La denunciante es una mujer que se acercó en 2017 a pedir ayuda por una situación de violencia de género al legislador del partido fundado por el condenado por delitos de lesa humanidad Antonio Domingo Bussi. El abuso habría sucedido en la Legislatura de Tucumán en mayo de este año. La mujer se encuentra bajo resguardo, después de haber ratificado su denuncia ante la Justicia. Además denunció haber sido víctima de amenazas y operaciones difamatorias.
Ricardo Bussi, hijo del genocida Antonio Bussi y actual legislador provincial de Fuerza Repúblicana, fue denunciado en la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de María del Carmen Reuter, por un abuso sexual que habría sucedido en su despacho dentro de la Legislatura. La denunciante, que recibía una ayuda social del político tucumano, ahora se encuentra refugiada junto a su familia después de que habría recibido intimidaciones. En su declaración, la mujer hizo alusión a otros actos ilícitos que comprometerían a Bussi.
En su denuncia, la mujer de 26 años relata que fue víctima del abuso sexual en el despacho del legislador en los primeros días de mayo.
Como en otros casos cuando se revelan abusos o acosos sexuales de políticos, la mujer fue denunciada el 15 de mayo por el legislador por un presunto fraude de una ayuda social por la pandemia. La denuncia fue radicada ante el comisario Fernando Paz, jefe titular del departamento policial de la Legislatura.
Bussi, también afronta actualmente una causa en la Justicia Federal por presunta propagación del coronavirus, después de haber participado de una sesión en la Cámara con signos de haber sufrido la enfermedad. En las últimas semanas denunció también ser víctima de una operación política y asegura que nunca tuvo el virus.
Misma excusa utilizó luego de sus dichos sobre la violencia de género y los femicidios en el marco del debate por la adhesión de Tucumán a la Ley Micaela. El legislador, conocido por sus posiciones conservadoras y antiderechos, fue uno de los que se negó rotundamente a la adhesión a la ley que establece la obligatoriedad de las capacitaciones en violencia de género y perspectiva de género. Además, en una entrevista radial, desconoció los femicidios como delitos.
El legislador acumula dos denuncias en el Inadi por referirse de manera discriminatoria al colectivo trans/travesti.
Las denuncias por violencias de género en la política tucumana son cada vez más frecuentes, y su visibilidad toma mayor repercusión. No se traducen en resoluciones con debida diligencia, ni en pedidos de investigación o repudios de pares. Tampoco en campañas públicas contra esta problemática social arraigada en el poder político. Muchas veces se dejan estos casos en el ámbito de lo privado, sin importar que se trate de prácticas naturalizadas y muchas veces conocidas por otras personas.
Horacio Vermal, otro bussista, fue denunciado por violencia contra su pareja, y la Justicia le impuso una restricción de acercamiento. El senador José Alperovich es investigado en dos jurisdicciones, por abusos sexuales con acceso contra su sobrina y ex-empleada. También el ex diputado y actual intendente de Famaillá, José Orellana está procesado por acoso sexual a una secretaria. Una exempleada de la Legislatura de Tucumán denunció por acoso sexual al ex legislador radical Ariel García.
