En la madrugada del 16 de enero en la comisaria de Yerba Buena, 20 personas alojadas habrían sufrido torturas por parte de oficiales de infanteria y agentes de las fuerzas de seguridad, hechos que fueron denunciados por el MTE y el Mecanismo de Prevención para la Tortura de Tucumán.
La organización de derechos humanos Andhes solicitó la incorporación en la investigación a través de la figura de querellante institucional, que en primera instancia fue rechazada por la Fiscalía de Asuntos Complejos, fue otorgada en el día de hoy en audiencia judicial en la que estuvieron presentes las distintas partes involucradas en el proceso. Esta figura permitirá a la organización aportar pruebas y solicitar medidas durante el desarrollo del proceso, desde una perspectiva de derechos humanos.
“Estos hechos se relacionan directamente con la crisis carcelaria en la que se encuentra nuestra provincia. Se calcula que casi el 50% del total de las personas privadas de libertad en Tucumán se encuentran alojadas en comisarías o dependencias policiales, en pésimas condiciones edilicias, hacinadas, sin acceso a derechos fundamentales y bajo el cuidado y supervisión de personal policial que no está pensado ni capacitado para esa tarea. Del total de estas personas, un alto porcentaje ya se encuentran condenadas, lo que agrava aún más la situación impidiendo someterse a las reglas de la progresividad y por lo tanto acceder a los derechos que les corresponden en el marco del cumplimiento de la pena”, expresaron desde la organización.
Asimismo, cabe destacar que a las personas procesadas y condenadas, se suma el incierto número de personas privadas de libertad por aplicación de la inconstitucional ley de contravenciones policiales.
La abogada Florencia Vallino, directora ejecutiva de ANDHES expresó: “En este contexto de violencia estructural en el que se encuentra nuestra provincia, resulta imprescindible que las organizaciones de la sociedad civil podamos incorporarnos a las investigaciones judiciales para impedir la impunidad de los hechos de tortura y extrema violencia, que atentan contra la integridad física, la dignidad y la vida de las personas privadas de libertad y aportar de esta manera a erradicar prácticas policiales que el Estado suele aceptar como ordinarias en el ejercicio de las funciones policiales”.
