Con motivo del Día Internacional contra el Trabajo Infantil desde la organización Desarrollo y Autogestión, ponen el tema en agenda pública para hablar sobre esta vulneración a los derechos de las niñeces.
“Desde DyA entendemos que se trata de una problemática multicausal por lo cual reforzamos las acciones en la prevención, destacamos las buenas prácticas y marcamos las intervenciones que faltan en los diferentes sectores de la sociedad”, señalaron desde la organización.
Desde el 2017 no existen estadísticas específicas sobre trabajo infantil en Argentina. La última encuesta EANNA de ese año afirmaba que el 10% de los niños/as entre 5 y 15 años, trabajaba. Si bien la información carece de actualidad, las cifras de pobreza (una de las principales causas de cultivo del trabajo infantil) indican que se trata de un problema en aumento. En nuestro país más de la mitad de niños/as son pobres: 7,2 millones de NNyA viven en situación de pobreza monetaria; poco más de dos millones en pobreza extrema y 5,7 millones (el 48%) está privado de alguno de sus derechos básicos (protección social, vivienda adecuada, educación, saneamiento básico, agua segura), de acuerdo al último informe de Unicef “La pobreza en NNyA en la Argentina Reciente”, febrero 2022.
En el mundo y en la Argentina, los y las adolescentes son los más afectados por esta problemática. Además, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del 4°trimestre 2022, indica que sólo en aglomerados urbanos, de los adolescentes de entre 16 y 17 años (886.881) el 5,9% están ocupados (51.935) y el 0,4% buscando trabajo (3.656). Del total de adolescentes ocupados el 64,1% asiste a la escuela y el 35,9% no lo hace.
Desde Desarrollo y Autogestión (DyA), ONG latinoamericana especializada en prevención y erradicación del trabajo infantil en agroindustria, minería y basurales, viene trabajando en la protección de niños, niñas y adolescentes para revertir esta problemática. Es por esto que DyA hace ya 4 años implementa en Argentina el proyecto “PAR” (Producción Agrícola Responsable) en Tucumán, Entre Ríos y Misiones. Promueve sistemas territoriales y sectoriales de prevención y erradicación del trabajo infantil en las cadenas productivas de arándano, limón y yerba mate. Diseña junto a trabajadores, empresarios y funcionarios gubernamentales herramientas concretas para el monitoreo, la prevención y la atención ante posibles casos de Trabajo Infantil y Adolescente No Protegido.
En Tucumán, DYA junto al ABC (Comité Argentino de Arándanos) desarrolló un Sistema de Cumplimiento Social certificado por IRAM. Se trata de un conjunto de procedimientos que activan las empresas para garantizar procesos cuidados en su cadena productiva, desde el transporte, pasando por la cosecha hasta el empaque del producto final.
Tiene tres ejes: a) la prevención, centrada en campañas de sensibilización, capacitación a trabajadores sobre la normativa y la implementación de servicios educativos para niños y adolescentes en coordinación con la Secretaría de Empleo, el Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán, los gobiernos locales, RENATRE y el Programa Buena Cosecha del Ministerio de Trabajo de Nación; b) el monitoreo a través del uso de una app para controlar que no entren niños, niñas o adolescentes en los campos, y c) la atención que activa los protocolos necesarios con los organismos provinciales ante posibles casos de TI.
Dentro del componente de prevención las empresas que lo adoptan se comprometen a promover Centros de Cuidados Infantiles para la primera infancia y Puntos Jóvenes, que promueven apoyo escolar y formación digital a hijos e hijas de cosecheros. En lo que va del proyecto ya 11 empresas que representan el 60% de la producción de arándanos, han obtenido su certificación. Se asistió a más de 500 familias con la apertura de 1 Punto Joven (Santa Lucía) y 5 CIC (Centro de Cuidado Infantil) en Sargento Moya, Santa Lucía, Rumi Punco, León Rougés y Tte. Berdina (Tucumán). Estas iniciativas han sido reconocidas por UNICEF, CAME y la Red de Empresas contra el Trabajo Infantil.
Trabajo adolescente Protegido una materia pendiente
El trabajo infantil está penado (Ley 26.390) y el trabajo adolescente protegido (16 y 17 años) está permitido siempre y cuando se garanticen determinadas condiciones (no más de 36 horas semanales, no en actividades peligrosas, sin afectar la asistencia escolar ni la salud y con permiso de sus padres). En la actual contienda electoral signada por la inflación, la inseguridad, los altos niveles de pobreza y de precariedad laboral, el trabajo adolescente continúa siendo una problemática históricamente invisibilizada, por su naturaleza multicausal y su compleja resolución.
Si bien la ley existe, ésta no se ha traducido en políticas efectivas de protección para los niños, niñas y adolescentes de las zonas rurales y los barrios marginales donde hay mayor incidencia. El Plan Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil no ha sido actualizado como tampoco el listado de actividades peligrosas que los adolescentes no pueden realizar. Esto dificulta no sólo el control del sistema de inspecciones, que no cuenta con parámetros claros, sino también la vinculación de los adolescentes a trabajos permitidos, dejándolos aún más desprotegidos.
“La realidad es que muchos adolescentes trabajan, y de manera desprotegida, lo cual es un riesgo para su salud, educación y desarrollo. Son chicos y chicas que ya corren con desventajas y que probablemente sean futuros adultos con trabajos precarios”, afirma Maró Guerrero, directora de DYA Argentina.
“La acción conjunta entre sector público y privado es el único camino para solucionar esta problemática y evitar que la creciente inflación y la pobreza empuje a más NNyA al mercado laboral, a una temprana edad. Ahora más que nunca debemos tender puentes, fortalecerlos, con medidas concretas para acercar servicios comunitarios educativos y de cuidado para que nuestros chicos tengan mejores oportunidades” concluyó Guerrero.
