Esta es la pregunta que motivó a la Fundación Mujeres por Mujeres a solicitar información al Ministerio de Salud de Tucumán sobre el acceso a estas prestaciones en tiempos de pandemia por COVID-19.
El día 25 de marzo, días después del DNU del Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio, la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación indicó como “prestaciones esenciales” el acceso a métodos anticonceptivos y a la ILE (interrupción legal del embarazo) en todo el país.
Ante esto y con el objetivo de conocer el funcionamiento del Plan ENIA y del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable durante el ASPO, la Fundación Mujeres por Mujeres esgrimió un pedido de informe a la ministra de Salud, Rossana Chahla.
Para que el Ministerio “informe si hubo reestructuración, reorganización y/o cualquier manifestación del ejercicio del ius variandi respecto del personal responsable y/o a cargo, como así también quienes prestan servicio dentro de estos programas.
Además la organización está interesadas en conocer “cuáles son los criterios de justicia aplicados para priorizar la situación epidemiológica por sobre la atención de salud sexual y procreación responsable”.
También solicitan mayores detalles de cuáles son las instituciones públicas de la provincia “que garantizan el acceso a la información y la provisión del método anticonceptivo y el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo”.
“Tucumán no adhirió a la ley de Salud Sexual”
El contexto provincial es adverso, incluso anterior a la pandemia por covid-19. “Tucumán es la única provincia que aún no adhirió a Ley N° 25.673, que asegura la provisión gratuita de información y métodos anticonceptivos para toda la población” afirman desde la Fundación presidida por Soledad Deza.
“A ello se suma que nuestra provincia supera la media nacional de embarazos adolescente. Cerca del 20% de los nacidos vivos tienen como madres a niñas de entre 13 y 19 años” agregan.
Según argumentan, Mujeres por Mujeres recibió varias consultas telefónicas exponiendo situaciones diversas de barreras para el acceso a estas “prestaciones esenciales” en Instituciones Públicas de la Provincia,
Este dato “permitiría pensar que la Agenda Sanitaria está abocada totalmente a la cuestión epidemiológica sin contemplar el sesgo de género e intereseccionalidad que supone marginar a la periferia de la política pública la atención de la salud sexual y reproductiva” afirmaron en la públicación de su sitio web.
“Solicitamos se brinde información pública solicitada” finalizan.
