Los cinco pedidos de juicio político contra fiscales que actuaron en diferentes denuncias que realizó Paola Tacacho contra Mauricio Parada Parejas, fueron rechazados esta mañana por la Comisión de Juicio Político de Legislatura de Tucumán.
La familia de Paola junto a organizaciones sociales habían realizado cinco pedidos de destitución contra los fiscales Adriana Reinoso Cuello, Mariana Rivadeneira, Diego López Avila, Ignacio López Bustos y Claudio Bonari el 24 de febrero de este año, acusados de incumplimiento de los deberes inherentes a sus cargos y desobedeciendo las normativas internacionales para proteger y erradicar la violencia de género.
En todos los casos estos fiscales tuvieron en sus manos distintas causas iniciadas por Paola entre 2015 y 2020. El 30 de octubre de ese año, la joven profesora de inglés fue asesinada en la calle por Parada Parejas , quien la acosó y hostigó durante cinco años.
La comisión presidida por Raúl Ferrazzano está conformada por los oficialistas Sergio Mansilla, Zacarías Khoder, Gonzalo Monteros, Enrique Bethencourt, Norma Reyes Elías, Adriana Najar, Graciela Gutiérrez, Tulio Caponio y Carlos Gómez; y por los opositores Mario Casali (FR) y Raúl Pellegrini (PJS).
En declaraciones a la prensa, Ferrazzano sostuvo que con “el análisis que realizó la Comisión llegaron a la conclusión de que la actuación de los fiscales se efectuaron dentro de las facultades legales y dentro de las competencias jurisdiccionales en apego a las normas procesales”.
Además, señaló que la comisión de ciñe a “analizar si las conductas de los fiscales encuadraban en alguna de las causales taxativamente descritas por el texto de la ley”.
En noviembre de 2020, la familia Tacacho logró la destitución del juez Francisco Pisa, hallado responsable de incumplir con los deberes a su cargo por vulnerar el derecho a tutela judicial efectiva, por no observar las condiciones de vulnerabilidad de Tacacho y por no abordar con perspectiva de género el tratamiento de la causa.
Desde La Nota, realizamos una linea del tiempo, con el aporte de la abogada Valeria Madrazzo y su equipo, y la familia Tacacho, en la búsqueda de reconstruir todas las puertas que el Estado tucumano, a través del Poder Judicial, le cerró a Paola durante 5 cinco años. La familia Tacacho sostiene que los fiscales intervinientes actuaron de manera negligente, incumpliendo con los deberes inherentes a su cargos, y por ello deben ser sometidos a juicio político.
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