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Por Celina de la Rosa y Milagro Mariona
El 19 de noviembre se estableció como Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes para dar visibilidad a la problemática de la violencia sexual contra las infancias y fortalecer las políticas de los Estados para su prevención y atención como prioritarias. Este último fin parece estar cada vez más lejos.
Este año fuimos testigos de un profundo retroceso en las políticas públicas orientadas a combatir las violencias por motivos de género entre las primeras decisiones del gobierno anarcocapitalista de Javier Milei. Esto no parece responder únicamente a perseguir el objetivo del déficit cero, como se intenta justificar. Los recortes, diseñados a la velocidad de la motosierra de La Libertad Avanza, apuntaron a restituir una ideología, quitar las contenciones destinadas a personas afectadas por la violencia machista.
En el ámbito de la violencia sexual contra las infancias, el ataque ha sido aún más feroz. Muchos de los programas que antes buscaban prevenir, detectar, acompañar y erradicar estas violencias han sido desmantelados, como los equipos de Educación Sexual Integral, la Línea 144 y el Plan ENIA, entre otros.
Un momento que dejó al desnudo la nueva posición del Estado argentino fue cuando el ministro de Justicia la Nación, Mariano Cúneo Libarona, en la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, justificó ajustes, despidos y el desarme de políticas públicas con argumentos que contradecían todas las leyes vigentes en materia de género, diversidad y derechos humanos. “Se acabó el género, nuestros valores son otros, vamos por unión de la familia”, declaración del ministro ampliamente difundida por los medios, fue celebrada en la misma sala por organizaciones antiderechos, defensores y defensoras de varones acusados de abuso intrafamiliar como “Infancias compartidas”, “Observatorio de falsas denuncias” y la fundación “Ayudar y Crecer”. Detrás de esa celebración reaccionaria, aparecieron con remeras con leyendas como “basta de falsas denuncias”, provocando altercados e intentando desestabilizar el normal funcionamiento de la comisión.
Hace apenas unos días atrás, en la Facultad de Derecho de la UBA, se realizó el Congreso de Alienación Parental y Violencia Familiar, organizado por el Centro De Estudios en Alienación Parental (CEAP), encabezado por el ex camarista civil Mauricio Mizrahi. La actividad fue repudiada por organizaciones, académicos e instituciones destinadas a la defensa de los derechos de las infancias.
Para quienes, desde hace tiempo, luchan para prevenir y erradicar esta problemática social contra las niñeces, adolescencias y juventudes, que se cumpla exactamente un año de la llegada al poder de Milei es el signo del empoderamiento de quienes defienden a acusados de pedofilia o abuso sexual intrafamiliar. Una victoria siniestra para quienes intentan desoír a las víctimas y atacar a quienes los acompañan.
Quienes juegan un rol crucial para señalar y enfrentar la actual situación, las Madres Protectoras y Sobrevivientes se han convertido en una identidad política, una comunidad que se contiene y una red que se organiza. Desde La Nota Tucumán conocimos en las Jornada sobre Violencia Sexual contra niños, niñas y adolescentes: estrategias de abordaje desde Salud y Justicia, organizada por Equality Now y Casa Fusa AC, algunas referentas cómo Yama Corin, Victoria Acevedo y Daniela Dosso. Ellas relatan cómo se fueron encontrando en diferentes instancias, cuándo iniciaron sus denuncias o en distintas audiencias judiciales de cada una, y sobre todo en la construcción de la Mesa Nacional contra el abuso sexual a infancias, adolescencias y juventudes (ASIAJ). Su lugar fundante fue la calle, como recuerdan Yama y Victoria, hace más de 10 años en las concentraciones en el obelisco de la Ciudad de Buenos Aires. Su cita era cada 19 de noviembre.
“Tener esta identidad nos hace entender que no es una tragedia personal, sino que es político”, explica Yama Corín, madre protectora de Luna. A través de esta reflexión, comprenden que el abuso no es solo el acto de un agresor, sino que forma parte de un sistema de violencias patriarcales. “Nombrarnos nos permitió organizarnos para construir herramientas e impulsar políticas públicas. No vamos a hacerlo ya, ni con este gobierno. Pero seguro será con la lucha constante”, agrega Corín. Reconocen que los cambios que necesitan para el acceso real a la justicia, la atención psicológica gratuita y acompañamiento institucional en todos los ámbitos de la niñez no serán inmediatos. “Así como hace mucho tiempo atrás nombramos la violencia de género y se construyeron respuestas, necesitamos políticas públicas para las Madres Protectoras, y estamos dando esos primeros pasos”, concluye.
Desde la revelación hasta a la falsa alienación parental
Daniela Dosso es madre protectora, trabajadora social y referente de prevención en violencia sexual en Casa Fusa AC. En 2021 su hijo Martín, con 7 años, fue el primero en revelar que sufrió abusos sexuales por parte de su progenitor. Luego, unos meses más tarde, su hija mayor Brisa, puedo contar que también había sido atacada por la misma persona, quien no es padre. “Ella relató que los abusos comenzaron cuando tenía nueve años, lo cual coincide con el nacimiento de Martín y el momento del puerperio. En general los agresores aprovechan momentos de vulnerabilidad como es el momento del puerperio”, dice Dosso.
Los primeros signos que Daniela pudo observar fue la negligencia en los cuidados del progenitor. Martín llegaba con fracturas, primero en el tobillo, luego en el codo. “Su progenitor se negaba a ponerle el cinturón de seguridad. Si Martín debía seguir una dieta, él hacía lo contrario, le daba alimentos que le hacían mal. Eso me mantenía en constante estado de alerta. Durante la pandemia, tampoco respetaba el aislamiento”. Daniela decidió denunciar en el Fuero Civil por esta falta de cuidados. Nada de lo que señalaba era percibido como algo problemático por las maestras ni las personas de su entorno, lo veían como algo normal.
Pero cuando su hijo finalmente pudo relatar los daños sufridos, Daniela se enfrentó a las falencias del sistema judicial. “No dictaron medidas de protección de inmediato, no produjeron pruebas con diligencia, no allanaron la casa del acusado ni incautaron sus dispositivos electrónicos, como indica el protocolo de la UFEM“.
El falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), creado por Richard Gardner, fue una teoría desacreditada usada para justificar la pedofilia de sus pacientes. Sin embargo, aunque ha sido rechazado por la comunidad científica, sigue siendo utilizado de manera encubierta en casos de abuso sexual intrafamiliar. La táctica consiste en desacreditar a la madre, acusándola de manipular al niño o niña para alejar al padre, lo que permite a los agresores obtener impunidad.
El caso de esta madre protectora ilustra esta realidad. La abogada del acusado de agredir sexualmente a sus hijos, Elsa González, conocida por defender padres acusados de pedofilia, implementa el falso SAP para revictimizarla a ella y a sus hijos. Según Daniela, “ante una denuncia de abuso sexual paterno filial aparece una hipótesis que plantea que es una falsa denuncia realizada por una mujer vengativa”. Reproducen estereotipos de género, se desoye a las víctimas y se revictimiza a denunciantes.
Ella describe cómo los grupos antiderechos han adaptado el falso SAP para negar y encubrir el abuso sexual intrafamiliar. “Si el niño o la niña no habla, argumentan que el abuso no ocurrió. Ignoran las etapas que siguen al abuso, como el miedo, la retractación y el secreto, y lo interpretan como prueba de que la denuncia es falsa. Si el niño habla, desacreditan su testimonio diciendo que está contaminado por la madre o por los profesionales que lo asistieron”.
Estos grupos presentan pericias psicológicas falsas, elaboradas por profesionales sin ética, que diagnostican al niño como víctima de un relato manipulado, sin haberlo evaluado ni a él ni a la madre. Además, inician contradenuncias contra médicos, psicólogos y otros especialistas que diagnostican el abuso, con el fin de intimidarlos y presionarlos para que abandonen los casos.
“Promueven la idea de que la justicia está desbalanceada a favor de las mujeres, haciendo parecer que los hombres son víctimas de falsas acusaciones”, explica. También utilizan estrategias legales dilatorias para retrasar el proceso judicial y desgastar emocionalmente a la madre y al niño. “Se niegan a colaborar con la justicia, no declaran ni se someten a pericias psiquiátricas, amparándose en el derecho a no declarar contra sí mismos”.
Finalmente, impulsan la revinculación forzada del niño con el agresor, argumentando que el contacto con el padre es beneficioso para el niño, incluso en los casos donde el abuso ha sido comprobado.
La gravedad del uso de estas estrategias de quienes ahora se amparan detrás de figuras como las del ministro Cúneo Libarona –quien fue defensor del ex gobernador tucumano José Alperovich, condenado por abusos sexuales– queda clara cuando se observa el daño que causan en las familias, los niños y las niñas, quienes son expuestos a múltiples evaluaciones y dilatan los procesos judiciales.
El abuso sexual y la urgencia de hablarlo
Una de las razones por las que esta violencia machista es tan difícil de abordar, de prevenir y aún más de erradicar, es porque sigue siendo invisibilizada y poco comprendida en nuestra sociedad. Para muchas sobrevivientes, el silencio es un manto que cubre el dolor, prolongando el sufrimiento y dificultando terminar con la reincidencia e impunidad de los atacantes sexuales.
“Es muy importante empezar a romper con eso y empezar a hablar de este tema, a ponerlo en palabras y que se pueda transitar, que pueda haber un después”, señala Victoria Acevedo, sobreviviente de abuso sexual en su niñez y activista del colectivo “Yo Si Te Creo”. Ella y su hermana denunciaron a su abusador 25 años después y lograron un “juicio por la verdad”. Tenían 3 y 6 años cuando el que era novio de su madre comenzó a abusar de ellas.
“Cuando fuimos más grandes denunciamos porque pensamos que esa persona podía seguir abusando de otras. Nos preguntamos cómo podemos impedir que siga dañando a su entorno y decidimos denunciarlo para prevenir”. La historia de Victoria también refleja las dificultades que enfrentan muchas personas que buscan romper con el silencio. Desde la propia familia, que muchas veces opta por ocultar o minimizar el abuso, hasta la reacción social que cuestiona el porqué denunciar “ahora” si el tiempo ya ha pasado.
La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, como explica Acevedo, ocurre con mayor frecuencia en el entorno familiar: un padre, un tío, un abuelo, etc. Son estos mismos vínculos asimétricos y de confianza los que dificultan que las víctimas hablen y denuncien. Sin embargo, cuando finalmente logran contar su historia y buscar justicia, se enfrentan a otro obstáculo aún más grande: el sistema judicial.
En Argentina, el plazo para denunciar un abuso sexual hacia una niña o niño es limitado. Si una persona no presenta la denuncia dentro de los 12 años posteriores al delito, se aplica la “prescripción”. Esto significa que, después de un cierto período de tiempo, el delito ya no puede ser castigado judicialmente, incluso si hay pruebas sólidas. Esto puede ser especialmente problemático en estos casos, ya que las víctimas a menudo tardan muchos años en denunciar el abuso, debido al trauma, la vergüenza y el miedo. Las víctimas adultas, que solo pudieron procesar y poner en palabras lo sucedido años después, se encuentran con un sistema que les da la espalda.
“Estamos hablando de delitos que involucran derechos humanos”, señala Acevedo, recordando que el abuso sexual infantil no es un simple delito del pasado, sino una violación a la integridad de las persona. En este contexto, la lucha por la imprescriptibilidad de estos delitos se convirtió en una demanda crucial para las sobrevivientes. En todo el país, se plantean distintos proyectos.
Victoria argumenta que la imprescriptibilidad es esencial porque “los efectos del abuso sexual son tan devastadores como los de una guerra o una tortura”. En muchos casos, el trauma persiste durante toda la vida, y las víctimas, en su mayoría, tardan años en procesar lo sucedido y encontrar la fuerza para hablar. “Las secuelas psicológicas no tienen una fecha de vencimiento, ¿por qué debería tenerla la posibilidad de obtener justicia?”, plantea Victoria.
Con la aprobación de la Ley Piazza en el 2011, que modificó el Código Penal estableciendo que la prescripción para los delitos de abuso sexual cometidos contra menores de edad comienza a correr desde la medianoche del día que cumplieran la mayoría de edad, y la Ley de Respeto al tiempo de las víctimas en 2015, plantea que el plazo debe comenzar a transcurrir desde el momento en que la víctima decide realizar la denuncia.
A pesar de estas leyes que amplían los plazos de prescripción para los delitos sexuales contra menores, muchos casos todavía son considerados prescritos por el sistema judicial. Esto se debe a que la legislación no es retroactiva, lo que significa que no cubre los abusos cometidos antes de su aprobación. “Es un gran obstáculo. Muchas sobrevivientes atravesaron instituciones del Estado, pero esas mismas instituciones desoyeron sus voces”, explica Acevedo.
El Estado, ese gran ausente
Nuestra sociedad deposita en el Estado ciertas garantías de protección, como son los estándares internacionales de Derechos Humanos. Vicky Acevedo denuncia que, durante su infancia, las instituciones escolares y de salud fallaron en detectar y actuar frente a su situación de abuso. Yama Corin también destaca la inacción de la justicia, que no solo revictimiza a las niñas, sino que también criminaliza a las madres protectoras.
Y no solo eso. El backlash (reacción) es una forma de ataque hacia los y las profesionales que trabajan con niñeces y adolescencias víctimas de abuso sexual. Se basa en la premisa de que las denuncias son falsas y que los profesionales actúan en connivencia con las madres protectoras para perjudicar al progenitor acusado. No se trata de ataques individuales, sino de una estrategia organizada y sistemática que busca preservar el status quo y perpetuar la impunidad de los agresores.
Se utilizan diferentes mecanismos, como la desinformación, la persecución, la manipulación mediática, la presión política y la violencia judicial, para silenciar a las víctimas y a quienes las defienden. La falta de estadísticas sin un subregistro sobre el abuso sexual en las infancias en Argentina se presenta como un problema dimensionar los daños.
El contexto actual de ataque y desfinanciamiento nos llama a redoblar los esfuerzos. Por un lado, por el vaciamiento de las políticas públicas tendientes a la prevención y la detección de abuso sexual en las infancias, cómo la educación sexual integral. Pero también, por los discursos oficiales de algunos representantes del gobierno nacional que desinforman y estigmatizan. Recientemente, la vicepresidente Victoria Villarruel publicó datos falsos sobre las denuncias falsas y señaló al “feminismo radical” por “el daño” que hizo a nuestra sociedad.
Herramientas fuera de las fronteras
Contamos con otros instrumentos. El caso de Brisa Angulo vs. Bolivia es un ejemplo emblemático de la lucha contra la violencia sexual y la revictimización institucional en América Latina. Brisa Angulo, víctima de abuso sexual por parte de su primo durante su adolescencia, llevó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y posteriormente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con el apoyo de Equality Now.
El proceso judicial se extendió por casi dos décadas, culminando en 2022 con la condena del Estado boliviano por parte de la Corte IDH. La Corte determinó que Bolivia era responsable de violencia institucional por la revictimización que sufrió Brisa durante el proceso judicial en su país. La sentencia señala que esta revictimización se tradujo en la falta de debida diligencia por parte del Estado para investigar el caso, proteger a la víctima y sancionar al agresor.
El caso sentó un precedente fundamental en la región al establecer que la violencia institucional, incluyendo la revictimización por parte del sistema de justicia, puede ser considerada trato cruel, inhumano o degradante.
La sentencia, además de garantizar justicia para Brisa Angulo, se convierte en una herramienta legal fundamental para exigir la protección de los derechos de las víctimas de violencia sexual en la región.
Esta sentencia fue utilizada por Thelma Fardin como base para apelar el fallo inicial en contra de su abusador, el actor Juan Darthés. Este recurso resultó exitoso, ya que el acusado fue recientemente condenado a seis años de cárcel en Brasil por el delito de estupro.
La revictimización judicial
El camino hacia la justicia es largo y tortuoso. En 2012, Yama Corin descubrió que su hija Luna estaba siendo abusada por su progenitor. Desde el primer momento, Corin tuvo que luchar no solo contra el agresor sexual, sino también contra el sistema judicial que, en lugar de proteger a su hija, intentó revincularla con su abusador.
El proceso judicial por el delito de abuso sexual de Luna duró 12 años y, aunque finalmente el juicio oral se llevó a cabo en 2023, el resultado fue devastador: el agresor fue absuelto en primera instancia. “Para nosotras su absolución fue un golpe extremadamente duro. Después de todo lo vivido no tenemos ninguna confianza en este Poder Judicial patriarcal, aunque no perdemos la esperanza de encontrarnos personas que escuchen a Luna y hagan lo correcto”. Ya apelaron a este fallo.
“Esa impunidad deja una marca permanente en nuestras vidas”. Luna, ahora de 22 años, que trabaja en Aerolíneas Argentinas, con el inminente peligro de perder su trabajo ante los intentos libertarios de privatización, tuvo que vivir un episodio muy doloroso posterior a la sentencia. Un día mientras cumplía sus tareas se encontró con la abogada defensora del abusador, Patricia Anzoátegui quien se presenta como experta en causas de “falsas denuncias” y lleva adelante una organización que defiende a acusados de abusos sexuales. “Solo verla le impidió seguir trabajando; tuvo que irse al baño a llorar”, relató Corin, a quien le llevó al menos seis meses poder volver a retomar su vida sin estar en ese estado constante de tristeza, tras perder el juicio. “Es una herida que no termina”.
Explica que no sólo implicó mucho trabajo, reuniones, organización, y sobre todo poner mucha exposición a “carne viva sobre la mesa”. Si bien había pruebas contundentes, testimonios, pericias, incluso víctimas anteriores del mismo abusador, el resultado fue un anticipo. “Lo que sucedió es una muestra clara de que el Poder Judicial se acomoda al poder de turno, y en este caso, al poder que defiende a los abusadores. La defensa de la pedofilia es estructurante en el fascismo, y este gobierno actual tiene organizaciones que acompañan esa impunidad. Nos persiguen a nosotras, las madres protectoras, y eso se hizo visible en el juicio de Luna”, señala Corin.
Quedó demostrado tanto en las jornadas que realizaron junto a profesionales de la salud y el derecho en Ciudad de Buenos Aires, como en el taller que llevaba su nombre Madres Protectoras y sobrevivientes, en el marco del 37 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans Travestis, Bisexeules, Itersexuales y no bienreies en Jujuy que el juicio de Luna no fue el final.
“Nos levantamos porque tenemos integridad, la verdad de nuestro lado, y el deseo de vivir. Seguimos luchando. Es importante mantenernos unidas, resistiendo y revisando nuestras prácticas políticas para seguir adelante. Nosotras militamos para que la vida sea lo más feliz posible, aunque el golpe de la injusticia siga presente”, concluye Corin.
