Un duro informe de Human Rights Watch señaló que el gobierno de la provincia de Formosa utilizó “medidas frecuentemente abusivas e insalubres para prevenir la propagación del Covid-19”. Los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos y de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins también participaron de la investigación que recopiló 45 testimonios por teléfono entre enero y marzo 2021, incluidas 30 personas que habían estado confinadas en centros de aislamiento o cuarentena, así como a médicos, abogados, víctimas de abuso policial, periodistas, una legisladora y dos concejalas.
“Las autoridades provinciales también han restringido el trabajo de la prensa independiente para cubrir la situación en la provincia, habrían empleado excesivamente la fuerza contra quienes protestaban por las medidas relacionadas con el Covid-19 y, durante meses limitaron severamente la posibilidad de la población de la ciudad de Clorinda de trasladarse y acceder a atención médica”, denunciaron en el informe.
La mayoría de los entrevistados temen sufrir represalias en Formosa y accedieron a dar su testimonio con la condición de que no se divulguen sus nombres y otros datos que permitiera identificarlos. Algunos manifestaron ser empleados públicos y temían perder su trabajo. La publicación también está basada en información oficial provista por el gobierno de la provincia de Formosa y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, utilizó como excusa los aumentos en el número de casos confirmados de Covid-19 y muertes por esa enfermedad para justificar las medidas restrictivas en la provincia. Formosa reporta una de las tasas de mortalidad por Covid-19 más bajas de Argentina, tanto en términos absolutos como en comparación con su población. Hasta el 25 de marzo de 2021, se había confirmado 1.769 casos y 28 muertes.
Desde abril de 2020, más de 24.000 personas fueron obligadas a permanecer confinadas en centros de aislamiento y cuarentena en Formosa, algunas por períodos mayores a los 14 días que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, en muchos casos, bajo circunstancias que podrían considerarse detenciones arbitrarias. Las autoridades de Formosa han mantenido a algunas personas con resultados positivos de Covid-19 junto con otras que tenían resultados negativos o que seguían esperando los resultados de sus exámenes. En ocasiones, el hacinamiento y las condiciones insalubres en los centros han dificultado el distanciamiento social. En algunos centros no había ventilación adecuada, y, en ocasiones, las autoridades no brindaron atención médica adecuada a quienes se encontraban allí.
“Los centros insalubres y hacinados como los de Formosa pueden propagar la transmisión del coronavirus, menoscabar derechos humanos básicos y debilitar la confianza en las autoridades de salud pública, lo cual resulta crítico para una respuesta adecuada al Covid-19”, expresó la Dra. Kathleen Page, médica y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y los centros de la Universidad Johns Hopkins. “Aislar a ciudades enteras puede generar más problemas que beneficios para la salud en el largo plazo”.
Según los primeros protocolos provinciales, quienes llegaban a Formosa, con independencia de si habían estado expuestos al Covid-19, y quienes tuvieron contacto estrecho con personas con resultado positivo, eran enviados a centros de cuarentena, conocidos como “centros de alojamiento preventivos”. Los centros de aislamiento, llamados “centros de atención sanitaria”, se crearon para individuos con un resultado positivo y síntomas leves o que son asintomáticos. Las personas confinadas en estos centros no pueden salir, están en general bajo constante vigilancia policial, y, en algunos casos, fueron encerradas en sus habitaciones, reveló el informe.
Si bien las condiciones en los centros de aislamiento y cuarentena varían, la mayoría de los entrevistados describieron estos lugares como insalubres y hacinados. En algunos centros de cuarentena, las personas compartían habitaciones y espacios comunes, incluidos baños. Las autoridades también mezclaban en las mismas habitaciones a personas que llegaron en distintas fechas y no tomaban en cuenta su edad, género, estado de salud y otros factores de riesgo. Asimismo, mezclaron personas con resultados de test positivos con otras cuyo resultado era negativo o que aún esperaban sus resultados. El gobierno de Formosa sostiene que hay personal médico y de enfermería asignado en forma permanente a centros de aislamiento y cuarentena, pero varios entrevistados afirmaron que tuvieron acceso limitado a atención médica oportuna y adecuada.
Es muy probable que el incumplimiento de los propios protocolos, junto con las condiciones insalubres de los centros y las estadías excesivas, hayan contribuido a que se propague el Covid-19, violando el derecho a la salud de quienes estaban siendo retenidos allí, afirmaron Human Rights Watch y los centros de la Universidad John Hopkins.
Asimismo, las autoridades provinciales también han limitado la posibilidad de los periodistas de informar sobre la situación en Formosa, habrían usado fuerza excesiva contra las personas que protestaron por las restricciones excesivas por el Covid-19, y detuvieron y procesaron penalmente a algunas de ellas.
Conforme al derecho internacional, ciertos derechos básicos, tales como el derecho a no sufrir tratos crueles o inhumanos, no pueden ser restringidos ni siquiera en períodos de emergencia. Las restricciones de otros derechos, como el derecho a la libertad y la libertad de circulación, expresión y asociación, podrían resultar permisibles en un contexto de emergencia de salud pública como el que supone una pandemia, pero deben tener un claro fundamento legal, ser estrictamente necesarias y proporcionadas para el objetivo de salud pública que se persigue, tener una duración limitada, estar sujetas a revisión, y su aplicación en la práctica no puede ser arbitraria ni discriminatoria. Las autoridades argentinas también tienen la obligación de adoptar medidas eficaces para prevenir la propagación del Covid-19 y proteger el derecho a alcanzar el más alto nivel posible de salud.
Las cuarentenas obligatorias que aumentan el riesgo de contagio al coronavirus no sirven para proteger a la población del Covid-19 y, al constituir una limitación innecesaria a la libertad personal, podrían considerarse detenciones arbitrarias conforme al derecho internacional de los derechos humanos, señaló Human Rights Watch.
“Las medidas para frenar la propagación del Covid-19 deben proteger a los ciudadanos, no exponerlos a un riesgo mayor”, manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “El gobierno nacional debe trabajar con las autoridades provinciales para periódicamente verificar que Formosa respete los derechos humanos en su respuesta a la propagación del Covid-19, para lo cual debe, entre otras medidas, garantizar que se limite el uso de las fuerzas policiales para rastrear contactos estrechos”.
El rol de la policía en el rastreo de contactos estrechos
Las autoridades sanitarias y la policía de Formosa realizan “búsquedas activas” en barrios donde viven personas que tuvieron un resultado positivo para identificar a otros que hayan tenido contacto con ellos o con personas que podrían estar infectadas, realizarles pruebas y trasladarlas a centros de cuarentena o de aislamiento, a veces antes de contar con sus resultados.
Once personas entrevistadas dijeron que policías, en algunos casos acompañados de profesionales de la salud, los llevaron de sus casas en medio de la noche a centros administrados por la provincia, alegando como justificación que habían tenido contacto estrecho con algún familiar que había dado positivo. Muchos afirmaron que la policía no les permitió empacar la ropa ni los artículos de higiene personal que necesitaban. En algunos casos, los trasladaron en vehículos durante horas, mientras la policía recogía a otras personas que supuestamente también habían tenido contacto con casos positivos, y las mezclaba en camionetas o ambulancias. Algunos dijeron que no les proporcionaron tapabocas durante los viajes.
Las autoridades los llevaron a hacerse las pruebas en las Unidades de Pronta Atención de la Contingencia (UPAC). Las pruebas de Covid-19 en Formosa solo se realizan en 19 laboratorios gestionados por el estado. Formosa no permite pruebas por laboratorios privados y centraliza toda la información sobre los resultados. Muchos entrevistados manifestaron que no supieron el resultado de sus pruebas antes de que los trasladaran a centros de cuarentena o aislamiento.
Un aspecto alarmante de la respuesta de Argentina frente al Covid-19 ha sido la violencia policial hacia individuos acusados de romper la cuarentena. La policía no debería estar rastreando contactos estrechos a menos que no haya ningún otro recurso humano disponible con entrenamiento y experiencia apropiada para hacer el rastreo de forma segura y efectiva, dijo Human Rights Watch.
