El poseedor del lote sería Héctor Reyes Corvalan, quien sufrió heridas de gravedad y se encuentra internado con quemaduras en todo su cuerpo y heridas de bala de goma. Según denunciaron, el ataque está enmarcado en la acción de terratenientes contra pequeños campesinos.
El pasado viernes 12 de octubre, día en el que se cumplieron 9 años del asesinato del comunero indígena Javier Chocobar en el marco de un conflicto territorial, un hecho similar sucedía en la provincia vecina de Santiago del Estero.
La Pastoral Social y de Derechos Humanos de la iglesia de Santiago del Estero denunció que en el paraje Suncho Pampa el campesino Héctor Reyes Corvalán “sufrió un violento ataque con balas de goma y quemaduras en gran parte de su cuerpo por parte de un empresario que hace tiempo viene avasallando la dignidad y derechos de las familias campesinas que ancestralmente son dueñas de sus tierras”. Corvalán fue trasladado de manera urgente a Tucumán, con diagnostico grave, y se encuentra alojado en terapia intensiva desde entonces.
Desde el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) explicaron que la jueza María Cecilia Paskevicius, del Juzgado Civil de Tercera Nominación, ordenó el desalojo de la familia campesina. El operativo contó con aproximadamente diez policías, dos oficiales de justicia y el empresario cordobés Néstor Quesada al que seguían dos camionetas con gente a su cargo.
En el desalojo se registraron destrozos y Corvalán recibió disparos de tacos de goma y sufrió gravísimas quemaduras. Además, mataron a sus perros y desaparecieron unas 200 cabezas de ganado.
“Mi marido tiene 56 años. Es nacido y criado en las tierras del paraje Suncho Pampa, departamento de Pellegrini, provincia de Santiago del Estero, de donde quieren desalojarnos. Allí también vivió su padre y todos sus hermanos. Nunca habíamos tenido problema, hasta que empezaron a ingresar a nuestras tierras con topadoras, nos mataron los animales y nos voltearon los hornos. Quesada dice haberlas comprado; no sabemos a quién, si somos nosotros los que tenemos los planos y somos nosotros los que pagamos las boletas”, expresó María Rosa Frías, la mujer de Corvalán, a Página12.
El conflicto por este territorio data de agosto del 2012, con el empresario cordobés Néstor Quesada. Las hectáreas en conflicto son un total de 270, y serían de Héctor Reyes Corvalan, María Rosa Frías, Ramón Díaz, Ana Corvalan, José Luis Corvalan. Las familias conjuntamente con organizaciones zonales, la Mesa Parroquial de Tierra Nueva Esperanza vienen resistiendo el desalojo, y denunciaron que durante todos estos años fueron víctimas de amenazas de muerte con armas de fuego, daño en el campo, incendio de cercos, matanzas de animales, todas situaciones que fueron denunciadas.
