Una de las iniciativas propone que el Estado deje de hacerse cargo de los sueldos de curas y obispos, que superan los $40.000. El otro apunta a que se equiparen a lo que percibe un docente.
En un contexto de ajuste, dos proyectos presentados por el radicalismo buscan revisar los salarios de los obispos, que son financiados por el Estado.
Alejandro Echegaray, diputado de bloque UCR-Cambiemos, presentó un proyecto de ley para derogar los decretos de la dictadura que establecen sueldos y pensiones para obispos de la Iglesia Católica. A través de esos decretos, se estipuló una “asignación mensual vitalicia” equivalente al 80% de la remuneración de un juez nacional y un 70% para los auxiliares. También hay una asignación mensual de la categoría 16 de los empleados públicos a curas párrocos o vicarios ecónomos de parroquias situadas en zona frontera, una jubilación mínima a los sacerdotes mayores a 65 años y una contribución mensual de categoría 10 por cada seminarista.
En el programa El Arranque por Radio Zonica, Echegaray dijo que el proyecto “fue producto de un informe que hiciera en su oportunidad el Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, a la Cámara sobre la erogación presupuestaria del Estado en materia de sueldos a prelados”.
“El dinero, en este momento, lo que informó el Jefe de Gabinete, eran 130 millones de pesos”, dijo el legislador. “Esto no tiene que ver con el sostenimiento del culto establecido en el artículo 2 de la Constitución. El Estado argentino ya se compromete con muchas otras cosas con la Iglesia: subsidios a la educación, subsidios al sostenimiento arquitectónicos a los templos, excenciones impositivas”, aseguró.
“Que el conjunto de los ciudadanos argentinos, a través de los impuestos, financie los salarios (de los obispos) era un tema revisable”, dijo el diputado, y agregó que “fueron beneficios otorgados por la última dictadura militar, no tiene nada que ver con el sostenimiento de un culto”.
“No creo, hoy por hoy, que la cuestión de la actividad de la Iglesia se sostenga a partir de estos recursos”, sostuvo el diputado. “El proceso de separación de la Iglesia del Estado se ha dado con el tiempo”, aseguró.
Por otro parte, la diputada Carla Carrizo, del bloque Evolución Radical, presentó un proyecto que apunta a los sueldos de los obispos, pero en vez de eliminarlos propone equipararlos a la remuneración de un docente universitario titular con dedicación exclusiva.
Ambas iniciativas fueron giradas a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Relaciones Exteriores y Culto, que presiden los macristas Luciano Laspina y Cornelia Schmidt-Liermann.
El proyecto del FIT
Los diputados del Frente de Izquierda y de los Trabajadores son quienes hace años embanderan la consigna de “separación de la iglesia del estado”. En ese sentido, los diputados Nicolás del Caño y Nathalia González Seligra fueron los primeros en presentar un proyecto para que se deroguen las normas que establecen el financiamiento estatal de la Iglesia.
En sus fundamentos, la iniciativa asegura que “las prerrogativas que establecen estos privilegios con los que cuenta la jerarquía de la Iglesia Católica, varias de ellas provenientes de decretos impuestos por la última dictadura cívico-militar, son una base legal para aplicar el modus operandi de la impunidad a través del derecho canónico”.
También destaca que el Código Civil pone a la Iglesia Católica en el estatus de “persona jurídica pública” al mismo nivel que el Estado nacional, provincial o municipal, lo que constituye una desigualdad con el resto de las religiones, que son personas jurídicas de carácter privado.
