Tras un informe presentado en el programa Periodismo para Todos, conducido por Jorge Lanata, organizaciones de derechos humanos desmienten los dichos sobre la comunidad indígena de Solco Yampa y denuncian manipulación mediática.
Andhes repudia enérgicamente el informe presentado por el programa televisivo “Periodismo Para Todos”, conducido por Jorge Lanata, que desacredita los reclamos históricos de las comunidades por la recuperación de su territorio; y estigmatiza y deslegitima la causa indígena como tal, y a las comunidades como colectivos de derechos y como actores políticos y sociales.
Desde la organización señalaron que en el programa se busca construir y reforzar una imagen y un discurso racista y discriminador de las comunidades indígenas de Tucumán, Salta y Neuquén, presentando los conflictos en las comunidades indígenas como algo particular, y no como resultado de una violación histórica de derechos sociales, económicos y culturales, y, particularmente de su derecho al territorio.
Por otro lado, pone en términos de “guerra por la tierra” un conflicto que históricamente se trató del despojo, avasallamiento y genocidio de los pueblos indígenas. En el Informe en ningún momento se remarcó la situación de desprotección en la que viven las comunidades ni se hizo referencia a las obligaciones que tiene el Estado como garante de derechos ante uno de los colectivos más vulnerados. En el caso de la comunidad indígena de Solco Yampa, no se entrevistó a su Cacique, ni a ningún referente de la Unión Diaguita de Tucumán, además incurre en errores claves e intencionados como ser la confusión del nacimiento de la comunidad indígena, siendo que las comunidades indígenas son preexistentes al Estado.
Andhes trabaja hace 16 años con comunidades indígenas de Tucumán, acompañando su lucha por el acceso a sus derechos fundamentales. Una de ellas es a comunidad indígena de Solco Yampa. Según los datos del relevamiento, ésta está integrada actualmente por 50 familias y su territorio de ocupación comunitaria es de 37.362 has. Solco Yampa cuenta con personería jurídica N° 155, otorgada por el Re.Na.C.I. y a su vez forma parte de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Tucumán (UPNDT), red formal y jurídicamente reconocida, que agrupa a la mayoría de las comunidades indígenas del pueblo Diaguita de Tucumán y que tiene como objetivo la defensa de sus derechos. Al igual que el resto de las comunidades indígenas de la provincia, viene sufriendo graves violaciones de sus derechos territoriales en razón del avance de grupos con intereses económico-productivos que pretenden desalojar a las comunidades de su territorio comunitario para la explotación de tierras, en el caso de ésta comunidad por emprendimientos productivos, que se asientan sobre territorio ancestral y ocasionan la tala indiscriminada de bosques y especies autóctonas. Desde el año 2011 las amenazas y turbaciones en su territorio se recrudecieron sin tener ninguna respuesta favorable para la comunidad, especialmente por parte del poder judicial, principalmente porque los terceros privados autores de estos hechos tienen vinculaciones directas con el poder.
Desde el 2011 hasta ahora hay un total aproximado de 13 causas penales, casi todas están en etapa de instrucción. En 11 de ellas la comunidad es víctima por delitos de usurpación, amenaza con armas de fuego, lesiones, donde no hay ninguna respuesta por parte del poder judicial acorde con la legislación en materia de pueblos originarios, ninguna medida de protección, a pesar de que la comunidad está constantemente amenazada por “terratenientes” y sus empleados, y de los incesantes reclamos. Sin embargo, en una de las únicas causas donde la comunidad está imputada por usurpación, sin que se haya probado tal hecho, el poder judicial ordenó una medida de protección para el “terrateniente”. Los abogados defensores solicitamos medidas de protección en base a la ley 26.160 y el poder judicial rechazó. Las causas que la comunidad inicia como amenaza son generalmente archivadas.
A la desacreditación mediática se suma el contexto nacional de utilización de la fuerzas y poderes del Estado con el fin de perseguir y criminalizar los reclamos sociales para desviar el tema de la agenda política: La desaparición forzada de Santiago Maldonado en el marco de una represión por parte de la Gendarmería Nacional, ordenada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, durante un reclamo del pueblo mapuche; la falta de tratamiento por parte del Congreso de la prórroga de la ley 26.160, que prohíbe los desalojos en comunidades indígenas y que vence este año.
