La provincia nunca adhirió al protocolo anterior. Sin embargo Manzur aseguró que la normativa que autoriza las interrupciones legales del embarazo “se aplica en los centros de salud provinciales”. El jueves habría una reunión con todos los titulares de las carteras sanitarias de las provincias.
Luego de que saliera por boletín oficial el protocolo sobre la Interrupción Legal del Embarazo redactado por el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, ministros y ministras de Salud del país realizaron declaraciones mediáticas al respecto.
En Tucumán, la ministra Rossana Chahla no se pronunció hasta el momento. Si lo hizo el gobernador de la provincia, Juan Manzur quien expresó que “vamos a estudiar” el nuevo protocolo a la vez que señaló que las Interrupciones Legales de Embarazo (ILE) se practican en centros de salud provinciales.
“Lo vamos a leer, lo vamos a estudiar”, aseguró Manzur. “Esto ya está previsto en la ley en las mujeres que son violadas o cuando corre riesgo la vida de la madre; no hay nada nuevo en esto. De todos modos lo vamos a ver y si está dentro de lo previsto por la ley lo vamos a analizar”, añadió sin dar una definición concreta de la postura que tomará la provincia que fue declara pro-vida por la legislatura durante el debate por la legalización del aborto en 2018.
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Quienes si se apresuraron para manifestar su oposición a la actualización del protocolo para la atención integral de personas con derecho a la interrupción legal del embarazo fueron los integrantes del bloque de Fuerza Republicana: Ricardo Bussi, Horacio Vermal, Nadima Pecci y Mario Gerardo Huesen.
Ayer presentaron en la Legislatura un un proyecto para declarar “el rechazo a la resolución Nº 1/2019”. En igual sentido se declararon Raúl Albarracín y Walter Berarducci.
Por su parte, Manzur se comprometió “a luchar por los derechos de las mujeres en lo que hace a generar equidad, oportunidades y desterrar todo lo que tiene que ver con la violencia sobre la mujer. Es parte del trabajo que venimos llevando adelante y lo venimos haciendo desde siempre así que en ese sentido cuenten con Tucumán”, afirmó el gobernador.
El legislador Federico Masso, de Libres del Sur, fue el único que celebró la resolución del Ministerio de Salud nacional e instó al Gobierno local a sumarse. “La Provincia tiene que ponerse a derecho. No es una discusión moral, es una cuestión legal. La interrupción legal del embarazo existe desde 1921”, planteó.
Deudas pendientes
Tucumán es una de la provincias junto con Santiago del Estero y Corrientes que figuran sin protocolo propio ni adheridas al nacional. Los obstáculos que deben sortear las mujeres y niñas para acceder a una interrupción legal del embarazo dentro de las causales que establece el Código Penal quedaron al descubierto con el caso de “Lucía”, una niña de 11 años que ingresó al Sistema de Salud Provincial cursando un embarazo producto de una violación y la intervención fue dilatada más de un mes, poniendo en riesgo la vida de la niña.
Además, los médicos que realizaron la práctica a pedido del Ministerio de Salud de la Provincia, fueron denunciados e investigados por la Fiscal Adriana Giannoni, por el delito de homicidio. Tampoco hubo declaraciones por parte de la ministra en este caso, siendo que los médicos actuaron bajo las órdenes específicas del SIPROSA.
Profesionales de la salud, que prefieren no dar su nombre por miedo a represalias, que cumplen con el protocolo de aborto no punible, afirman que la Justicia en la provincia amedrenta los médicos que realizan la práctica.
En declaraciones radiales, el ministro expresó que “cuando una provincia no adhiere al protocolo en el fondo está obstaculizando el cumplimiento de la ley”.
Además, anunció que el próximo jueves 19 habrá una reunión con todos los y las titulares de las carteras sanitarias de las provincias para tratar la actualización del protocolo de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE).
