En los últimos días, movimientos socioambientales e indígenas de Tucumán manifestaron su preocupación ante la posible derogación de la Ley 7879, que desde 2007 prohíbe la minería metalífera a cielo abierto en Tucumán, y la adhesión de la provincia al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. La ley 7879, fruto de años de lucha, impide el uso de sustancias químicas como el cianuro y el mercurio en actividades extractivas, y es un paraguas de protección contra proyectos megamineros en la región.
“Ya lo veníamos advirtiendo: se va a derogar la ley que prohíbe la minería metalífera”, señaló Freddy Carbonel, referente de la organización ProEco Grupo Ecológico y activista de la red Acción por el Buen Vivir, en una entrevista con La Nota. El 23 de agosto, el Gobierno Nacional oficializó la reglamentación del Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones (RIGI), aprobado en el marco de la ley de Bases.
El 14 de septiembre, la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura provincial, que preside Carlos Gallia, dio dictamen favorable al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, que además impulsa la derogación de la Ley 7.879 que prohíbe la minería metalífera.
En este contexto, desde las organizaciones impulsan una campaña para juntar firmas para frenar la derogación de esta ley y presentaron sendas notas a la Legislatura de Tucumán a fin de conocer los avances del tratamiento de la adhesión.
Bienes comunes o recursos naturales
“Este tipo de inversiones requieren grandes cantidades de dinero, pero el costo para el ambiente y las comunidades es altísimo“, advirtió Carbonel.
Los movimientos socioambientales continúan su lucha. Presentaron una nota en la Comisión de Medio Ambiente de la Legislatura de Tucumán y planean una nueva presentación ante el Ejecutivo provincial. “Nos están imponiendo un modelo extractivista que no solo atenta contra los recursos naturales, sino también contra nuestros territorios y nuestros cuerpos“, afirmó Freddy.
“Ningún estudio de impacto ambiental serio puede hacerse en los tiempos estipulados a la hora de habilitar la incorporación de unidades productivas al RIGI. Es un esquema de zonas económicas liberadas al extractivismo, con exención fiscal e inmunidad legal”, agregó.
La situación es preocupante, ya que los antecedentes en provincias vecinas como Catamarca demuestran que la minería no garantiza el bienestar de la población local, sino que beneficia a grandes empresas. “Nosotros seguimos hermanados con las luchas de otros territorios afectados por estos proyectos y estamos evaluando próximas acciones de protesta”, concluye Freddy.
En ese sentido, Carbonel mencionó la explotación de la Minera Alumbrera YMAD que contaminó la cuenca Sali Dulce y que ahora continuaría con el proyecto minero MARA Minera Agua Rica – Alumbrera de la empresa Glencore que usaría infraestructura nuevamente en territorio tucumano.
“Tenemos que preguntarnos el RIGI para qué, para quién y cómo”, señala Carbonel. “¿Esto sirve para el pueblo? No, sirve para las megacorporaciones. Lamentablemente está avalado por la mayoría de los sectores políticos”.
Por último, el referente se refirió a la realidad actual en donde el Estado provincial “no puede controlar un incendio de Cañaveral. ¿Crees que van a poder controlar a un megaproyecto de infraestructura o de saqueo como estos que se proponen?”.
Convocatoria a la movilización y adhesión a la causa
Actualmente, la red “Acción por el Buen Vivir” y otros movimientos sociales están evaluando una movilización en caso de que se concrete la adhesión del gobierno provincial al régimen nacional de incentivo a la megaminería. Mientras tanto, invitan a la población a firmar el formulario en defensa de la Ley 7879.
