Hoy se cumplen dos meses del asesinato de Rafael Nahuel por Prefectura tras la represión en la comunidad mapuche, Lof Lafken Winkul Mapu, Río Negro. Hasta el momento, no hay avances en la causa.
La familia de Rafael Nahuel, el joven mapuche asesinado por fuerzas federales el 25 de noviembre del año pasado en la reivindicación territorial de Villa Mascardi, sigue exigiendo justicia a dos meses de su muerte. En diferentes puntos del país habrá movilizaciones para visibilizar la causa y recordar al joven de 22 años.
La causa avanza en determinar el autor material, aunque también hay un segundo capítulo vinculado a las responsabilidades políticas del asesinato.
Un resultado concluyente se conocerá “el próximo 29 de enero”, como anticiparon en el diario Tiempo Argentino. Para esa fecha el área de criminalística de la Policía de Río Negro definirá “si el proyectil que fue sacado del interior del cadáver de Nahuel coincide con las estrías de las armas que están secuestradas”. Según la abogada Natalia Araya, que tiene a su cargo la representación de la familia, y que es querellante dentro del expediente, hay armas reglamentarias de 9 milímetros, están las MP5 que usa Albatros, hay escopetas 12.70 y están las escopetas que tiran proyectiles de dispersión. “En total son 23 armas y tenemos mucha confianza en ese resultado para determinar al autor material del disparo, porque las armas están intactas y fueron secuestradas 40 minutos después de los hechos”, detalló la querellante.
El dato no es menor, porque la identidad de cada arma está determinada por las estrías que tienen, y que quedan marcadas en cada proyectil. Durante los análisis realizados, los peritos concluyeron que la bala que terminó con la vida de Nahuel está intacta, con las estrías indelebles: un elemento determinante para el entrecruzamiento con las armas secuestradas.
Ante la virulencia que desató el Gobierno Nacional durante el asesinato del joven, la querella de la familia de Nahuel se mueve con absoluta cautela, aunque ya quedó demostrado dentro del expediente que la versión oficial que dió Bullrich y Peña durante los días posteriores del crimen no se sostiene en los hechos. “Ya quedó demostrado en el expediente que los prefectos jamás recibieron un ataque de la población mapuche y tampoco hay asidero alguno para creer que dispararon balas de plomo para defenderse. En el terreno quedó demostrado todo lo contrario”, detalló Araya, sobre el ingreso que hizo el juez Villanueva al terreno antes de Navidad.
Desde el momento del asesinato, la mesa de diálogo que había articulado el Obispado de Bariloche había informado al juez que podía recorrer el lugar de los hechos cuando lo considerara necesario, pero el magistrado decidió peritar la zona hace un mes. “Se recuperaron vainas y proyectiles testigo, ya está terminada la pericia sobre las vainas y todavía se está llevando en el Instituto Balseiro y en el Centro Atómico de Bariloche el estudio de las muestras de pólvora en las manos de los prefectos, de Nahuel y de Lautaro Jones Huala”, uno de los jóvenes que estaba en la toma, que es hermano de Facundo, el joven mapuche cuya extradición pide la justicia chilena, que lo vincula con la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).
Rafael tenia 22 años y el sábado 25 de noviembre de 2017 se encontraba acompañando la reivindicación territorial que la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu lleva adelante en cercanías de Villa Mascardi, cuando fue asesinado con balas de plomo en medio de un operativo encabezado por el grupo Albatros, de Prefectura Naval Argentina.
La causa avanza en determinar el autor material, aunque también hay un segundo capítulo vinculado a las responsabilidades políticas del asesinato.
Un resultado concluyente se conocerá “el próximo 29 de enero”, como anticiparon en el diario Tiempo Argentino. Para esa fecha el área de criminalística de la Policía de Río Negro definirá “si el proyectil que fue sacado del interior del cadáver de Nahuel coincide con las estrías de las armas que están secuestradas”. Según la abogada Natalia Araya, que tiene a su cargo la representación de la familia, y que es querellante dentro del expediente, hay armas reglamentarias de 9 milímetros, están las MP5 que usa Albatros, hay escopetas 12.70 y están las escopetas que tiran proyectiles de dispersión. “En total son 23 armas y tenemos mucha confianza en ese resultado para determinar al autor material del disparo, porque las armas están intactas y fueron secuestradas 40 minutos después de los hechos”, detalló la querellante.
El dato no es menor, porque la identidad de cada arma está determinada por las estrías que tienen, y que quedan marcadas en cada proyectil. Durante los análisis realizados, los peritos concluyeron que la bala que terminó con la vida de Nahuel está intacta, con las estrías indelebles: un elemento determinante para el entrecruzamiento con las armas secuestradas.
Ante la virulencia que desató el Gobierno Nacional durante el asesinato del joven, la querella de la familia de Nahuel se mueve con absoluta cautela, aunque ya quedó demostrado dentro del expediente que la versión oficial que dió Bullrich y Peña durante los días posteriores del crimen no se sostiene en los hechos. “Ya quedó demostrado en el expediente que los prefectos jamás recibieron un ataque de la población mapuche y tampoco hay asidero alguno para creer que dispararon balas de plomo para defenderse. En el terreno quedó demostrado todo lo contrario”, detalló Araya, sobre el ingreso que hizo el juez Villanueva al terreno antes de Navidad.
Desde el momento del asesinato, la mesa de diálogo que había articulado el Obispado de Bariloche había informado al juez que podía recorrer el lugar de los hechos cuando lo considerara necesario, pero el magistrado decidió peritar la zona hace un mes. “Se recuperaron vainas y proyectiles testigo, ya está terminada la pericia sobre las vainas y todavía se está llevando en el Instituto Balseiro y en el Centro Atómico de Bariloche el estudio de las muestras de pólvora en las manos de los prefectos, de Nahuel y de Lautaro Jones Huala”, uno de los jóvenes que estaba en la toma, que es hermano de Facundo, el joven mapuche cuya extradición pide la justicia chilena, que lo vincula con la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).
Rafael tenia 22 años y el sábado 25 de noviembre de 2017 se encontraba acompañando la reivindicación territorial que la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu lleva adelante en cercanías de Villa Mascardi, cuando fue asesinado con balas de plomo en medio de un operativo encabezado por el grupo Albatros, de Prefectura Naval Argentina.
