Organizaciones sociales y de mujeres reiteraron a la Legislatura la solicitud de adhesión a la ley 25.673 de Creación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable.
Esperando un tratamiento “expres”, tal como se le dio a la declaración de la provincia como “provida”, desde las organizaciones sociales que apoyaron el debate por la legalización del aborto, reiteraron la solicitud de adhesión a la Ley 25.673, de Creación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, del año 2002, a la cual la provincia aún no adhirió.
En marzo el año 2016, la legisladora Stella Maris Córdoba presentó un proyecto de adhesión. El lunes 24 de octubre de ese año, la Legislatura tucumana lo iba a tratar en el recinto, pero desapareció del orden del día.
Soledad Deza, de Católicas por el Derecho a Decidir, Noelia Aisma, de Mujeres x Mujeres, Marieta Urueña Russo, de Fundación Frente de Trabajadores por la Justicia, Alejandra del Castillo, de Plenaria de Trabajadoras y otras organizaciones que integran el Foro Tucumano por la Salud Sexual y Reproductiva de las mujeres, solicitaron que se incorpore a la Agenda Parlamentaria el tratamiento de la adhesión, que de no tratarse perdería estado parlamentario y debería volver a presentarse.
Con preocupación, en el escrito afirmaron que “Tucumán es la única provincia que aún no adhirió a esta normativa. A ello se suma que nuestra provincia supera la media nacional de embarazos adolescente y que la carencia del marco normativo aludido obstaculiza la implementación política del acceso a la salud sexual de la población”.
Entre los objetivos de la ley que el texto consigna figuran: “disminuir la morbimortalidad materno-infantil; prevenir los embarazos no deseados; promover la salud sexual de los adolescentes; contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, de VIH/sida y patologías genital y mamarias; y garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y a la procreación responsable”.
La legislación apunta a tres ejes: provisión gratuita de información y métodos anticonceptivos para toda la población, campañas públicas de difusión sobre los derechos sexuales y reproductivos, y capacitación a efectores de salud.
Durante el debate por la legalización del aborto, oficialistas y opositores admitieron que el Estado provincial está “en deuda” con un aspecto ligado a la prevención del aborto. Tucumán no solo no adhirió a la ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, tampoco lo hizo a la de Educación Sexual Integral (2008).
“No tengo conocimientos en profundidad en cuanto a la ley a la que se busca adherir, pero si hay consenso en Parlamentaria se incluye (el tema) en el orden del día”, manifestó el vicegobernador Osvaldo Jaldo, consultado por La Gaceta.
El martes de la próxima semana se podría definir el futuro de la salud sexual de la población tucumana.
