El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó a través de un comunicado su preocupación el “acoso judicial” que estaría recibiendo la periodista Irene Benito.
“La colega de La Gaceta fue citada a declarar como imputada en una causa penal que inició un abogado designado con el rango de subsecretario del Ministerio de Economía provincial (Alfredo Falú) por el gobernador con licencia y hoy jefe de Gabinete, Juan Manzur” señalan desde FOPEA.
Para el el Foro es la primera vez que existe una acción judicial de esta especie en Tucumán desde el retorno de la democracia.
“La víctima ha publicado numerosos artículos críticos sobre el Poder Judicial y, como consecuencia de esa actividad, ella y sus familiares sufren agresiones emanadas de sectores de la propia institución que investigó así como del oficialismo provincial” explican.
La campaña con connotaciones extorsivas a Benito habría comenzado en 2015 y fue agravándose con el tiempo. En aquel año, la periodista publicó con otros dos compañeros un libro de investigación sobre Manzur.
A la entidad periodística le resulta llamativo que la misma fiscala penal Mariana Rivadeneira haya dispuesto ahora su citación a indagatoria cuando meses atrás había desestimado la denuncia presentada por el abogado y funcionario oficialista Falú.
La fiscal es una de las funcionarias investigadas por Benito desde el momento en el que juró en el cargo, lo mismo que el subsecretario denunciante, Falú.
“La medida busca amedrentar y deslegitimar el trabajo que realiza la periodista, además de difundir un mensaje disciplinador para el periodismo que pretenda investigar al poder”, advierten.
“Está en riesgo la libertad de expresión”
A su vez, apuntan que en un sistema democrático, “el mayor reaseguro de una prensa libre es la vigencia de una Justicia independiente” y que este tipo de decisiones “atentan contra esas garantías y ponen en riesgo la libertad de expresión”.
El ataque dirigido a Benito se suma a otros registrados contra periodistas, sobre todo mujeres, en los últimos tiempos en Tucumán. Por ello, solicitan a los poderes del Estado que garanticen a los periodistas y a la sociedad el ejercicio pleno de los derechos y libertades constitucionales.
“El acoso judicial sufrido por Benito compromete la potencial responsabilidad del Estado argentino por violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, concluye
