El cambio de presidente se oficializaría a fin de mes. Lo reemplazará Carlos Rosenkratz.
Después de 11 años, Ricardo Lorenzetti dejará su cargo como presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo reemplazaría Carlos Rosenkratz, quien asumiría a partir del 1 de octubre próximo. Elena Highton de Nolasco continuaría como vicepresidenta. La decisión se tomó este martes durante una reunión del tribunal que fue más larga que lo habitual: comenzó a las 10 y el acta se firmó pasadas las 14.
Abogado egresado de la Universidad Nacional del Litoral y doctor en Ciencias Jurídicas y sociales, el jurista de 63 años, oriundo de Rafaela y de larga trayectoria en el ámbito académico, Lorenzetti fue propuesto y designado como juez de la Corte a fines de 2004 por el entonces presidente Néstor Kirchner. Asumió como presidente del máximo tribunal el 1º de enero de 2007 en reemplazo del veterano Enrique Petracchi.
Rosenkrantz, el probable reemplazante de Lorenzetti, fue designado juez de la Corte por Mauricio Macri al comenzar su gestión. Al igual que Rosatti, fue nombrado primero por decreto pero el escándalo institucional de esa decisión obligó al Presidente a cumplir con los pasos legales y que el pliego fuera aprobado por el Senado.
Durante las audiencias por la nominación, tanto Rosatti como Rosenkrantz fueron cuestionados en las audiencias públicas por haber admitido su propio nombramiento en comisión, por un mecanismo de cuestionada validez constitucional. Ronsenkrantz recibió 2629 avales y 1428 impugnaciones. La mayoría de las impugnaciones fueron presentadas por organismos defensores de los derechos humanos como las Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), H.I.J.O.S, la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y el Observatorio de Derechos Humanos.
Rosenkrantz formó parte del Estudio Bouzat, Rosenkrantz & Asociados, fundado en 1990, mediante el cual fue abogado de grandes empresas y corporaciones como Cablevisión, Grupo Clarín, La Nación, La Rural, YPF, América TV, Claro, Farmacity, además de la Entidad Binacional Yaciretá y de las provincias de Santa Fe y Corrientes. También defendió a McDonald’s en la causa por la venta de comida en mal estado que produjo la intoxicación de niños en 2002 bajo el gobierno de Aníbal Ibarra.