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Por Milagro Mariona
Un médico y director del Centro de Asistencia Primaria de Salud de Colalao del Valle se enfrentará a un juicio por abuso sexual. Fue denunciado penalmente por cuatro víctimas, una de ellas menor de edad, que sufrieron diferentes ataques en el consultorio cuando fueron a ser atendidas.
Esta historia cuenta cómo una joven logró desbaratar 20 años de abuso de poder contra una de las personas más poderosas del pueblo que sistemáticamente abuso de su poder, utilizando un consultorio del estado para perpetrar los delitos por los que será juzgado.
Los hechos
“Teníamos miedo de entrar a su consultorio. No queríamos ir solas”, comienza relatando A., una de las cuatro jóvenes que se animaron a denunciar a Eugenio Heliodoro Guantay.
Durante 15 años Guantay fue director del único CAPS de Colalao del Valle, una pequeña localidad que se encuentra entre el límite de Tucumán y Salta, a 181 km de la capital tucumana. Era, además, el único médico generalista que atendía a los 1.800 habitantes de la comuna. Una persona respetada y adinerada que ocupaba uno de los lugares de mayor poder: el del saber científico.
Era jueves a la noche cuando A. tuvo que ir al consultorio de Guantay a retirar una receta para su tratamiento de sinusitis crónica. Desde hacía varios años que las adolescentes y las jóvenes evitaban ir solas a las consultas. Rumores corrían acerca de situaciones incómodas, toqueteos innecesarios y manoseos que sucedían cuando la puerta se cerraba.
Pero él era el único médico en todo el pueblo.
“Mí mamá le mandó un mensaje avisándole que tenía que pasar”. No hacía falta que la revise, sólo necesitaba retirar la receta médica. “Era la primera vez que iba sola al CAPS porque la forma en que este hombre me miraba y me saludaba me generaba rechazo. Siempre se acercaba a mí de manera invasiva pese a que yo no le generé nunca un gesto de confianza. Al acercarse me saludaba y me dejaba saliva en la mejilla, por eso siempre que tenía que ingresar al consultorio iba acompañada. Esa noche tuve que ir sola porque me sentía mal y mi mamá estaba terminando sus estudios secundarios en el Pichao”.
Pero eso no sucedió. Esa noche, Guantay la hizo pasar al consultorio. Se acercó, le besó la mejilla. Con un brazo le sujetó el torso, dejándola inmovilizada. Con su otra mano comenzó a tocarle la cola. A. se quedó paralizada y el miedo le invadió el cuerpo. Asustada, logró empujarlo y liberarse. Salió del consultorio y se dirigió a enfermeria para pedir ayuda.
Le contó a la enfermera lo que había pasado, y juntas fueron a encararlo. Él negó todo. “Usted me besó y me manoseo la cola, yo no podía moverme porque me tenia abrazada”, decía A. mientras entraba en una crisis nerviosa. Èl la trataba de mentirosa, se justificaba diciendo que quizas la habría rozado por tener “las manos tan grandes”. En el libro del CAPS quedó asentada toda la situación. La enfermera llamó a la mamá de A. para que vaya a buscarla.
Llegó a los 20 min. Guantay la llevó a la sala de pediatría para negarle todo lo que había pasado y suplicarle que no hagan la denuncia. Hasta llegó a amenazarla con que eso iba a perjudicar su trabajo y que todo el pueblo iba a hablar mal de ella y de su hija. Y volvió a repetir que probablemente había mal interpretado por que tenía la mano pesada.
A. estaba convencida de hacer la denuncia. Su mamá la entendió, la acompañó hasta la comisaría a donde no encontraron a nadie. Ningún policía que les pueda tomar la denuncia.
La noche en Colalao es espesa. La oscuridad borra las montañas que durante el día coronan el valle. En esa inmensidad silenciosa se encontraba A. y su mamá cuando el médico las sorprendió en el destacamento policial. Sin nadie a su alrededor, les rogó que no realicen la denuncia, se disculpó, hizo promesas, le pidió que piense en su familia. Todo eso quedó registrado en el celular de A. que filmó la escena. Ese video fue presentado como material probatorio en donde queda registrada nítidamente la voz del imputado, reconocida por gran parte del pueblo que se solidarizó con la víctima.
Ante las presiones e insistencias de Guantay, A. decide no realizar la denuncia, pero estaba convencida en buscar la forma de que lo que le había pasado se haga público para que las chicas tengan cuidado, para que todo el pueblo sepa.
A llegó a su casa y se encerró en su habitación. Atragantada en lágrimas escribió lo que le había pasado y a las 23.30 lo publicó en su Facebook y se durmió.
Lo que sucedería la mañana siguiente cambiaría la vida del pueblo para siempre.
El efecto ebullición fue inmediato. “A mi me pasó lo mismo”, “nunca iba sola porque sabía que tocaba a las chicas”, “a mi me tocó cuando era menor de edad”, “estaba con mi hermana en el consultorio e hizo que lo toque yo a él”, “me pasó cuando iba a la escuela, era muy chica, y a varias compañeras”. Los relatos eran interminables. Algunos se remontaban hasta 20 años atrás y todos eran similares. En el espacio de consulta, se aprovechaba de las mujeres jóvenes vulnerables, algunas menores de edad, algunas que no tenían padre, y así seguía la lista.
El apoyo
“El pueblo tiene que dejar de mirar para otro lado”, sentenciaba un mensaje en un grupo de WhatsApp de los vecinos y vecinas del pueblo. Bajo el hashtag #YodigoBasta y de manera espontánea el pueblo se movilizó en la puerta del CAPS logrando que ese mismo día Guantay sea traslado por el SIPROSA a otra repartición.
Esto sucedió el 26 de octubre de 2018.
La denuncia
A. supo que tenía que denunciar, que nada aseguraba que el médico no volviera a estar frente a otras mujeres y que siguiera actuando impunemente, haciendo abuso de su poder como médico. Y allí comenzó el proceso más difícil.
“Fui un puente para que otras se animen a denunciar”, reconoce A., quien hoy se encuentra fortalecida. Tiene sus días buenos y sus días malos, hay veces que no puede salir de la cama por que tomar la palabra y animarse a denunciar aún hoy tiene consecuencias negativas para las mujeres. Mientras crece en la sociedad el consenso en creer en las palabras de las víctimas, tantas veces instalado bajo la frase “hermana yo te creo”, otros sectores conservadores insisten en poner en duda sus testimonios. En ningún otro delito se cuestiona a la víctima.
La Justicia
La fiscalía más cercana a Colalao está en Monteros, a 145 Kilómetros, tres horas en colectivo. Hasta allí debió trasladarse A. para ratificar la denuncia. El pueblo no cuenta con una oficina que pueda orientar o contener a las víctimas de violencia de género. Generalmente deben viajar hasta Amaicha del Valle, a 32 kilómetros para encontrar asistencia. La mayoría no realiza denuncias, o si las realiza nunca llegan a ser ratificadas.
En el caso de Guantay, el miedo de muchas mujeres a denunciar era enfrentarse a una persona poderosa y con dinero. Ninguna de las víctimas tenía la posibilidad económica de poder acceder a un abogado o abogada que la defendiera.
Fue gracias a una vecina del pueblo, trabajadora social, que tiene un emprendimiento productivo que lograron contactar a una abogada que hasta el día de hoy lleva adelante la causa de manera silenciosa y comprometida, Jimena Gómez Roselló.
“Los médicos son los encargados de recomponer la salud. No solo abusó de su poder y de la confianza que las jóvenes depositaban en él como efector de salud, sino que además funcionó como barrera de acceso a la atención sanitaria. ¿Cuántas chicas dejaron de asistir al CAPS tras haber vivido una situación de abuso por parte de Guantay?”, sostuvo la abogada.
“Estamos frente a un caso de violencia de género e institucional, ya que un agente del estado, en cumplimiento de sus funciones, violenta a un sector específico de la comunidad: mujeres adolescentes o jóvenes, en condiciones vulnerables. La situación se agrava si tenemos en cuenta las asimetrías de poder de las partes. Por un lado un hombre adulto, universitario, médico y director, con un sueldo importante. Por el otro adolescentes mujeres, algunas sin secundario completo, ninguna con estudios superiores, en calidad de pacientes y enfermas, todas en situaciones económicas muy desfavorables: no tendrían recursos para enfrentarlo. Sin embargo A. se sale de esta ecuación, sostenida por un contexto político y feminista que envía un mensaje de credibilidad y apoyo a las víctimas”, expresó Gómez Roselló.
“Como querella sostenemos que se trata de un caso de abuso sexual agravado por ser el acusado agente del Estado y estar en cumplimiento de sus funciones. La impunidad con la que se manejaba el imputado son muy graves, dañando silenciosamente el tejido social de la comunidad de Colalao del Valle, y en particular a las jóvenes, de manera alarmante”.
Actualmente, la causa se encuentra en la Cámara Penal, Sala II, a cargo del Fiscal Dr. Marranzino, con pedido de elevación a juicio por parte de la fiscalía III de Monteros a cargo de la Dra. Eugenia Posse.
También se encuentra asentada formalmente la denuncia en el Siprosa, dónde se abrió un sumario administrativo para investigar su desempeño laboral. En ese expediente declararon otras chicas de la comunidad en el mismo sentido que las denunciantes.
Sin embargo, el organismo estatal, a más de un año de los hechos no le aplicó ningún tipo de sanción al Guantay, cuya matrícula profesional n° 4818 se encuentra vigente, adoptando una actitud rotundamente pasiva ante la problemática y derechos vulnerados a estas jóvenes.
Reparación y Consecuencias
La migración de las víctimas de abusos sexuales sigue siendo una consecuencia para aquellas que se animan a denunciar, sobre todo en un pueblo pequeño o una provincia del interior.
Guantay tuvo que irse del pueblo, pero sigue trabajando en el organismo estatal. En otra localidad, sin atender a pacientes pero bajo la misma designación de director, esperando que la Justicia fije fecha para el juicio.
A. también tuvo que irse. Cada verano que regresa lo pasa en su habitación, aquella en la que se refugió para escribir la denuncia que cambiaría su vida para siempre. A pesar del apoyo logrado, una gran parte de la sociedad siguió cuestionandola.
Desde un comienzo, la mirada de la querella fue tener una perspectiva integral del conflicto. “No estamos solamente acusando en un proceso penal a una persona, estamos también evidenciando el rol del Estado frente a esta violación de derechos. De esta manera advertimos que no se trata únicamente de agresiones sexuales aisladas, sino que da muestras de que en la comunidad no existe ningún tipo de contención para las víctimas de violencia de género y que el derecho de acceso a la justicia es completamente desconocido por las víctimas e ignorado por el Poder Ejecutivo provincial, municipal y comunal”, sostuvo Gómez Roselló.
“En este sentido, como abogada siempre trate de coordinar con otros actores institucionales, en particular con Oficina de Derechos Humanos de la Corte Suprema, a cargo de Lourdes Bascary, quien puso a disposición un equipo interdisciplinario de profesionales para acercarse tanto a las víctimas como al proceso judicial”, explicó.
En ese marco, la primer semana de febrero, a partir de la acordada 34/20 emitida por la Corte Suprema de Justicia, sucedió un hecho histórico para Colalao del Valle. La oficina de Atención a Víctimas de Delito de la Corte Suprema de Justicia arribó al pueblo para hablar con las cuatro denunciantes de Guantay. Una psicóloga, una médica y un abogado, en conjunto con la querella, se reunieron para escuchar sus relatos y saber que implicaría para ellas una resolución reparadora.
“No quiero que le pase a ninguna otra chica”, manifiesta A. Pero va más profundo. Reconoce que lo que sucedió en Colalao durante tanto tiempo es porque no tenían las herramientas para abordar una situación de abuso sexual donde la asimetría de poder es tan grande. “Nunca nos dieron educación sexual, nunca hablaron de estos temas ni siquiera en la escuela. Si yo me animé a hablar es porque mi mamá siempre habló y me explicó lo que estaba bien y lo que no. Tiene que haber charlas y clases en el pueblo, el abuso se naturalizó y eso no está bien”.
“Quiero que todas las chicas sepan que tienen que denunciar, tienen que hablar. Por más pobres que sean, van a tener ayuda. Nunca se queden calladas, aunque sea un manoseo, que te toquen la cola, siempre tienen que hablar”, dice A.
“Queremos que la sentencia sea ejemplificadora como mensaje para la comunidad y reparadora para las cuatro denunciantes en particular. Apelamos a una mirada integral de la justicia tucumana, como fue tratado por ejemplo el caso Lucia. Teniendo en cuenta la transformación cultural y política que venimos atravesando los últimos años, la implementación de la Ley Micaela, por ejemplo, parece insostenible que la justicia hoy resuelva un caso de estas características sin una mirada integral del conflicto, con perspectiva de género y con una respuesta entorno a la serie de los derechos vulnerados a las víctimas”, finalizó la abogada.
El mismo día que comenzaba a ser escrita está crónica, condenaban a 18 años de prisión al abuelastro de Lucía, una niña de 11 años cuyo caso traspasaría las fronteras nacionales, por haber abusado sexualmente de ella. Esa misma semana, un juez ordenaba que comience una investigación por la denuncia penal contra José Alperovich, tres veces gobernador y actual senador nacional.
Un atisbo de esperanza se cuela por el entramado de impunidad que mantuvo durante siglos en silencio a las víctimas de abusos sexuales. Hoy ya no callan por ellas y por las que vienen, para que cada vez más mujeres tengan la posibilidad de vivir una vida libre de violencias.
