Un informe confirma las denuncias de la familia de Berta Cáceres sobre su asesinato.
El asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, en marzo de 2016, fue ordenado por ejecutivos de la empresa hondureña DESA, responsable de la hidroeléctrica Agua Zarca, al que ella se oponía, en alianza con fuerzas de seguridad del Estado, alertó hoy un informe internacional.
El crimen de Cáceres “fue producto de un plan estructurado por altos directivos de DESA (Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima), quienes involucraron a empleados de la empresa en acciones de seguimiento y vigilancia” de la ambientalista y miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), destaca el informe.
El documento titulado “Represa de Violencia: El plan que asesinó a Berta Cáceres” fue presentado este martes en Tegucigalpa por el Grupo Internacional de Personas Expertas (GAIPE), creado en noviembre de 2016 para apoyar la investigación del crimen de Cáceres, en un evento al que asistieron Berta Flores, madre de la líder indígena, y tres de sus cuatro hijos: Berta, Laura y Olivia Zúñiga.
Los empleados de DESA actuaron en “alianza con fuerzas de seguridad del Estado y estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado (de Honduras)“, destaca.
El informe de GAIPE señala que “la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato” de Cáceres, quien era coordinadora general del Copinh, inició en noviembre de 2015″, coincidiendo con “movilizaciones de las comunidades indígenas y del COPINH en oposición al proyecto Agua Zarca”.
La estrategia general de la hidroeléctrica tenía por objeto “controlar, neutralizar, y eliminar cualquier oposición”. Estas acciones incluyeron: “la instrumentalización de las comunidades para generar ruptura del tejido social; campañas de desprestigio, infiltración, seguimiento, amenazas, sicariato y sabotaje del equipo de comunicaciones del COPINH; cooptación de operadores de justicia y fuerzas de seguridad; y fortalecimiento de estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado”, sostiene el mencionado informe.
Destaca que un alto directivo de DESA, al que no identifica, contactó en noviembre de 2015 al teniente retirado Douglas Geovanny Bustillo, uno de los ocho detenidos por el crimen, para “la ejecución del ataque” contra Cáceres.
El asesinato ocurrió el 3 de marzo de 2016 en su casa en la ciudad de La Esperanza (oeste) y el único testigo de su muerte es el ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien ese día era su huésped y resultó herido de bala, no de gravedad, en una oreja.
El operativo para asesinar a la activista fue “ejecutado no solamente por encargo de altos directivos de DESA, sino por información privilegiada proporcionada por empleados de dicha empresa“, señala GAIPE, un grupo integrado por dos abogados de Colombia, uno de Estados Unidos, uno de Guatemala y otro de Holanda.
La dirigente social -galardonada en 2015 Premio Ambiental Goldman para el Sur y Centroamérica- era una de las máximas referentes en la lucha por la defensa de los territorios, en un país donde el autoritarismo y la violencia han ido de la mano con el otorgamiento de las concesiones mineras y la instalación de represas.
En el año 2013, Cáceres había sido encarcelada por enfrentarse al proyecto de la represa hidroeléctrica Agua Zarca (DESA), que implicaba el desplazamiento forzoso de las comunidades lencas habitantes en las zonas aledañas del Río Gualcarque. En su prisión, Cáceres se declaró “perseguida política” y “prisionera de conciencia”, logrando su libertad gracias a la presión social y a la movilización masiva que se expresó a pesar de la represión policial.
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