Mañana en el Senado se tratará la propuesta de la senadora Beatriz Mirkin. En caso de aprobarse una iniciativa, los denunciados por violencia de género, y a los que se aplique una restricción de perímetro, deberán llevar una pulsera electrónica para evitar que se viole dicha restricción y que la víctima sufra sus ataques.
El martes 16 de abril las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de Banca de la Mujer, y de Presupuesto y Hacienda del Senado se reunirán para analizar el proyecto de ley que modifica la Ley 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Una de las modificaciones prevé la implementación de un sistema de monitoreo, alerta y localización georreferenciada entre la persona denunciada y la autoridad competente.
Actualmente es una de las medidas previstas en el Plan para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres. Hasta el momento se utilizaron solo en 428 causas judiciales.
El proyecto es autoría de la legisladora peronista Beatriz Mirkin. La iniciativa propone modificar lo que hasta ahora se venía implementando en algunos lugares con el botón antipánico, a través del cual la mujer víctima de violencia debía activar en caso de encontrarse en una situación de peligro.
Esta propuesta busca detectar en forma inmediata y preventiva si se vulnera la prohibición de acercamiento. El sistema tecnológico que se utilice debe estar adherido al cuerpo de la persona denunciada y sólo podrá ser removido o apagado por resolución judicial fundada.
En lo que va de este año, ya se contabilizaron más de 50 femicidios y, según datos de la Defensoría General de la Nación, en 2015, uno de cada tres agresores incumplió las restricciones impuestas por la Justicia. Esto demuestra, una vez más, la desprotección que enfrentan quienes denuncian, y las fallas en las medidas de prevención.
Finalizada la reunión plenaria, las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, considerarán el proyecto de ley de creación del fondo fiduciario público “Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata”, autoría del Poder Ejecutivo y presentada en octubre de 2018.
Otro temas en agenda legislativa
En la sesión también se tratarán la ley del blanqueo de trabajadores en negro y la reforma al financiamiento de los partidos políticos que transparente los aportes en campaña. La misma ya fue pospuesta en dos ocasiones y fue nuevamente convocada para mañana, antes de los feriados por Semana Santa, aunque varias fuentes de las bancadas mayoritarias consultadas se excusaron de dar certezas de que finalmente se concrete en una semana de solo tres días hábiles.
El proyecto de financiamiento, que unifica varias iniciativas tanto del oficialismo como de la oposición, levanta la prohibición para que las empresas privadas puedan aportar a las campañas y bancariza los aportes de dinero con el objetivo de que no haya fondos provenientes de actividades ilícitas en este campo.
Además, establece que las agrupaciones no podrán recibir de una misma persona -humana o jurídica- un monto superior al dos por ciento de los gastos permitidos para cada campaña electoral.
El llamado “blanqueo laboral” propone, entre otros puntos, otorgar 365 días a los empresarios para blanquear trabajadores a cambio de una condonación del 100% de la deuda por capital, intereses, multas y punitorios y que se retire a los empresarios del Registro de Empleadores con sanciones laborales si registran empleados, mientras que al trabajador se le computarán hasta cinco años de aporte.
