Por Sofía Romera
En el Tribunal Oral Federal de Tucumán, el martes 3 de diciembre, arrancó el juicio por la apropiación un niño nacido cautiverio entre mayo y junio de 1976, mientras su madre se encontraba secuestrada en la cárcel de Villa Urquiza, donde funcionaba un centro clandestino de detención (CCD). Es el primer proceso judicial por delitos de lesa humanidad de estas características que se lleva adelante en la provincia y en el NOA.
El juicio a cargo de los jueces, Enrique Lilljedahl, Ana Carina Farías y Abelardo Jorge Basbús, tiene como imputado a Santo González quien se desempeñaba como guardiacárcel del penal de Villa Urquiza y está acusado de la sustracción y apropiación de Mario Daniel N (se utiliza una inicial para hacer mención del apellido con el fin de resguardar la identidad de su madre, quien fue víctima de abusos sexuales).
En 2021, como parte de esta causa, además de González fueron imputados otros dos miembros del Servicio Penitenciario, Daniel Arturo Álvarez y Francisco Alfredo Ledesma, quienes ya fallecieron. Todos ya habían sido condenados por delitos de lesa humanidad.
Mario Daniel recuperó su identidad en el 2015, a sus 38 años cuando pudo conocer a su madre biológica y se convirtió en el nieto 119 restituido por Abuelas de Plaza de Mayo.
El fiscal Pablo Camuña, quien lleva adelante la acusación junto a la fiscala auxiliar Valentina García Salemi señaló durante la presentación de la causa que en 1975, S.A.N, madre de Mario Daniel tenía 19 años cuando fue secuestrada de la vía pública mientras regresaba de su trabajo, por un grupo de personas vestidas todas con ropa color azul.
En esos momentos la mujer tenía dos hijas. Los secuestradores la introdujeron en un carro de asalto y la llevaron a una comisaría ubicada en el Parque 9 de Julio, luego a la Jefatura de Policía y, finalmente, fue trasladada y alojada en el penal de Villa Urquiza.
En ese CCD S.A.N estuvo siempre aislada en una celda de castigo conocida como “chancho”, y con los ojos vendados sin contactos con otras mujeres ni varones también allí detenidos. Fue torturada, abusada sexualmente y violada en múltiples oportunidades. Esos hechos fueron perpetrados por el personal a cargo de la custodia de los presos políticos en el penal, de los cuales S.A.N. pudo identificar al director del penal Marco Fidencio Hidalgo, su mano derecha el cabo Miguel Ángel Carrizo, Augusto Wertel Montenegro y otros que formaban parte de lo que se conocía como la “patota“, que respondía a Hidalgo. Santo González, imputado de esta causa, también formaban parte de la patota.
A causa de las violaciones, S.A.N quedó embarazada y fue mantenida en cautiverio mientras se desarrolló su embarazo. Cuando la mujer comenzó con el trabajo de parto fue sacada del lugar donde estaba alojada y llevada a otro salón del penal, por el cabo Carrizo. En ese salón fue atendida por una persona que no pudo saber si era médico o enfermero, que le hizo un tacto y luego la dejó tirada en un colchón en el piso para que realice el trabajo de parto en condiciones infrahumanas, hasta que nació su hijo.
Durante todo el parto la mujer permaneció con los ojos vendados y custodiada, una vez que nació el bebé fue envuelto en una manta y apartado de ella, no le permitieron ni verlo ni tener ningún tipo de contacto con él. En su declaración S.A.N contó que, aunque no pudo ver a su hijo cuando lo escuchó llorar supo que era varón.
Tras el parto, la mujer sin recibir ningún tipo de asistencia médica fue devuelta a su lugar de detención y horas más tarde, cuando se hizo de noche, la subieron a un vehículo junto a otras personas y la dejaron en una ruta, donde fue encontrada por unas personas que la llevaron al hospital psiquiátrico Nuestra Señora del Carmen, y el director del lugar, el Dr. Corrales, la ayudó a retomar el contacto con su familia para regresar a su casa.
Resulta fundamental destacar que los delitos de lesa humanidad de los que fue víctima S.A.N quedaron acreditados en el juicio conocido como Villa Urquiza, que se llevó adelante en la provincia durante el 2014.
Apropiación del niño
Tras ser separado de su madre, el bebé fue entregado a José Espinosa López, que por medio de un matrimonio compuesto por Celia Magdalena Jordán y Miguel Ángel Amado, tomó contacto con Alcides Santiago Bravo y su esposa Cecilia Magdalena Raggiardo, de la ciudad de Las Rosas, provincia de Santa Fe, a quienes le dieron finalmente el niño.
Raggiardo y Bravo inscribieron al bebé como su hijo biológico y en la partida de nacimiento con contenido apócrifo (hoy anulada) figuraba inscripto como Mario Daniel Bravo, nacido el 6 de mayo de 1977 en Las Parejas, también en Santa Fe. De acuerdo con la investigación Bravo y Raggiardo le habrían pagado a Espinosa López una suma de dinero a cambio del menor.
Nieto 119, restitución de su identidad
Ayer Mario Daniel N prestó declaración ante el tribunal y contó cómo comenzó la búsqueda de su identidad.
“Desde muy chico sospeché que mis papás de crianza no eran mis verdaderos padres, siempre estuvieron latentes esas dudas, había muchas cosas que no concordaban, sin embargo, tenía muy buena relación con ellos y traté de no interrogarlos sobre mi origen”, señaló Mario Daniel.
Las dudas se profundizaron cuando Mario Daniel dejó Las Rosas para mudarse a Rosario y empezar con sus estudios universitarios “ese mundo me abrió una persiana nueva, me permitió encontrarme con cosas que no había escuchado en mi vida sobre la dictadura, robo de bebés, torturas. Todo eso me abrió nuevas preguntas con respecto a mi identidad”.
Mario Daniel no pudo concluir sus estudios y tuvo que regresar a vivir a su casa en Las Rosas porque Bravo había enfermado.
En el año 2015 “cuando mi padre ya había fallecido y mi madre tenía 85 años, me animé a dar el paso: decidí mandar un mail a Abuelas de Plaza de Mayo. Desde ese momento comenzó el intercambio de mails con la Asociación y mientras esperaba visitaba la página web, me comparaba con la foto de las personas desaparecidas para ver si encontraba algún parecido”.
El 5 de agosto Mario Daniel recibe un llamado para realizarse una extracción y poder comparar su sangre con las muestras del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Para ese entonces tenía 38 años estaba casado y tenía dos hijas.
A finales de 2015 recibió la noticia: “me dijeron que los resultados habían dado positivo y habían encontrado a mi mamá que vivía en San Miguel de Tucumán. Yo estaba preparado para encontrar una abuela, un hermano, tío, nunca esperé que sea mi mamá. Simultáneamente le estaban comunicando a ella que 38 años después habían encontrado a su hijo que había tenido adentro de la cárcel”.
Madre e hijo hablaron por teléfono primera vez “ella me dijo: hijo cuando naciste lo único que pude escuchar fue tu llantito porque estuve con los ojos vendados todo el tiempo y después te llevaron. Hoy escucho tu voz de hombre y te prometo que no nos van a volver a separar”, recordó la víctima y manifestó “a pesar de todo lo que le pasó, el amor en ella estaba presente”.
El debate continuó hoy con las declaraciones de Mariana Herrera Piñero, directora del Banco Nacional de Dato Genéticos desde mayo del 2015; Julieta Ramasco de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y Fabiana María Rousseaux quien se dedica a la asistencia de las víctimas del terrorismo de Estado y se desempeñó como directora del Centro Fernando Ulloa. Todas las testigos tuvieron participación y brindaron asistencia en los casos de S.A.N y Mario Daniel.
Actúan como querellantes las abogadas de Abuelas de Plaza de Mayo, Patricia Chalup y Carolina Villella, en tanto la defensa de González es ejercida por el defensor oficial Mariano Galleta.
El tribunal informó que hoy a las 9.30 las partes deberán comenzar con la exposición de sus alegatos y luego se conocerá la sentencia.
