Con el argumento de que las cárceles están superpobladas, el Servicio Penitenciario Federal dependiente del Gobierno de Mauricio Macri solicitó el beneficio de la libertad condicional o prisión domiciliaria a 96 represores condenados por delitos de lesa humanidad en la última dictadura.
Casi un centenar de represores integran un listado de presos y presas en condiciones de abandonar las cárceles federales bajo los beneficios de la libertad condicional o la prisión domiciliaria.
El planteo fue fechado el 31 de enero y lo realizó el director general del Régimen Correccional del SPF, Fernando Martínez. Incluye a un total de 1111 detenidos, que son parte del excedente que descomprimiría la situación que se vive en las cárceles de todo el país.
La nota con el pedido incluía ocho listados con los nombres de los beneficiados y fue dirigida al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, a cargo del juez de Casación Gustavo Hornos.
La nómina refiere a “internos de lesa humanidad mayores de 70 años” y a otros “autopercibidos como gays, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales”, así como también a personas discapacitadas e “internas alojadas con hijos”. El pedido está fundado en un planteo presentado por la Corte Suprema al Ministerio de Justicia para que descomprima la situación en las cárceles federales.
“Si el Servicio Penitenciario cree que tiene superpoblación, debería liberar a aquellas personas detenidas sin condena con procesamiento por delitos que no ameritan su detención y que no implican ningún riesgo”, dijo por su parte Luis Alén, ex subsecretario de Protección de Derechos Humanos.
Según publicó Infobae, la solicitud también fue enviada a la Defensoría General de la Nación, a la Procuración Penitenciaria y a la cartera al frente de Germán Garavano. El argumento para beneficiar a los represores es su edad, todos tienen 70 años o más.
El “Tigre” Acosta, el “Turco” Julián, Capdevilla, Von Wernich y el ex agente de inteligencia Raúl Gulielminetti, Adolfo Donda y el ex fiscal Gustavo Modesto Demarchi, son algunos de los beneficiados. También hay un ex integrante del Clan Puccio, Guillermo Fernández Laborda, a quien la Corte Suprema condenó en 2015 a prisión perpetua.
“Esto un horror, el gobierno nos está haciendo entrar en un camino peligroso del que después será muy difícil salir porque no tenemos en claro cuáles serán sus consecuencias”, Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
Cortiñas consideró que “cuando se habían logrado encaminar estos casos por la vía judicial, ahora se pretende tirar todo abajo porque al gobierno se le ocurre un plan reaccionario, faltandole el respeto a la lucha del pueblo”.
“Si el Servicio Penitenciario cree que tiene superpoblación, debería liberar a aquellas personas detenidas sin condena con procesamiento por delitos que no ameritan su detención y que no implican ningún riesgo”, dijo por su parte Luis Alén, ex subsecretario de Protección de Derechos Humanos.
