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ANÁLISIS Y OPINIÓN| Para cumplir con el rol protector y contenedor, el Estado debe fortalecer los dispositivos integrales de atención y asistencia, no solo los de denuncia. Es una oportunidad para colaborar y enfrentar de manera colectiva los desafíos presentes.
Escribe: Cecilia Dalla Cia* para Revista Hamartia // Fotografías: Sub cooperativa de fotografxs @subcooperativa
El campo disciplinar del Trabajo Social, busca comprender cómo se expresan los problemas sociales en la vida cotidiana y elaborar estrategias para operar en ellos. En nuestras sociedades desiguales, las estrategias tienen que ver con posibilitar el acceso y ejercicio de derechos. Por ello, estxs profesionales tiene una larga experiencia en acompañar la construcción de derechos ciudadanos, así como también el trabajo sistemático para reforzar las dimensiones protectivas y de contención de los Estados. Dos capacidades que resultan fundamentales ante escenarios críticos como los generados por el Covid 19, en donde se ve alterada la vida cotidiana de toda la población, no solo por la posibilidad de contagio inminente, sino también por la disrupción en los vínculos interpersonales y comunitarios que hacen posible la reproducción diaria.
Al mismo tiempo, el Estado en el capitalismo no deja de ser escenario de disputa de intereses locales/globales. Es aquí que el involucramiento y fortalecimiento de la comunidad en la exigencia y consolidación de derechos humanos es fundamental, algo que desde las intervenciones sociales también se fortalece. En este contexto, es importante pensar cuáles son las acciones sociales que se requieren para contener a toda la población, además de los sectores más vulnerados.
Desafíos de la intervención social
En primer lugar, incluir una mirada social de fenómenos disruptivos, es poder identificar lxs múltiples damnificadxs, tanto por cuestiones sanitarias como por consecuencias de las medidas estatales en el control social de la población. Aquí la tarea es ardua, dado que la multiplicación de problemáticas asociadas a la producción y reproducción de las personas y las comunidades, no están directamente asociadas a condiciones previas de vulnerabilidad. En todos los casos, habrá que elaborar estrategias para tramitar el escenario actual y futuro. Acompañar a personas infectadas por el virus y a sus familiares, tanto en el caso de que asistan su recuperación o atraviesen el duelo frente a un fallecimiento, parecen los desafíos a corto plazo. Los efectos sociales de permanecer en cuarentena pueden ser otras variables a tener en cuenta y con ello, posibles intervenciones.
En segundo lugar, implica poder visibilizar que la evolución de la pandemia y el alcance social de sus efectos, depende directamente de respuesta complejas, que puedan ensamblar en tiempo y formar acciones integrales. Es decir, en todos los campos sociales (seguridad social, salud, educación, trabajo, justicia), habrá expresiones de malestar a nivel individual y social, que alteran el entorno convivencial y vincular. Podrán emerger expresiones personales, pero también comunitarias de las problemáticas que presenten para la producción y reproducción de la vida social.
En sintonía con la concepción de salud mental de la OMS, las políticas de emergencia sanitaria deberían contemplar, promover y alentar la intervención de múltiples disciplinas y operadores que hoy conforman los equipos de salud. Parecería ir en dirección contraria aquellas medidas estatales que no refuerzan el personal ni garantizan las condiciones de trabajo para servicios sociales de hospitales y en todo el sistema primario de salud, en donde desempeñan un rol clave para el acceso a derechos.
La violencia doméstica en contexto de pandemia
Otro campo en que se evidencian los efectos de la pandemia, que requieren políticas de abordaje social y no necesariamente sanitario, es el campo judicial y la problemática de la violencia doméstica. No solo puede agudizarse sino también precipitarse en el contexto de convivencia obligatoria. Las políticas a nivel sanitario no pueden responder a nuevos problemas derivados de la interrupción casi total de los espacios de atención a personas que sufren este tipo de violencia. Mas allá de las líneas de atención telefónica, las políticas de emergencia están sustentadas en una mirada fuertemente policial y judicial, como principales respuestas. Los dispositivos que se encuentran funcionando, tienen como protagonistas policías o agentes de las fuerzas de seguridad y del poder judicial. Aquí también se evidencia la insuficiente presencia de profesionales de otras disciplinas capaces de realizar intervenciones psico-sociales ante la emergencia.
Esto devela que gran parte de las políticas de atención a estas sobrevivientes, estuvieron montadas en estos sistemas institucionales. Allí la incorporación de dispositivos de asistencia psicosocial con perspectiva de género ha avanzado, pero no ha modificado de manera sustantiva los procesos ni las rutas críticas que deben transitar las víctimas. El contexto de pandemia evidencia la ausencia de dispositivos de emergencia para garantizar políticas de atención de calidad y respetuosa de los derechos de las que sobreviven diariamente a las violencias.
Este retroceso lo podemos pagar caro. La disminución de denuncias en un contexto de imposibilidad de salir del hogar, no da cuenta de la disminución de los casos. Por el contrario, estadísticamente, el ámbito doméstico es el espacio en donde más se consulta y denuncian situaciones de violencia por razón de género. Si la propia casa puede constituirse en el escenario de mayor riesgo para sus integrantes, hay que tomar distancia de toda política sustentada en una mirada familiarista y romántica del hogar, que lo construye como un lugar protector.
La paradoja en que se encuentran hoy las miles de víctimas que conviven con sus agresores, reforzada por la consigna “quedate en casa” como premisa de cuidado individual y colectivo, es generadora de múltiples problemas: la incertidumbre extraordinaria que viven las mujeres víctimas de violencia se agudiza ante la presencia de un fenómeno epidemiológico en creciente progresión, la posibilidad de anticiparse o contemplar estrategias para prevenir situaciones se ve reducida; al igual que las posibilidad de proyectar estrategias para separarse/escapar del agresor se ven dramáticamente obstaculizadas. Por lo tanto, a pesar de la dificultad que esto atañe para lxs profesionales, resulta fundamental la generación de canales de expresión, elaboración de nuevas estrategias de contacto y contención, contemplando las intervenciones oportunas en esta situación de emergencia.
Asistencia integral en cuarentena
La promoción de espacios de escucha y contención deben ir de la mano de la protección judicial/policial sin duda, pero más que nunca también con la asistencia integral que pueda requerir la persona damnificada (políticas habitacionales, atención a la salud, alimentación, ingreso económico). Para cumplir con el rol protector y contenedor en estos casos, el Estado debe fortalecer los dispositivos integrales de atención y asistencia, no solo los de denuncia.
Para optimizar la calidad de las políticas de atención y establecer parámetros para lo que consideremos una adecuada contención de las situaciones disruptivas, resulta fundamental comenzar a implementar acciones durante la vigencia de las medidas extraordinarias de cuarentena, y continuarlas posteriormente, de manera de disminuir los efectos de la crisis, no solo como disparador de psicopatologías, sino también por la generación de nuevas problemáticas sociales ante las deficiencias en las redes de sostén.
Esto sin lugar a dudas que necesita la intervención de políticas públicas para cuidar a sus trabajadorxs. Así como no enviarían a médicxs o enfermerxs sin la protección adecuada, las intervenciones sociales también deben contar con el andamiaje y condiciones necesarias para viabilizar la asistencia extraordinaria.
Las reflexiones en torno a las intervenciones sociales en la emergencia, tanto en el ámbito de la salud, como en el ámbito judicial, pueden extenderse a cualquier otro campo social que no advierta las nuevas vulnerabilidades y problemáticas que atravesemos como sociedad.
Comprender que las situaciones críticas alteran la vida de toda la comunidad, es comprender que difícilmente se pueda restaurar un orden preexistente. Por lo tanto, es una oportunidad para colaborar y enfrentar de manera colectiva los desafíos presentes, para que todxs podamos superar esta situación de manera equitativa.
*Lic en Trabajo Social, especialista en abordajes de situaciones de violencias de género, integrante de la Secretaría de Géneros del Consejo Profesional de Trabajo Social y Servicio Social de C.A.B.A.
