Desde la organización de DDHH andhes expresaron su preocupación ante las manifestaciones del Ministro de Seguridad, Claudio Maley, en cuanto a que el asesinato de Facundo “no se trató de un caso de ‘gatillo fácil’”.
El caso del asesinato de Facundo Ferreira en manos de la policía genera conmoción en la provincia. Desde el gobierno provincial, el ministro de Seguridad, Claudio Maley, hizo declaraciones en la prensa cuestionando que se hable de un caso de gatillo fácil. “No se trató de un caso de ‘gatillo fácil’, ya que los agentes actuaron contra un claro ataque y contra una agresión; como es su deber y obligación”, dijo Maley en una entrevista.
Entre otras declaraciones desatinadas, el ministro de Seguridad también cuestionó el rol de la familia de Facundo. ““Hay que preguntarse qué hace esta criatura de 11 años fuera de la casa, dónde están los padres”, expresó en una entrevista radial en el programa de Radio Nacional, De Primera Mano.
Desde la organización de derechos humanos Andhes, cuestionaron estas declaraciones. “El caso de Facundo es el de la utilización excesiva de la fuerza por parte de los agentes policiales. Facundo fue asesinado de un disparo en la nuca, recibió disparos de postas de goma en su espalda y finalmente, cuando cayó al suelo, recibió patadas de los agentes policiales, cuyas botas quedaron marcadas en su rostro, según contaron los familiares que recibieron el cuerpo de Facundo”, expresaron desde la ONG.
Al respecto, desde Andhes comentaron que “Facundo fue llevado al Hospital Padilla, ingresado como un NN mayor de edad y como víctima de un accidente de tránsito, en contradicción con los hechos de la realidad. Es decir que los dichos del Ministro de Seguridad no hacen más que avalar la hipótesis de que Facundo fue víctima de un Estado irresponsable, selectivo, estigmatizador y que utiliza la fuerza en forma indiscriminada y por fuera de cualquier marco normativo”.
Según el Artículo tres del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Naciones Unidas (NNUU), el uso de armas de fuego por parte de agentes estatales es una “medida extrema”. Por ello el agente deberá hacer “todo lo posible por excluir su uso, especialmente contra niños”.
Asimismo, el Informe 2016 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “Violencia, niñez y crimen organizado” expresa que “…como lo especifica la Corte Interamericana y la Comisión, el nivel de fuerza utilizado debe estar justificado por las circunstancias, a los efectos, por ejemplo, de la defensa propia o de neutralizar o desarmar a los individuos involucrados en un enfrentamiento armado. La fuerza excesiva o desproporcionada por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que da lugar a la pérdida de la vida puede por tanto equivaler a la privación arbitraria de la vida”
Por su parte, el Informe Regional de Desarrollo Humano de NNUU sostiene que “el fenómeno más visible” de la violencia ilegal por parte de actores estatales son las ejecuciones extrajudiciales por parte de policías y miembros de las Fuerzas Armadas.
Estas ilegalidades “acentúan el sentimiento de desprotección y aumentan la percepción de inseguridad”, ya que si las personas encargadas de garantizar la seguridad se convierten en sus agresores, “se deslegitima la obligación fundamental del Estado: proteger”, argumentaron desde Andhes.
“Tanto la Comisión como la Corte Internacional de Derechos Humanos refieren que para que la excepcionalidad del uso de la fuerza se encuentre justificado, se deberán satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”, finalizaron desde la organización.
