Tucumán fue, finalmente, la última en incorporarse a la ley nacional 27.499 en la sesión legislativa de este jueves. Hubo 39 votos a favor y 8 en contra. De esta manera, quedó reconocida en todo el territorio nacional la norma que prevé la capacitación obligatoria en materia de género para todas las personas que cumplan funciones en el Estado. El movimiento de mujeres, feminista y el colectivo LGTBIQ+ fueron artífices del triunfo pero se muestran alerta por su aplicación y contenido.
El Jardín de la República ha sido uno de los escenarios de mayor resistencia a los avances legislativos que buscan achicar las brechas de género en la Argentina. Aún aquellos que se ajustan a los estándares internacionales de derechos humanos y que gozan de vigencia hace décadas en la Nación, son negados o acotados en la provincia.
Hace 18 años, que falta en Tucumán la adhesión a la ley de salud sexual y procreación responsable. La provincia no cuenta con cupo laboral trans, ni paridad para cargos públicos. Es una lotería la aplicación del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), aunque sea sólo una guía de buenas prácticas para la gocé de un derecho vigente hace un siglo. La Educación Sexual Integral (ESI) no se aplica en todas las escuelas, ni de forma transversal en toda la currícula.
En relación a la violencia hacia las mujeres y las disidencias, si bien se cuenta con la adhesión a la ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres y la declaración de Emergencia Provincial, para su aplicación no tienen suficiente presupuesto. Son limitadas las capacitaciones y no existen las campañas masivas de sensibilización sobre este flagelo social. No se construyeron los refugios provinciales. Las licencias en la administración pública por violencias machistas no se reconocen. No hay protocolos de actuación eficientes ante casos de abuso o acoso. Además, los mecanismos dependientes del Poder Ejecutivo provincial para la atención y contención de las víctimas, en su mayoría, son atendidos por profesionales y trabajadoras precarizadas.
Hay muchos antecedentes de fallas u obstrucciones de los derechos de mujeres, niñas y disidencias por parte de los distintos poderes tucumanos. Belén, Maria Magdalena, Celeste y Lucía, como ejemplo de los innumerables casos de vulneración de derechos.
Por todo esto, no es sorpresivo que la provincia haya sido la última en incorporar a su legislación la norma que lleva el nombre de Micaela García, la joven militante del Movimiento Evita, que fue víctima de femicidio en 2016. En medio de posiciones cruzadas, idas y vueltas, resistencias eclesiásticas, declaraciones negacionistas se transitó un largo camino de esta normativa hasta recinto de la Legislatura.
Los primeros pasos
Después de que el Congreso aprobó la Ley Micaela en 2018, y que fue promulgada en enero del año siguiente, entraron los primeros proyectos de adhesión la Cámara tucumana. De esta manera, en la anterior conformación de la Legislatura provincial ya hubo intentos de legisladores oficialistas y opositores por avanzar con la iniciativa que tenía dictamen de comisión, e incluso había llegado a ser incluida en labor parlamentaria para su tratamiento. Pero el 8 agosto de 2019, fue retirada de la sesión por las autoridades de la Cámara frente a supuestas presiones de fundamentalismos religiosos.
El proyecto de adhesión a la Ley Micaela obtuvo un nuevo dictamen de mayoría de la Comisión Protección de los Derechos de la Mujer, que encabeza la peronista Marta Najar, en febrero de este año. Pero tomó fuerza en medio de la pandemia cuando llegaron los reclamos del movimiento de mujeres y LGBTIQ+ por el aumento de las denuncias de violencia de género, y la visibilización de los femicidios ocurridos durante la cuarentena Además,fue tomada como objeto en la abierta disputa entre gobernador Juan Manzur y su vice Osvaldo Jaldo.
Desde el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres – CLADEM, Adriana Guerrero recuerda que “desde su promulgación, en enero de 2019, constituye una de las exigencias del movimiento feminista. La aplicación de la La ley Micaela representa la garantía del Estado del cumplimiento de leyes pre existentes como la 26.485 o la 26.743, incluso la CEDAW con rango constitucional. El cumplimiento de la ley no es opcional. Conocerla tampoco. Tucumán esté en permanente riesgo de incumplir leyes y tratados internacionales y sufrir las consecuentes sanciones”.
Si nos detenemos en las estadísticas de la provincia se denota las fallas de los servidores públicos en el abordaje de las problemáticas de género. Desde comenzó el año hubo diez femicidios. En cinco de estos casos las víctimas o familiares ya habían realizados denuncias previas. En 2017 hubo 4.231 embarazos de adolescentes entre 15 y 19 años, casi en su totalidad señalados como no intencionales. Durante el aislamiento social aumentaron en un 60 por ciento las denuncias por violencias machistas. Legando a ser la segunda jurisdicción con más femicidios en el mes de abril.
Jugarretas y respuestas
Dos días antes de la sesión del 30 de abril, el Poder Ejecutivo puso en vigencia la Ley de Emergencia en Violencia de Género, que había sido aprobada por la Cámara 500 días atrás. Publicaron en el Boletín Oficial esa norma provincial anticipándose a un preparado reproche legislativo por el largo retraso. Esto indignó a legisladores del oficialismo y de la oposición. En medio de esas tensiones, el jefe del bloque Justicialista por Tucumán, Roque Tobías Álvarez, planteó que el proyecto de adhesión a la Ley Micaela sería tratado. Así se plasmó en esa última sesión. Por mayoría se comprometieron a darle prioridad al tratamiento a la ley nacional Micaela.
Después de este pequeño avance, el vicegobernador, Osvaldo Jaldo anunció en la prensa que la Legislatura tucumana iba a tratar la normativa. Pero aclaró que buscaría consensuar con los diferentes espacios políticos, entre ellos con Fuerza Republicana el partido fundado por el condenado genocida Antonio Bussi, reconocido por sus postura antiderechos. Esto despertó la alerta a quienes luchan por la defensa de las mujeres y disidencias, ya que sólo la adhesión lisa y llana de la Provincia a la norma nacional era considerada como garantía de cumplimiento.
A partir de ahí llegó el turno la reacción de sectores conservadores. La legisladora bussista Nadima Pecci presentó un proyecto de ley que se oponía a la adhesión. En la fundamentación de este se refería al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación como una “gestapo ideológica” y buscaba debilitar el carácter obligatorio de la capacitación. En el mismo sentido, su compañero de fuerza política, Ricardo Bussi, por su parte hizo declaraciones públicas que resonaron a nivel nacional. “No conozco asesinatos por su condición de mujer. Conozco hombres que han asesinado mujeres por celos, envidia, drogas… Por el hecho de ser mujer, no conozco ninguno”, Bussi en una entrevista en Futurock. El radical Raúl Albarracín a su vez dijo que “la Ley Micaela busca el enfrentamiento o la dialéctica entre el varón y la mujer, cuando debemos buscar la protección de la mujer, y no este odio entre varón y mujer”.
Los repudios fueron inmediatos. Hasta la familia de la joven entrerriana que motivó la norma publicaron una carta. Convocadas por Ni Una Menos Tucumán, Mumalá, Multisectorial de mujeres y Mujeres por Mujeres, centenares de las organizaciones feministas, el movimiento de mujeres, colectivos de LGBTIQ+ y organismos de derechos humanos, presentaron sus reclamos en la Legislatura para exigir que no haya modificaciones en el objeto de la Ley Micaela, ni demoras en su tratamiento. Las redes feministas que se ponen en marcha como en cada reclamo que recorre el territorio argentino posicionaron, con dos tuitazos, el tema como tendencia. También funcionaries y parlamentaries nacionales, que responden a la conducción del Gobierno Nacional, se expresaron para que Tucumán reconozca a Ley Micaela. “No hay tiempo, lugar ni espacio para no cumplir con esta obligación”, escribió en Twitter Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
En las puertas del edificio legislativo Yanina Muñoz de Mumala Tucumán, a punto de entregar las firmas, remarcaba que “capacitar a quienes integran el Estado es el primer paso, y uno fundamental, ya que en la mayoría de los casos quien ha pasado a una situación de violencia y toma una decisión, sea por una consulta o denuncia, lo hace en alguna institución pública, este primer contacto es fundamental para el proceso de superación de la situación de violencia, y es donde no puede fallar”.
La riña de la dupla gobernante siguió. Se expresó a través de integrantes de sus tropas firmaron proyectos de leyes provinciales que limitaban las competencia de la norma y agregaba una “cláusula de conciencia”. Estos obstáculos surgieron de la mano del radical Raúl Albarracín que presentó un proyecto que incorpora la objeción de conciencia y establece que las capacitaciones las pueden dar entidades privadas y elimina de la tipología de violencias a el ámbito de la salud. El proyecto fue acompañado por firmas oficialistas de Regino Amado (ex ministro de Gobierno y Justicia de Manzur), Daniel Deiana y Sandra Mendoza. Que luego decidieron bajarse ante las órdenes de los jefes del peronismo tucumano.
”En Tucumán la violencia de género sigue siendo moneda corriente y sigue siendo ignorada y naturalizada. Yo creo que para las personas que se nieguen a ser capacitadas con la ley micaela, la ciudadanía debemos exigir su renuncia. No podemos seguir viviendo en una provincia donde una cruz nos marque el rumbo. No podemos seguir escondiendo detrás de esa cruz todos los crímenes que venimos padeciendo a lo largo de la historia. A pesar de todos los avances que venimos teniendo en cuanto a ampliación de derechos a nivel nacional, aquí no llegan o se impiden” para Claudinna Rukone, coordinadora de la agrupación L.O.T.O. Está adhesión constituye “una oportunidad para beneficiar no sólo a las mujeres en general, sino también a toda la población”.
“La capacitación puede tener diferente grados de éxito, dependiendo de qué tipo de capacitación se brinda y se debe seguir repensando en todo el país. Lo más importante es el mensaje político que representa, sobre que ciertas prácticas ya no se toleran. Todes sabemos que mujeres, comunidad LGTBiQ, y en especial las mujeres trans sufren múltiples discriminaciones y maltratos en los estamentos del Estado. Lo cual hace que se alejen y no puedan acceder a derechos básicos” remarcó Bruno Bazan, Licenciado en Filosofía y docente de Bioética
Después de llamadas telefónicas y las reuniones, el gobernador tucumano salió a dejar clara su postura. “Somos conscientes de la grave situación de violencia e inequidad de género que se vive en toda la Argentina, y que se ha acrecentado en estos tiempos inéditos que nos atraviesan. Como gobernador quiero expresar todo mi apoyo para que Tucumán adhiere a la Ley Micaela” comunicó a través de twitter. Frente a las críticas feministas, el mensaje de Manzur para alinear a su fuerza política, Jaldo, a través de una videoconferencia con el padre de Micaela García, Nestor Yuyo García, se comprometió adherir a la norma. Sin embargo, remarcó que tendría innovaciones provinciales.
El martes 19 de mayo, llegó la unidad del bloque del Frente Justicialista de Tucumán, bajo el formato de proyecto de adhesión que diversifica el órgano de aplicación y control en cada Poder de Estado. Con 35 firmas de oficialistas y opositores/as llegó al recinto. El texto de la oposición quedó conformado por una mezcla entre el presentado por el bussismo y radical Albarracín, con un dictamen de minoría.
Tras un álgido debate, llegó la sanción de la adhesión de la Ley Micaela resultó con votos divididos. Con 39 votos, quedó aprobado el proyecto de mayoría que deja en manos de los titulares del Ejecutivo, Judicial y Legislativo adoptar las medidas pertinentes para la formación en materia de género y violencias de género en sus esferas.
“Este será un camino que se tiene que empezar a andar y que no es de solo un día. Se trata de a una formación permanente. Además la norma marca que se debe tener en cuenta al momento de evaluar al personal estatal, por ejemplo, para un ascenso, para la asignación de jueces, etc,” explicó Marieta Urueña Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Argentina (SITRAJU).
El colectivo Ni Una Menos Tucumán evaluó la sanción de esta ley como un logro del movimiento feminista, las organizaciones de mujeres y el colectivo LGBTIQ+, y exigen para las capacitaciones personas con perspectiva de género, conocimiento de las problemáticas de violencia, géneros y diversidad y que no sean precarizadas.
La batalla social y política para su implementación no cesará. Tras la promulgación del Poder Ejecutivo, quedarán pendientes las reglamentaciones, el control de los contenidos y las partidas presupuestarias.
Nota publicada en APA Prensa
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