Por Pablo Camuña, fiscal federal, coordinador de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad Tucumán, y Docente de Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Tucumán.
El “Operativo Independencia” fue un fenómeno singular durante el terrorismo de estado en la historia argentina: durante al menos cuatro años, una porción del territorio nacional (casi todo el sur de Tucumán) permaneció bajo ocupación militar. Exactamente como la ocupación de un territorio extranjero hostil: control total sobre la vida de los habitantes, retenes, inspecciones, allanamientos ilegales, prohibición de reuniones, toques de queda, y, en suma, la intervención en todos los espacios de sociabilidad de los pueblos azucareros del sur de la provincia. En ese contexto también, desde luego, cientos de detenciones ilegales, torturas, desapariciones forzadas, delitos sexuales.
El OI dejó heridas profundas que aún perviven en el tejido social local. Divisiones entre los apologistas de la acción de los militares y de quienes sufrieron la persecución y exterminio como parte del sistemático plan criminal que dio aquí su inicio. Los 13 juicios que se desarrollaron en Tucumán resultaron en todos los casos en condenas -al menos- a algunos de los acusados y, sobre todo, arribaron una y otra vez a una misma conclusión: que en Tucumán el terrorismo de estado empezó un año antes que en el resto del país. Que desde el 5 de febrero de 1975 comenzaron a producirse aquí, de forma generalizada y sistemática, crímenes de lesa humanidad y prácticas genocidas.
Resta, como correlato de la reparación que produce la verdad judicial en las víctimas sobrevivientes y lxs familiares de lxs desaparecidxs, que esa certeza, construida trabajosamente por las mismas víctimas y sus familiares con sus relatos y los documentos y materiales aportados a los juicios, se abra paso en la historia tucumana e impida la persistencia del negacionismo.
La toponimia del sur de la provincia, con los “pueblos militares” alzados también según una estrategia de control territorial (Soldado Maldonado, Capitán Cáceres, Teniente Berdina, Sargento Moya) es otra de las marcas indelebles del Operativo Independencia que deben ser reparadas.
