El primero de febrero, asumirá como Jefe de Asesores del presidente Alberto Fernández Antonio Aracre, quien se desempeñó durante 36 años como CEO de Syngenta, una empresa multinacional del agronegocio.
Esta noticia mantiene alerta a organizaciones ambientales y sociales ya que se trata de una de las empresas grandes del mundo que fabrica transgénicos y agrotóxicos.
A través de una iniciativa virtual, más de 4400 personas firmaron una carta pública que pide la renuncia inmediata de Aracre, donde referentes de la academia, del ambientalismo, de movimientos sociales y de la cultura expresan su máximo repudio a esta decisión.
Syngenta fue fundada en el año 2000 tras la fusión de dos de las principales compañías del agronegocio: Novartis y Zeneca. Actualmente (como Syngenta Group) está registrada en Shanghai y es propiedad del gobierno de China. El grupo está integrado por miles de empresas alrededor del mundo, con presencia en más de cien países.
“En Argentina es titular de 14 eventos transgénicos y 166 ingredientes activos de agrotóxicos aprobados por el Estado Nacional, y está asociada para la comercialización del trigo transgénico HB4 en el exterior; además de dominar el mercado de semillas comerciales y exportar granos y oleaginosas”, expresan en el documento, firmado por Enrique Viale, Soledad Barruti, Maristella Svampa, Marcos Filardi, Guillermo Folguera y Rafael Colombo, entre otros.
Además, el documento menciona que durante los primeros 9 meses del 2022, los ingresos de la multinacional aumentaron un 24% respecto al año anterior. En 2021 el mercado más grande de Syngenta fue América Latina, que representó aproximadamente el 33% de sus ventas. “El crecimiento no fue producto del azar: con un perfil cuidadosamente más bajo que la empresa Monsanto, Syngenta fue clave en la consolidación de la sojización transgénica de América del Sur, bajo un proyecto que se dio a conocer en el año 2003 como “La República Unida de la Soja”, pasando así por encima de las fronteras y los intereses nacionales”, apunta.
Hoy las ganancias de Syngenta en Argentina provienen mayormente de la venta de tres biocidas: atrazin (prohibido en 37 países y desde hace 20 años en la Unión Europea), paraquat (prohibido en 72 países, la Unión Europea, Reino Unido, China y Suiza, entre otros) y glifosato (categorizado como un probable cancerígeno en humanos y genotóxico).
Aracre, en los últimos 12 años se desempeñó como CEO de esa compañía para Latinoamérica Sur. El 31 de diciembre pasado dejó su empleo privado para asumir como funcionario público. En el comunicado, las organizaciones ambientalistas señalan que “se trata de un mecanismo conocido como de “puertas giratorias” donde funcionarios de altos cargos en empresas privadas pasan a la función pública, garantizando así políticas públicas benéficas para las corporaciones”.
En el documento señalan que en la “Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, ratificada en Argentina por la Ley 26.907 en el año 2006, se establece la obligación de “prevenir los conflictos de intereses imponiendo restricciones apropiadas”.
En la legislación argentina, esta problemática se encuentra prevista por la Ley 25.188 de ÉTICA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Esta ley establece la incompatibilidad con el ejercicio de la función pública, indicando que deberán abstenerse de tomar intervención pública aquellas personas que han dirigido -en los últimos tres años- una empresa que realice actividades reguladas por el Estado (4).
“Según dicta la ley, entonces, las actividades comerciales de Syngenta se encuentran reguladas por el Estado, como por ejemplo la comercialización de semillas o la venta y aplicación de agrotóxicos, entre muchas otras más”, explican.
Si bien el cargo de Jefe de Asesores del presidente de la Nación no otorgaría al ex Ceo de Syngenta el poder para firmar directamente resoluciones o dictámenes, genera preocupación de las asociaciones ambientalistas la influencia que podría tener en la regulación de agrotóxicos en el país hasta la sanción de una nueva Ley de Semillas. “como viene insistiendo el lobby del agronegocio. “Son áreas extremadamente sensibles para el presente y futuro de nuestro país”.
“Los funcionarios públicos tienen que defender el interés nacional, que muchas veces chocan con los intereses de empresas multinacionales como, en este caso, Syngenta”, señalan.
La carta entera y las firmas pueden verse en el siguiente link: https://aadeaa.org/rechazo-a-la-designacion-de-antonio-aracre/
