Luego de que la semana pasada se conociera a través de los medios de comunicación una denuncia contra Hugo Heredia, referente del Frente Popular Darío Santillán, desde la organización publicaron un comunicado repudiando la persecución y denunciando la complicidad de “sectores políticos y sindicales conservadores, vinculados directamente al gobierno tucumano”.
“Buscan criminalizar a las organizaciones sociales que se encuentran compartiendo la dura realidad que vive nuestro pueblo. Con más del 42 % de pobreza, con crecimiento de la indigencia, y a la vez hay más niñez que le toca convivir con la cruda realidad del hambre, somos las organizaciones sociales las que seguimos poniendo el cuerpo desde hace décadas para terminar con la miseria dentro de nuestro pueblo, peleando por el derecho a alimentarse, por trabajo, salarios y vida digna”, expresaron.
El Frente Popular Darío Santillán es una de las organizaciones sociales con base territorial que más creció en los últimos años en Tucumán, con una fuerte militancia social que se reforzó al dar respuestas a la crisis económica ocasionada por el macrismo y profundizada con la pandemia por coronavirus.
Desde la organización, sostienen que la denuncia contra Heredia se da en el contexto de otras persecuciones a dirigentes, como en Santiago del Estero, donde fueron detenidos dos militantes del MOCASE (Movimiento Campesino de Santiago del Estero), y en Misiones, donde hubo represión a militantes del FOL (Frente de Organizaciones en Lucha).
Además, señalan la coyuntura de año electoral, donde “los gobiernos provinciales no desean conflictos” por lo que “acuden a la persecución, difamación, represión, detenciones, allanamientos sin órdenes y por último la judicialización de la militancia de las organizaciones sociales que denunciamos el verdadero estado de situación de los sectores más vulnerables y proponemos una nueva realidad para nuestro pueblo”.
Desde la organización sostienen más de 200 espacios alimentarios en todo el territorio tucumano, con extensa red de ayuda mutuas y promoción del trabajo; además realizan construcción y mejoras de espacios comunitarios, mejoramientos de viviendas, limpieza de basurales y espacio público, carpinterías, bloqueras, panaderías, huertas, textiles y otros productivos de diversas escalas.
“Se ataca desde sectores de las 62 organizaciones peronistas (apoyados por parte del gobierno) por nunca bajar las banderas de justicia por Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, mientras ellos apoyaron a Duhalde, uno de los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda”, denunciaron en el comunicado.
“Vamos a defender a la gente del común que fue forzada a firmar una denuncia para el armado de una causa sin más sustento que la persecución política”, añadieron sobre las más de 100 personas que firmaron la denuncia penal contra el referente.
