En una entrevista, el ministro fiscal Edmundo Jiménez apuntó contra el poder Judicial. “La justicia tiene hoy un problema con la aplicación de las condenas. No está aplicando condenas. Ésto hace que haya más delitos”. El impulsor de la ley que prevé la prisión preventiva para “motochorros” y “rompevidrios”, defendió la constitucionalidad de la misma.
El aumento del delito en la provincia es uno de los temas que más preocupa al gobierno y la ciudadanía. Ante esta situación, la semana pasada la legislatura sancionó una ley que prevé la prisión preventiva para “motochorros”, “rompevidrios” y “escruchantes”. Ésta medida está en la cuerda floja, ya que un fallo de segunda instancia sobre un caso de revocación de prisión preventiva habilitaría planteos similares.
Efectivamente, en el día de ayer, hubo presentaciones similares en distintos casos, alertando sobre la fragilidad de la medida.
Desde el Ministerio Público Fiscal, precedido por el ministro fiscal Edmundo Jiménez, anunciaron que evalúan solicitar la invalidez de la sentencia de la Cámara de Apelaciones, a través del recurso procesal. “Se trata de un fallo que impone mayores requisitos para dictar una prisión preventiva, que es lo que la ley persigue. Y estos requisitos son que se escuche a la persona que va a estar detenida y a su defensor en una audiencia. Estamos viendo y analizando qué posibilidades tiene el Ministerio Público de recurrir este fallo y, seguramente, vamos a opinar en los recursos de hábeas corpus, porque institucionalmente nos corresponde”, explico en una entrevista en La Gaceta Play.
El caso
Los guardiacárceles están detenidos en el marco de la investigación del homicidio de Rubén Alejandro Medina cuando estaba detenido en una comisaria, ocurrido en diciembre de 2015. La fiscal Adriana Giannoni había solicitado la prisión preventiva para ambos, aunque luego los abogados defensores de los imputados, apelaron el fallo judicial que había hecho lugar al requerimiento.
La Cámara de Apelaciones decretó días atrás la inconstitucionalidad de esas medidas cautelares, debido a que no se había respetado el derecho del imputado o el patrocinador de plantear su oposición al pedido de la Fiscalía de Instrucción, en una audiencia.
Según Jiménez, la ley que prevé la prisión preventiva no sería inconstitucional ya que tuvieron en consideración los incisos del artículo 284 del código penal procesal de la provincia. Este articulo prevé la prisión preventiva cuando haya indicios de que el imputado tratará de eludir la acción de la justicia o entorpecer su investigación. “Entendemos que en ambos casos que existen esas condiciones, por lo que fundamos el proyecto en esos requerimientos para que no tenga los vicios de la inconstitucionalidad.”
Según el ministro fiscal, si se aplican más condenas se va a disuadir de cometer delitos. “La justicia tiene hoy un problema con la aplicación de las condenas. No está aplicando condenas. Ésto hace que haya más delitos. Si nosotros empezamos a aplicar las condenas, que es lo que pretende la ley está que dictaron, va a disuadir a los que cometen delitos, van a cometer menos”, explicó.
Consultado sobre la sobrepoblación carcelaria y como impactaría la ley en ese tema, el ministro respondió que: “En un primer momento vamos a tener más detenidos, pero yo creo que esto va a ir disminuyendo. Porque lo que estamos combatiendo es el delito, lo que queremos evitar que se cometa es el delito”. Y añadió que para combatir el crimen hay que “tener creatividad y trabajar conjuntamente”.
Crisis carcelaria
Por su parte, el ministro de Seguridad de la provincia, Claudio Maley, se refirió a la problemática de la sobrepoblación de presos en las comisarías de Tucumán y confirmó que ya comenzaron las obras para solucionar este inconveniente. “En las comisarías tenemos alrededor de 700 presos alejados y se están realizando algunas adecuaciones para ir mejorando la habitabilidad de las personas privadas de su libertad. La comisaría quinta ya se ha derrumbado y se ha comenzado a construir una nueva. También se van a hacer refacciones en las comisarías 10, 11 y 12. También se va a iniciar la construcción del edificio de la comisaría tercera y se iniciaron las refacciones en Delfín Gallo y Los Aguirre. No obstante, tenemos ocho dependencias más en la periferia de San Miguel de Tucumán”, dijo el funcionario.
La ampliación del penal de Villa Urquiza consta de 5 módulos con una capacidad de alojamiento de 90 personas cada uno. El Gobernador tomará la decisión de cómo se iniciará el emprendimiento de esta obra.
