Los sacerdotes mendocinos Horacio Corbacho y Nicola Corradi fueron hallados responsables de “abusos sexuales agravados con y sin acceso carnal y corrupción de menores” a niños eran sordos e hipoacúsicos. .“La Iglesia sigue ocultando pruebas de otros casos” señaló uno de los abogados de las víctimas.
La justicia de Mendoza logró una condena sin precedentes para curas abusadores en la Argentina, es así que los eclesiásticos Horacio Corbacho (59 años) y Nicola Corradi (83) obtuvieron una pena de 45 y 42 años de prisión, respectivamente, por haber abusado sexualmente a niños y adolescentes sordos e hipoacúsicos en centros educativos gestionados por el Instituto Antonio Próvolo.
Otro involucrado fue el jardinero Armando Gómez, de 49 años, fue condenado a 18 años de prisión.
El juicio se desarrolló durante 49 jornadas y los delitos contra la integridad sexual se perpetraron a menores de edad hipoacúsicos entre los años 2007 y 2016, mientras eran pupilos en el colegio conocido como “La Casita de Dios”.
Tras la lectura del fallo los familiares y víctimas estallaron en abrazos. “Es la mayor condena por abusos del país”, confirmó ayer Carlos Lombardi, representante legal de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico al diario La Nación.
La complicidad de la Iglesia
El agravante que presenta esta causa es que la orden que dirigía este instituto es la misma orden religiosa que tiene sede en Verona, Italia, donde entre 1950 y 1984 se registraron las primeras denuncias de abusos. Entre los acusados estaba Corradi, quien fue enviado por la Iglesia Católica a la Argentina.
En cuanto a la Iglesia Católica Argentina no se ha pronunciado sobre este fallo. Las organizaciones defensoras de víctimas de abusos se preguntan por qué el Papa no removió a Corradi como autoridad del Próvolo de Mendoza cuando conoció las denuncias en su contra en Italia.
La activista Anne Barrett Doyle, cofundadora de Bishop Accountability señaló directamente a Francisco. “La corte argentina ha dado a los niños traumatizados del Próvolo una medida de justicia que la Iglesia católica no les dio. El papa también debe aceptar la responsabilidad por el sufrimiento inimaginable de estos niños…. Ignoraba las repetidas advertencias de que Corradi estaba en Argentina” dijo en diálogo con la Agencia AP.
En tanto, Sergio Salina, abogado acusador y vicepresidente de la organización Xumek, apuntó también contra la entidad religiosa.“La Iglesia sigue ocultando pruebas, no contesta a los pedidos de información que hace la Fiscalía para ocuparse de otros victimarios. Hay víctimas que no son éstas que no pueden ir a juicio por ello. Tenemos el sabor amargo de que va a haber impunidad en algunos casos”.
Hay por lo menos 63 curas o religiosos denunciados en los últimos 20 años. Entre ellos, 20 tuvieron condenas (contando a Corbacho y Corradi). Otros 19 están atravesando actualmente procesos, como la monja Kumiko Kosaka, acusada de ser partícipe necesaria en los abusos del Próvolo, que espera su juicio en prisión domiciliaria. El resto de los casos no se han judicializado.
El Estado argentino sostiene el culto católico
En 2018, el Estado argentino gastó $130 millones en el sostenimiento de la Iglesia Católica para el pago de una asignación a obispos e infraestructura de parroquias de frontera, entre otras cuestiones. La cifra se mantiene prácticamente sin modificaciones desde 2016.
Además el Estado destina 1.850.000.000 para actividades pastorales y sociales. La inversión del Estado es del 7%.
No se conocen condenas tan extensas por abusos sexuales cometidos por integrantes del clero como los del Provólo, lo que presenta una oportunidad para poder visibilizar otros casos en Argentina como los de Orán (Salta) y desbaratar la complicidad de la Iglesia Católica. Una lucha que no sólo tiene asidero en nuestro país sino que vincula a miles de casos alrededor del mundo y que sólo recibe repudios discursivos por parte de Institución Católica pero no políticas que erradiquen a los violadores de sus filas.
