Los ecos por la vulneración de derechos que sufrió una niña de 11 años para acceder a un aborto no punible en Tucumán aún siguen llegando. Esta semana, una misión de Amnistía Internacional visitó la provincia ya que será incluida en un estudio regional sobre niñas madres.
Tucumán tiene los índices más altos de embarazos en niñas y adolescentes entre 11 y 19 años. Durante 2017 hubo en la provincia 4.231 embarazos de adolescentes entre 15 y 19 años. Además, hubo 137 partos de niñas menores de 15 años, la mayoría son embarazos infantiles forzados como consecuencia de situaciones de abuso sexual y violencia. Debido a estos alarmantes índices, Tucumán ha sido declarada provincia prioritaria por la intervención del Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA), lanzado por el Estado Nacional.
Desde La Nota, conversamos Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina sobre la preocupación en cuanto los derechos de niñas y mujeres en un contexto en donde no están aseguradas las condiciones ni de acceso a la salud ni de efectiva implementación de la educación sexual integral.
“En Amnistía Internacional nos preocupa mucho esta idea que tienen las provincias de que como son federales y el tema salud es de aplicación local no tienen obligaciones comprometidas por el Estado argentino a nivel internacional, respecto a los derechos de las personas, entre ellos el derecho al aborto, y sobre todo a la normativa”, expresó la directora ejecutiva en referencia a la actuación del Estado provincial en el caso conocido como “Lucía”.
“Somos un país que tenemos aborto legal en el Código Penal desde 1921. La falta de aplicación de la normativa vigente en el caso de Lucía incluso, compromete internacionalmente al Estado nacional. Tucumán, por no adecuarse a la normativa internacional va a terminar exponiendo al Estado argentino ante el sistema internacional”, explicó Belski sobre los alcances y las consecuencias de no garantizar el acceso al derecho, sobre todo en niñas. “Por lo que pasó en Tucumán probablemente el estado argentino sea condenado internacionalmente. No mañana, no pasado, pero si en mediano plazo”.
La referente detalló las diferentes violaciones de derechos que atravesó Lucía para poder acceder a un aborto legal. “Se violó la decisión de la paciente de interrumpir legamente su embarazo, se lo dilató, se manipuló a la familia que era muy humilde y con poca información. Esto se deduce de la cantidad de tiempo que pasa desde que Lucía ingresa hasta que la interrupción legal del embarazo es realizada. La historia clínica de Lucía circuló por todos los celulares. ¿De dónde sale esa historia clínica? Se violó la confidencialidad médico-paciente, se violó la decisión del fallo F.A.L de la Corte Suprema de Justicia de 2012, que dice que no hay que judicializar, y tenemos una fiscal denunciando a todo el mundo por este caso. Y lo que más llama la atención es que el Ministerio Público Fiscal no está atendiendo estas situaciones, una fiscal que ya fue denunciada por mal desempeño de sus funciones”.
Por otro lado, también llamó la atención sobre los dichos del secretario Ejecutivo Médico del Siprosa, Gustavo Vigliocco, quien salió dando datos de la víctima en una radio muy escuchada en Buenos Aires. Además, agregó que “la iglesia en sus más altos rangos aparece hablando y da el nombre de la niña. ¿Qué más se puede haber violado en términos de lo que establece FAL y lo que establece nuestra normativa vigente?”, expresó con preocupación la directora ejecutiva.
“Las mujeres que viven en el norte son discriminadas en términos de su acceso al aborto legal en relación a las que viven en el sur del país, porque tienen que padecer todo esto que padeció Lucía para acceder a una interrupción legal del embarazo, mientras que las mujeres que viven en Buenos Aires, o que viven en Neuquén, acceden sin ninguna complicación. Entonces lo que también genera el gobierno de Tucumán con sus decisiones es discriminar a sus propias ciudadanas al no garantizarles el acceso al aborto legal”, sentenció Belski.
Desde Amnistía Internacional solicitaron reuniones con el gobernador Juan Manzur, con la ministra de Salud Rossana Chala, con la Secretaría de Derechos Humanos y con el SIPROSA. “En general Amnistía cuando va a alguna provincia por alguno de los temas que trabajamos, nos gusta hablar con autoridades para compartir lo que estamos haciendo y que el Estado esté al tanto”, expresó la directora ejecutiva. “Amnistía es absolutamente transparente en todo lo que hace. Siempre antes de sacar un informe charlamos con el gobierno y le mandamos la investigación para contestar”.
En Tucumán, hasta el momento no tuvieron respuestas a los pedidos. “Sólo la ministra de Salud nos contestó que si eventualmente va a Buenos Aires nos va a avisar para juntarnos. Las reuniones fueron pedidas una semana atrás”.
Belski también participó de la mesa panel “Confidencialidad, secreto profesional y criminalización”, que se realizó en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, junto a Óscar Cabrera, director de Iniciativas O´Neal Institute, Marcos Arias Amicone, profesor de Bioética y Filosofía del Derecho, y Soledad Deza, docente, coordinadora del área de litigio de Católicas por el Derecho a Decidir y presidenta de MujeresxMujeres.
Durante la mesa panel, Amnistía Internacional planteó que se debe garantizar el trabajo de las activistas, en relación a la denuncia que recibió Deza, radicada por Víctor Chocobar, por ser la responsable del sumario administrativo abierto en su contra por acoso sexual contra alumnas de la facultad.
