Hace algunas semanas se conoció la denuncia de abuso sexual de una periodista tucumana contra cuatro jugadores de Vélez Sarsfield. Ante esto, el club activó su protocolo de violencia de género separando a Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín del plantel y poniéndolos a disposición de la Justicia.
La Ley Nacional 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, sancionada en 2009, menciona la responsabilidad de las organizaciones deportivas frente a los casos de violencias.
Vélez fue la primera institución en redactar un protocolo en 2018, luego de que AFA diera luz verde para su formulación. Este protocolo abarca situaciones de violencia de género, discriminación, hostigamiento, acoso y abuso sexual y sostiene que “quienes transiten o sean recurso humano del club deben adaptarse a esta norma, cuyos principios rectores son la equidad, la prevención, el respeto, la confidencialidad y el asesoramiento”.
En 2020, Vélez dio un paso más: incorporó una cláusula por comportamiento o violencia de género en todos los contratos. Fue a partir de la contratación de Ricardo Centurión, un futbolista que tenía denuncias previas por violencia de género. Si el jugador no cumplía los lineamientos del estatuto social de la institución o el Protocolo de Violencia de Género podía ser sancionado con la rescisión del contrato.
Antecedentes en el fútbol
En diciembre de 2020, el actual campeón del mundo y en aquel momento jugador de Vélez, Thiago Almada, participó de una fiesta clandestina en el barrio cerrado Camino Real de Boulogne, en San Isidro, dónde vivía el delantero del club, Juan Martín Lucero. En este sitio también estaban como invitados Miguel Brizuela, Ricardo Centurión, ambos con antecedentes, y el ex técnico Juan José Acuña (el principal acusado). Luego de esa fiesta, salió a la luz una denuncia de abuso sexual de una joven de 28 años, contra los jugadores mencionados.
Vélez activó el protocolo de violencia de género y separó a los jugadores del plantel profesional. El club esperó por más pruebas y tomó la decisión de reincorporar a los futbolistas ante la falta de las mismas. La víctima y otras jóvenes que la acompañaban también denunciaron que fueron robadas sus carteras y pertenencias personales, como celulares y billeteras, pero aclararon que los jugadores no estuvieron involucrados en el abuso, aunque sí habrían estado presentes en la vivienda en el momento del hecho.
Finalmente los cuatro jugadores fueron desvinculados de la causa y el único partícipe que hoy está detenido es Acuña, cuando fuera arrestado en julio del 2021, luego de estar prófugo durante siete meses.
Boca y el caso Villa
El Xeneize tardó más en aprobar su protocolo. Recién en 2021 avanzaron con esta medida. Sin embargo, el club no hizo caso de ello particularmente con el caso de Sebastián Villa.
El jugador de Boca, fue denunciado por violencia de género, abuso sexual y tentativa de homicidio por parte de su ex pareja. El acusado ya tenía antecedentes: en abril de 2020 su expareja, Daniela Cortés, presentó una denuncia penal contra el futbolista y la justicia ordenó una restricción perimetral. En un primer momento, el colombiano fue desafectado del equipo, pero luego fue reincorporado. La causa fue elevada a juicio oral en junio de 2021.
Luego de que se conociera la segunda denuncia, el delantero integró el primer equipo que disputó la semifinal del torneo argentino. Sobre el caso Villa opinó el vicepresidente de ese momento, del club, Juan Román Riquelme: “Como profesional nos tenemos que sacar el sombrero con este chico, lo que pasa fuera de la cancha es otro tema”.
El 2 de junio de 2023, Sebastián Villa fue declarado culpable de los delitos de “amenazas coactivas en concurso real con lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género” en perjuicio de Cortés. Recién con ese fallo, la dirigencia de Boca decidió separarlo del plantel y ya no volvió a jugar en el club a pesar de tener contrato hasta fines de 2024.
¿Por qué reaccionaron tarde? De acuerdo a lo que estipula el Protocolo de Prevención y Acción Institucional para casos de discriminación, acoso y violencia por razones de género y orientación sexual de Boca Juniors, la activación del mismo requiere de la presentación de una denuncia de la víctima o allegado a ella ante el Departamento de Inclusión e Igualdad del club.
¿Qué pasa en Atlético y San Martín?
Ambos clubes cuentan con un Departamento de Género como así también con un protocolo.
En 2021, los Decanos establecieron su primer protocolo de violencia de género, mientras que San Martín lo hizo en 2022. Ambos clubes utilizaron como modelo el protocolo de Vélez, quien fue el pionero en este tema, bajo la supervisión de Paula Ojeda, quien es la actual gerente de género de la AFA.
Ambos clubes detallan en sus protocolos los siguientes objetivos: orientar y asesorar, promover acciones de sensibilización, concientizar y visibilizar temáticas relacionadas a situaciones de violencia y llevar un registro de las denuncias para adoptar medidas de prevención y perfección a las existentes. También detallan que el ámbito de aplicación es en el emplazamiento físico del club, no sólo en la cancha sino también del polideportivo y dependencias, fuera del espacio físico del club en donde se desarrollan actividades. Esto se aplica a dirigentes, autoridades, empleados, profesores, colaboradores, asociados y personas que se encuentren o participen en actividades del club.
El objetivo principal del club es cuidar los intereses del mismo y hacer respetar los valores institucionales, en ese sentido, el club puede determinar la suspensión de los deportistas o la suspensión de las personas denunciadas. El club no interviene cuando la causa llega a la justicia, sino que actúa como un puente para que el jugador continúe en su proceso judicial. El club solo puede dictar ciertas sentencias en relación a la actividad de esa persona o la relación que tiene la persona con el club y resguardar la integridad de la denunciante. Este documento también detalla actividades de prevención como conservatorios, talleres, difusión en redes sociales sobre la temática y articulación con distintas instituciones del Estado.
Según fuentes cercanas al club Decano, el problema de su protocolo rige en que la autoridad de aplicación es la Comisión Directiva, la cual no está capacitada para afrontar esta situación, a pesar de contar con su Departamento de Género. Al momento de intervenir y actuar sobre ciertos casos que suceden puertas adentro del club, nace un conflicto de intereses, dado que las personas que asisten al club, de alguna u otra forma, están involucradas con uno u otro dirigente, entonces las causas se esconden debajo de la alfombra.
Por su parte, el Santo aclara en su protocolo que la autoridad de aplicación es el Tribunal Disciplinario, a quien se le acerca un informe de la situación para dictar una resolución y en su caso, aplicar la sanción correspondiente conforme lo que manda el estatuto del club. A su vez, por parte del club detallan que todos los jugadores cuentan con una cláusula en sus contratos donde especifican que si el jugador se ve involucrado en una situación que falte al protocolo, serán apartados del plantel o sancionados dependiendo del dictamen de la Justicia.
Deudas pendientes
Durante los últimos años, más de 20 futbolistas de diferentes clubes, tanto de primera como de la segunda división, fueron denunciados por violencia de género o abuso sexual. En 2021, 14 de los 26 clubes de Primera tenían protocolo de género. En 2023, con dos equipos más en la divisional, el número se fue a 18. Sin embargo, el caso de Boca marca un contraste y el lado deficiente de la medida: la nulidad de un protocolo unificado en los clubes.
Los clubes de fútbol son actores con mucha presencia e influencia en la sociedad, como así también actores esencialmente machistas, violentos y muchas veces, sin escrúpulos. Como institución tienen una gran responsabilidad ante la sociedad en la lucha contra la violencia de género. Los protocolos realizados hasta el momento resultan insuficientes e ineficaces si no existe una verdadera voluntad política de las dirigencias de sancionar y erradicar la violencia.
