Desde Mujeres X Mujeres, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Tucumán, y Católicas por el Derecho a Decidir Argentina manifestaron su preocupación e indignación a través de un comunicado.
En el día de ayer, en una entrevista en La Gaceta Central, la Ministra de Salud Rossana Chahla, se refirió sobre el caso de “Lucía” afirmando lo siguiente: “En 2018 tuvimos 18 casos “Lucía” y pudimos resolver todos los temas y que “el problema es cuando se mediatiza. Porque cuando se hace muy público al go, es muy difícil intervenir”.
Sus dichos tuvieron gran repercusión en la comunidad tucumana que repudió a través de redes sociales y comunicados.
Desde Mujeres X Mujeres, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Tucumán, y Católicas por el Derecho A Decidir Argentina manifestaron su preocupación e indignación a través de un comunicado.
En el mismo, mencionan que en marzo realizaron una denuncia penal a Chahla, junto a Elizabeth Ávila -Directora del Hospital Eva Perón -, Tatiana Obeid Pedemonte -Jefa del Servicio de Ginecología de ese hospital – y Gustavo Vigliocco -Secretario Médico del Sistema Provincial de Salud (SI.PRO.SA) – por incumplimiento de deberes de funcionario público (art. 248 y/o 249 C. P.), por su actuación en el caso de la niña de 11 años.
Esta investigación, “que busca responsabilizar a quienes desde un lugar de poder violaron el derecho al aborto de “Lucia””, está radicada desde el día 7 de marzo de 2019 ante la Fiscalía especializada en Delitos Complejos, bajo la carátula: “Personal del Hospital Eva Perón y otros s/incumplimiento de deberes de funcionario s públicos”.
A esta denuncia adhirieron también la asociación contra la Violencia Institucional, Red Abogadas Feministas, Observatorio contra el Acoso, Fundeps y Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina.
Luego de los dichos de la ministra, “incorporamos a la causa la nota periodística como hecho nuevo, a fin de que se la cite a declarar sobre los mismos”, comunicaron en el escrito.
Para las organizaciones denunciantes, los funcionarios incumplieron “los deberes que todo funcionario público que preste servicios sanitarios tiene: deber de respetar la autonomía, deber de brindar información, deber de asegurar la asistencia sanitaria y deber de garantizar el trato digno y respetuoso, libre de violencias, que garantice el deber de resguardar la confidencialidad e intimidad en la atención de interrupción legal de embarazo”.
Además, recordaron que, recientemente, el Estado Argentino en una Audiencia Temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 27 de septiembre reconoció las violencias y la violación de derechos de “Lucia”.
Para finalizar, exigen que el Ministerio Publico Fiscal y el Poder Judicial de Tucumán investiguen las violencias acontecidas en la atención sanitaria, como así también la posible comisión de los delitos denunciados, “para evitar así nuevas violaciones a los derechos humanos hacia las niñas, adolescentes y mujeres tucumanas se cometan”.
