Desde la Red Par Salta, una red federal de periodistas y comunicadoras/es que hacen foco en la perspectiva de género, manifestaron su preocupación ante el tratamiento mediático del caso de la médica salteña que fue detenida por garantizar una interrupción voluntaria del embarazo. El caso salió a la luz la semana pasada y se vulneraron los derechos a la privacidad y la intimidad de la paciente que había solicitado la interrupción del embarazo.
El Código Civil, en su artículo 1071 bis, agregado por la ley 21.173 expresa que “el que arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena publicando retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a otro en sus costumbres o sentimientos, o perturbado de cualquier modo su intimidad y el hecho no fuere un delito penal, será obligado a cesar en tales actividades, si antes no hubieren cesado, y a pagar una indemnización que fijará equitativamente el juez, de acuerdo con las circunstancias; además, podrá éste, a pedido del agraviado, ordenar la publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar, si esta medida fuese procedente para una adecuada reparación”.
“Hoy más que nunca queremos difundir este artículo para impulsar a la reflexión de medios y colegas locales, ya que en el caso de la Interrupción Legal del Embarazo realizada en Tartagal de ninguna manera se ha cumplido”, expresaron desde Red Par, Periodistas de Argentina en Red Por una Comunicación No sexista.
“El morbo y la espectacularización sobre las acciones de las mujeres urge que sea eliminado de las prácticas profesionales periodísticas. El abordaje mediático de un tema tan complejo y polémico como lo es la Interrupción Legal del Embarazo no hace más que poner sobre el tapete la necesidad de generar información veraz, clara y en el respeto a la normativa vigente”.
Por último, responsabilizaron a la Justicia de Salta que, “a través de fiscales como Gonzalo Vega, jueces como Mariscal Atigueta y abogados como Rambert Ríos manipulan la información, generando desinformación y contribuyendo con la connivencia a los intereses de grupos antiderechos militados por legisladoras como Claudia Subelza y Cristina Fiore”.
