Luego de 10 días de intensas movilizaciones, el parlamento mendocino derogó la norma 9.029 (anterior ley 7722) que permitió el uso de sustancias químicas en la explotación minera.
A pesar de haber sido aprobada en su momento con mayoría de ambas cámaras, Diputados y Senadores, y a propuesta del nuevo gobernador radical Rodolfo Suárez, el Gobierno de Mendoza cedió ante la presión popular y tendrá que derogar la constroversial ley.
La modificación de la ley 7722 que prohibía el uso de sustancias químicas, como el cianuro y el ácido sulfúrico fue remplazada por la 9029 en un pacto entre los espacios políticos de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos.
Desde el 20 de diciembre, las marchas contra la ley se hicieron más y más grandes. Hasta las reinas de la Vendimia amenazaron con no celebrar la fiesta tradicional sino se derogaba la ley.
El viernes, tras una reunión con los intendentes el gobernador Suarez consideró que la norma no tenía licencia social para promulgar la ley
El mandatario mendocino dijo en conferencia de prensa que “para la exploración minera se necesitaban dos condiciones: por un lado que se hiciera con estrictos controles y por el otro con el consenso social y esa licencia social no existe en Mendoza”.
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