Organizaciones denunciaron por tortura a la Ministra de Salud, funcionarios del Siprosa y autoridades del Hospital del Este y exigieron la exoneración de los profesionales de la salud denunciados.
El Comité de América Latina y el Caribe por la Defensa de los Derechos de la Mujer de Tucumán (CLADEM Tucumán), Abogadas y Abogados del Noroeste por los Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), el Colectivo Ni Una Menos Tucumán, y organizaciones Feministas, de Derechos Humanos y políticas denunciaron ante el Gobierno de Tucumán las violaciones a los derechos humanos de la niña conocida como “Lucía”, que configurarían Tortura, por parte de los y las efectoras de salud dependientes del Sistema Provincial de Salud que intervinieron en el caso y de la Ministra de Salud, Rossana Chahla.
Desde las organizaciones remarcaron que la figura de tortura para los casos de embarazo infantil forzado está reconocido por la ONU y la OEA.
Los otros denunciados son el Secretario Ejecutivo del Sistema Provincial de Salud, Gustavo Santiago Vigliocco, la Directora del Hospital Eva Perón, Elizabeth Ávila, la Jefa del Servicio de Tocoginecología, Tatiana Obeid, y la junta médica firmante del Informe Médico que determinó que Lucía, en caso de continuar el embarazo con controles prenatales adecuados y periódicos, no tendría mayores complicaciones que la población en general. “Para estos profesionales de la salud, el hecho de que la niña tenga once años la hacía pasible de las mismas consecuencias que una mujer adulta”, señalaron desde las organizaciones.
“La Junta desconoció que las adolescentes menores de 16 años corren un riesgo de defunción materna cuatro veces más alto que las mujeres de 20 a 30 años, y la tasa de mortalidad de sus neonatos es aproximadamente un 50% superior, según el consultor en salud de los adolescentes James E. Rosen, que está cargo de un estudio de investigación del departamento de Reducción de los riesgos del embarazo de la Organización Mundial de la Salud”, argumentaron en un comunicado.
El de Lucía configura un embarazo infantil forzado porque la niña quedó embarazada producto de una violación y se le obstaculizó la interrupción del embarazo. Por eso, las organizaciones consideraron que este caso visibiliza la cantidad de violencias a las que es sometida una niña embarazada.
En este sentido, exigieron que el Estado investiga, deslinde responsabilidades y exonere a los profesionales de la salud denunciados y que actuaron contrario a la ley. “El pedido de esta medida tiene como fin garantizar que casos como el de Lucía no se repitan y que todas las niñas, mujeres y personas gestantes que quieran acceder a la Interrupción Legal del Embarazo en casos amparados por la ley puedan hacerlo sin obstáculos ni dilaciones”, puntualizaron.
