Desde Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), delegación Tucumán se sumaron al pedido de la adhesión a la Ley Micaela sin modificaciones presentando una nota en la Legislatura.
“Adherir a la Ley Nacional N° 27.499 es de vital importancia en la lucha contra la violencia de género, es avanzar hacia un Estado presente respetando y cumpliendo con mandatos constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer con rango constitucional, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”, manifestó el titular del INADI en la provincia Pablo Gutierrez.
“Esta normativa, viene a ponderar la importancia de que lxs trabajadores del Estado en todos sus niveles y funciones tengan perspectiva de género y puedan identificar violencias que se encuadren dentro de ese eje, para que el accionar facilite el acceso de las mujeres y personas LGTTBIQ+ a sus derechos”, argumenta el escrito.
Además, hace hincapié en que la “Ley Micaela se propone generar procesos respetuosos de los derechos y lograr transformaciones hacia adentro de la estructura institucional del entramado público”.
“La lucha contra la violencia hacia las Mujeres, es una lucha entre todos y todas, como sociedad justa y sana que busca empoderar a mujeres y niñas desde sus derechos como tal, no es resultado automático de la promoción y protección de los derechos humanos sino que requiere de acciones específicas, como la adhesión a la Ley Micaela”, agregó Gutierrez.
Ley Micaela
En diciembre de 2018 fue aprobada por unanimidad la sanción de la Ley Micaela (27.499) que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencias para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los tres poderes del Estado en todo el territorio nacional.
El proyecto fue presentado luego del femicidio de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años que desapareció en la madrugada del 1° de abril de 2017. Su cuerpo apareció sin vida siete días después en un campo de Gualeguay. Fue violada y asesinada a la salida de un boliche por Sebastián Wagner, un hombre que ya tenía antecedentes de abuso sexual, pero se encontraba con libertad condicional por el permiso del juez Carlos Rossi.
La noticia del crimen de Micaela, luego de siete días de intensa búsqueda, generó una fuerte conmoción a nivel nacional ya que la joven participaba activamente del movimiento Ni Una Menos y militaba en el Movimiento Evita. Por el femicidio, Sebastián Wagner fue condenado en octubre de 2017 a prisión perpetua.
Tras el femicidio de Micaela García, su familia y amigxs, junto a organizaciones sociales, políticas y feministas, empezaron a movilizar la implementación de un tratamiento judicial con perspectiva de género.
