La fiscal Sottini, en un pase de magia propio de las revueltas del huayra muyoj (y muy difícil de explicar), hizo de los denunciantes denunciados, y los mandó a detener.
Los ilícitos de Molina en la zona de Paso de Oscares, entre los departamentos de Salavina y Quebrachos, parecen ser de larga data. En un video publicado el 24 de marzo en el Facebook del MOCASE una mujer, familiar de Mario Mendoza, un campesino asesinado en 1996, denuncia que en el hecho habría estado involucrado Molina, cuando por entonces, formaba parte del entramado político-policial comandado por Antonio “Musa” Azar que se dedicaba, entre otras cosas, al robo de animales.
Alcides y Guillermo tienen 50 años, nacieron y se criaron en Loma Blanca Norte. Hace años que vienen denunciando lo que hace Molina. Un accionar que el MOCASE denuncia como un patrón que se repite en distintas zonas del vasto territorio rural santiagueño. Un largo proceso de desgaste que comienza cuando detectan tierras “usurpables”. Luego buscan amedrentar a las comunidades que allí viven, a veces instalan una casilla con bandas armadas, roban los animales, desmontan, arruinan represas y pozos de agua. El complemento necesario de ese proceso de desgaste son las denuncias penales contra los propios habitantes del lugar, a quienes se acusa de “violentos usurpadores”.
Cerca de las 3 de la tarde del 25 de marzo un miembro del equipo jurídico del MOCASE junto con personal de la Sec. de DDHH de la Provincia y militantes de la APDH pudieron visitar a Guillermo y Alcides en el Centro Único de Detención. Sus cuerpos evidenciaban los golpes, tenían dificultades para caminar. Contaron sus peripecias. Estaban durmiendo, llegó la horda. Los golpearon delante de sus hijos. Los volvieron a golpear. Los subieron a la camioneta. Los volvieron a golpear. Los llevaron a Sumampa. Uno de ellos se desmayó. Los tuvieron allí un rato. Los trasladaron a Santiago. Durante todo el procedimiento no les dijeron absolutamente nada, ni a dónde los llevaban, ni porqué los llevaban. Tampoco les mostraron un papel que justificara su detención. A sus familias tampoco.
Antes de ingresarlos al Centro Único, la policía les sacó una foto, que luego publicó en los tres principales diarios de la provincia (El Liberal, Diario Panorama y Nuevo Diario). Allí también se los ve golpeados. Es habitual que esos diarios publiquen los partes de prensa que envía la policía. Las tres notas son calcadas, los acusan de haber golpeado a Molina, y dan una serie de datos de la causa, que los propios abogados defensores no tenían hasta ese momento.
Un médico de sanidad policial constató los golpes cuando llegaron a Santiago. Un oficial explicó al equipo jurídico de la organización que no reciben a nadie en el Centro Único sin que antes lo revise un médico, como una estrategia de protección para los policías que allí trabajan. En el Centro Único el trato cambió. Les dejaron bañarse, les dieron de comer y permitieron que les alcancen ropa y elementos de higiene.
El MOCASE denunció públicamente la injusta e ilegal situación y llamó a movilizar exigiendo la inmediata liberación de Alcides y Guillermo. El CELS y la APDH respaldaron la denuncia. Sin embargo ni la fiscal ni la jueza daban respuesta por lo que se procedió a presentar una denuncia por violencia institucional y un pedido de hábeas corpus que, casualmente, cayó en la misma jueza, Cecilia Vittar.
Recién el día 26 a media mañana, más de 24 horas después de la violenta detención, la organización pudo conocer las acusaciones y actuaciones. Pudieron confirmar que estaban frente a un nuevo capítulo de una historia repetida para quienes protegen sus derechos organizados en el MOCASE: la utilización del poder judicial y sus mecanismos de detención y allanamiento como una herramienta de persecución contra quienes defienden sus territorios, su producción, su cultura, su vida.
Según datos que aporta el equipo jurídico del movimiento, del análisis del pedido realizado por Sottini (Legajo Fiscal N° 8803/2021 “ACOSTA ALCIDES Y OTROS P.S.D. LESIONES LEVES Y AMENAZAS CALIFICADAS E.P. MOLINA RAMON Y OTROS”) se desprende que la fiscal solicita a la jueza de control y garantías Cecilia Vittar –quien hace lugar- la orden de detención, registro, allanamiento y secuestro de Alcides Acosta y Guillermo Cejas ¿Cuáles son los argumentos jurídicos en que se basó la fiscal para solicitar estas medidas? Una denuncia de “Yiya” Molina, con quien los denunciados tienen conflictos de tierras, según reconoce el denunciante en su presentación. Molina denuncia que el día 19 de marzo se entera por el llamado de una conocida, que personas se dirigían a un campo del que afirma ser el propietario (sin presentar título de propiedad, otra situación habitual, a quienes denuncian al MOCASE nunca se les pide que demuestren la propiedad sobre la tierra que pretenden) y que esas personas “serían” del MOCASE, porque es con ellos con quienes tiene conflictos.
En la denuncia se adjuntan declaraciones testimoniales de familiares del denunciante que dicen haber sido amenazados y golpeados por los denunciados y por “integrantes del MOCASE” ¿Cuáles son las pruebas de que se vale la fiscal para creer en esto y pedir la detención? Un certificado médico en el que se constatan lesiones curables en 15 días en el cuerpo del yerno de Molina. También un “informe socioambiental” (y fotografías) realizado por la policía de Sumampa, a quien el MOCASE viene denunciando en reiteradas oportunidades por violencia institucional, la animosidad con que tratan a las comunidades campesinas, y su connivencia con usurpadores y desalojadores (hubo sanciones a policías de esa comisaría a raíz de las denuncias).
Además de la celeridad con la que la policía y la fiscal actuaron (el 19 presentaron la denuncia y el 26 se ofició el allanamiento), el MOCASE advierte que la calificativa de la causa es por un delito de lesiones leves (cuya pena no pasa de un año) y amenazas calificadas por supuesto uso de armas. Sin embargo no se encontraron armas durante el allanamiento, las únicas pruebas que existen son los dichos de los familiares de Molina. Pero hay otra cuestión llamativa: el mismo 19 Alcides y Guillermo presentaron una denuncia en la misma comisaría de Sumampa en la que denunciaron que Molina ingresó a su campo con un grupo de personas armadas. Ni la policía ni la fiscal atendieron esa denuncia.
La organización advierte que la misma jueza que ordenó las detenciones, Cecilia Vittar, rechazó el pedido de habeas corpus el día 26, argumentando que hay pruebas suficientes para sostener la detención de Guillermo y Alcides, pero no dice cuáles son esas pruebas. La actitud de Vittar transparentaría una práctica bastante habitual cuando se trata de sectores populares involucrados en causas penales: los jueces decretan sin leer los legajos. En la causa no hay pruebas, tampoco riesgos procesales, sin embargo negó la liberación de los campesinos.
La Secretaria de DDHH y territorio del MOCASE señala que la gravedad de la situación radica no sólo en que lesiona gravemente el acceso a la justicia de las comunidades campesinas por no respetar el Código Procesal de la Provincia ni de la Nación. También se viola flagrantemente las directrices internacionales de acceso a la tierra, los bosques y la pesca, y la carta de los derechos campesinos aprobada por las Naciones Unidas y a los que Argentina adhirió y promovió.
Sin investigación, sin pruebas, no parece haber motivo jurídico para las detenciones. Sin embargo no es la primera vez que sucede. Según ha denunciado el MOCASE, en el último año, al menos seis de sus miembros fueron detenidos sin pruebas ni investigación previa. La mera denuncia de alguien es suficiente para que fiscales soliciten y jueces ordenen detenciones. No parece haber otro motivo que el de pertenecer a la organización. Los abogados litigantes consultados afirman que en el funcionamiento habitual del poder judicial, las denuncias por delitos como amenazas o lesiones leves van a parar a la oficina de salidas alternativas para un acuerdo entre las partes, y con alguna medida de prohibición de acercamiento mientras dure la investigación. Sobre todo cuando hay denuncias cruzadas.
El saber práctico jurídico parece difuminarse cuando los denunciados son integrantes del MOCASE. En circunstancias en la que está en juego el derecho a la tierra de las comunidades campesinas e indígenas organizadas, la carga de la prueba parece invertirse, pasan de denunciantes a denunciados y terminan presos, con el único argumento probatorio de las denuncias de quienes pretenden usurpar sus territorios.
Sin embargo, este modus operandi del poder judicial, de utilizar causas y denuncias para perseguir a quienes luchan por el derecho a la tierra termina teniendo el efecto contrario al buscado. Si la “justicia” transforma los denunciantes en denunciados quitando el acceso a la justicia a los campesinos, también termina consolidando y reforzando la histórica solidaridad y unión de las comunidades campesinas. Desde el momento de la detención miles de campesinos se declararon en estado de alerta y movilización en toda la provincia exigiendo la liberación de Guillermo y Alcides. Como en otras circunstancias, las instancias jurídicas se agotan y lo que queda es la resistencia y la solidaridad en el territorio. El MOCASE lo sabe. Hace 30 años que lo practica.
Esta nota fue una producción colectiva.
