Una trabajadora estatal tuvo que solicitar una medida de restricción a causa del maltrato que recibía por parte de su superior. Hasta el momento, no se inició ninguna investigación y la víctima no obtuvo ninguna respuesta del Estado.
Los casos de violencia se dan en todos ámbitos, incluso en el Estado. El año pasado, se conoció un caso de una trabajadora del Estado que tuvo que pedir licencia a causa del maltrato que recibía por parte de su superior.
Sin respuestas por parte del Estado, a G. (protegemos la identidad de la denunciante) la trasladaron a otra oficina, luego de estar más de un año peregrinando. Actualmente, el responsable tiene una medida de restricción, por ocho meses, pero hasta el momento no recibió ninguna sanción disciplinaria ni hubo una investigación al respecto por parte del Estado.
La denunciante aun hoy se encuentra esperando una respuesta por escrito de las presentaciones que realizó. “Él se mueve con una impunidad absoluta a pesar de que hay una medida cautelar”, expresó G. a este medio. “Me siento completamente desprotegida por el Estado. Acá tenemos un funcionario con una medida cautelar, vigente hasta febrero, que será renovada porque es lo único que me permite moverme con tranquilidad por la calle”, lamentó.
G. trabajaba desde el año 2010 en el departamento jurídico de Casa de Gobierno, y hace trece años trabaja en la administración pública. En el 2015, con el recambio de cargos políticos, cambiaron los funcionarios, y un nuevo jefe llegó a la oficina. Según relató la víctima, al comienzo fue designada para realizar un trabajo de coordinación general. La relación transcurría con normalidad, pero con el tiempo se fue tornando más “intensa”, según sus propias palabras. “No por el cúmulo de trabajo, sino por las formas. Yo prendía el teléfono a las 7 de la mañana y ya tenía mensajes”, contó.
Luego comenzaron los gritos, malos tratos, degradación. “No te da la cabeza, me decía. Después me exponía delante de gente, rompía trabajos que hacía en mi cara y me tiraba los papeles”.
El desplazamiento fue tal que había días que no tenía donde sentarse, comenzó a cambiar la gente de la oficina y el vacío cada vez era más grande. Durante un año y medio G. acumuló los malos tratos y el cuerpo comenzó a somatizar. “Lo que yo he vivido ha sido muy fuerte. Yo padecí los malos tratos de esta persona un montón de tiempo”, contó y detalló como su estado de salud se fue deteriorando.
“De un día a otro me sacó de los grupos de whatsapp, llamó a toda la oficina para decirles que yo ya no pertenecía al grupo de confianza. Me sacó la marcada de tarjeta. Eran 45 personas hablando sobre mí, y yo sin saber que había pasado”, relató G.
En las semanas siguientes, comenzó el hostigamiento peor. “Conseguí un traslado al Registro Civil, y cuando tenía la autorización de él, se negó a firmar, diciendo que yo era una persona que tenía un vasto conocimiento en el área jurídica y que era fundamental para la oficina, eso lo tengo por escrito”, expresó la joven.
“Siempre me amenazaba que me iba a hundir, que me iba a dejar sin trabajo, que me iba a iniciar daños y perjuicios, me amenazaba para que no denunciara”. Ante esta situación, G. acudió al Servicio de Salud Ocupacional Provincial (SESOP), donde se probó que padecía hostigamiento psicológico. Consiguió una licencia médica y pidió una medida cautelar por ocho meses, vigente hasta febrero. Esa fue su única herramienta para poder conservar su trabajo y recuperar la tranquilidad.
Desde mayo a agosto, G. vivió un infierno mientras estaba de licencia y gestionaba su pase a otra oficina. Incluso en el SESOP se negaron a darle el alta hasta que no le firmen el traspaso, en resguardo a su salud. “Yo tenía un miedo desmesurado hacia esa persona”.
En agosto 2017, Carolina Vargas Aignase se enteró de la situación y le ofreció que trabaje en su oficina para que haya un cese de hostilidades. “En el SESOP me dieron un alta condicionada, para poder rehacer mi vida”, expresó. El traslado se terminó de concretar recién cuando su abogada realizó la presentación formal para el traspaso definitivo.
Lejos de tomar cartas en el asunto, desde Casa de Gobierno quisieron hacer pasar la denuncia como una maniobra política, desestimando los dichos de la víctima.
“Todas las situaciones que viví fueron comunicadas al Secretario General de Gobernación”, pero según contó G., las autoridades no intervinieron y las situaciones de violencia laboral no cesaron.
Uno de los factores que disuade a las mujeres de realizar las denuncias, es que no tiene soluciones: el camino de la justicia es lento, costoso y revictimizante.
Bajo los estándares legales actuales, el Estado debe actuar ante una situación de violencia, y como primer paso, iniciar una investigación al respecto.
“Yo mandé una carta documento a Silvia Pérez, haciendo constar cual era mi situación y nunca tuve una respuesta. Cuando inicié el expediente, mi abogada presentó un pedido de que se inicié una investigación sumaria y no hay respuesta”, relató G.
Antes de que termine el 2018 presentaron un pronto despacho para que se inicie un sumario administrativo, respaldado por el Instituto Nacional de la Mujer, pero aún no recibieron ninguna respuesta formal al respecto. “Me molesta la estructura que banca a un funcionario con medida cautelar”.
El Estatuto del Empleado Público expresa en su artículo 4 que “se entiende por violencia laboral al abuso de autoridad manifestado en las siguientes formas: 1. Maltrato físico, 2. Maltrato psíquico, 3. Acoso, 4. Acoso sexual, 5. Discriminación remunerativa, 6. Toda otra forma de coacción utilizada por las autoridades, personal jerárquico y terceros vinculados directamente con ellas”. Es el Ministerio de Gobierno y Justicia, a través de la Secretaria de Estado de Trabajo de la Provincia de Tucumán, responsable de garantizar que se cumpla la ley.
Existen los mecanismos para que el Estado sancione la violencia. Que no lo haga compone un mensaje tolerante a la violencia, y para las mujeres víctimas de estas situaciones compone un desaliento al momento de tomar la decisión de hacer o no la denuncia.
