Un decreto nacional, una media sanción para un proyecto de ley, una ley provincial y una ordenanza municipal. Sin embargo, la inclusión laboral a personas travestis y trans sigue siendo letra muerta en el papel. ¿Qué tiene que suceder para que se concrete?
Hace pocos días, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de Ley de Promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero, con 207 votos a favor, 11 en contra y 7 abstenciones. Falta la última palabra del Senado para dar fin a un proceso de años de lucha por parte del colectivo travesti trans en particular y de la diversidad en general. Este proyecto lleva los nombres de dos referentes travestis de nuestro país, Diana Sacayan y Lohana Berkins, quien hoy estaría cumpliendo 56 años.
Ella y otras tantas travestis y trans dieron comienzo a la lucha por el reconocimiento de derechos humanos del colectivo. Ella, como travesti salteña, migrante en CABA, entendía como nadie lo que significa la exclusión y la necesidad de tener trabajo.
Además del decreto presidencial que rige para todas las instituciones nacionales, en Tucumán contamos desde el año 2020 con una Ley Provincial de inclusión laboral trans y con una ordenanza de la municipalidad de San Miguel de Tucumán en el mismo sentido. Esto quiere decir que formalmente ya se dieron los debates y se hicieron las consideraciones sobre este tema.
Es hora de implementarlo.
Tenemos ahora la posibilidad de dar los primeros pasos concretos en favor de la igualdad, y eso requiere de sinceridad, compromiso y velocidad. No hay tiempo para esperar años a que se aplique el cupo en todas las dependencias del Estado, la ley de cupo no es solo de índole simbólica, necesita que se cumplan de modo efectivo cuanto antes.
En julio de este año se cumple un año de la aprobación del cupo en San Miguel de Tucumán y aún no se llamó a formar un padrón de aspirantes ni se hizo ninguna gestión clara para su implementación.
La idea del cupo surge como una medida ejemplar para que todas aquellas personas trans que fueron excluidas del sistema tengan la oportunidad de un trabajo formal, que las ayude a tener acceso a otros derechos mínimos y que haga que trabajar en la calle deje de ser el único destino de una mujer trans/travesti.
Por supuesto que vale para todas las identidades del espectro trans y no binario, y más aún teniendo presente nuestra Ley de Identidad de Género 26.743. En este sentido, es oportuno que los criterios para la implementación del cupo laboral tengan una mirada interseccional y conserven el espíritu de esta ley.
Si solamente acceden a puestos de trabajo personas trans, que cumplan todos los requisitos, como por ejemplo no tener antecedentes penales y contar con estudios universitarios, estaremos otra vez dejando afuera a aquellas personas que fueron criminalizadas por la policía, violentadas en la noche y expulsadas del sistema educativo durante el día.
Y no se trata de hacer una jerarquía más dentro de todas las jerarquías que ya tenemos. De hecho, ese modo de ordenarlos y percibirnos nos trajo hasta aquí, e hizo que tengamos que poner por ley que las personas trans merecen un trato digno. De lo que se trata es de pensarnos desde nuestras diferencias y oportunidades, y sobre todo, se trata de que el Estado revierta este destino final que la sociedad le ha fijado a las mujeres trans y travestis, y también por supuesto que el cis-tema se modifique. No hay margen para partidismos ni medias tintas.
Para algunas ya es tarde, en términos de edad, y tendremos que exigir una reparación histórica y una jubilación. Para otras significa empezar un nuevo trabajo por primera vez y tenemos que hacer todo lo posible para que eso pase.
Si el Estado pone a la comunidad LGBTI a pelearse entre sí por unos pocos puestos de trabajo, no estará incluyendo sino sometiéndose a la peor de las batallas, la que se da entre oprimidos. Si el Estado habilita puestos de trabajo y los criterios no tienen en cuenta la historia, la trayectoria de las performance del género de las personas y el sentido primigenio del cupo, corremos el riesgo de haber cambiado todo para que nada cambie.
Y otra vez la injusticia, y otra vez el destino marcado para las feminidades travestis y trans.
Las primeras veces que escuché hablar a Diana Sacayán y a Lohana Berikins y otras tantas activistas travestis sobre el cupo, escuché el argumento del promedio de vida del colectivo trans: de entre 35 y 40 años. Lo repetimos desde entonces, quizás de tanto repetirlo lo naturalizamos, le quitamos el contexto y al hacerlo le quitamos la razón de ser de esa promedio. Es nuestra violencia histórica, sistemática y concreta sobre cuerpos concretos, sobre historias de vida particulares y sobre muertes de seres humanos la que formó alguna vez el cálculo que dio promedio de vida.
Y es precisamente por eso que el Estado tiene que dar una respuesta histórica. Después de todo, tenemos que agradecer que estén pidiendo trabajo y no venganza por tanto daño cometido, por tanta injusticia.
Por las que ya no están, por las que aún están y siguen sin derechos, por las que vendrán.
No hay más tiempo, es ahora, trabajo para todas.
-Nota final- Quien escribe estas palabras es un hombre cis gay, activista, universitario, marrón, gordo y monotributista.
