La fiscal que investiga el crimen de Luis Espinoza pidió la prisión preventiva para los policías detenidos por el hecho y aseguró que los acusados realizaron “un despliegue importante para hacer desaparecer el cuerpo y que nunca fuese encontrado”.
Para la titular de la Fiscalía de Instrucción del Centro Judicial de Monteros, Mónica García de Targa, la cantidad de pruebas contra los nueve policías y dos civiles detenidos es “inmensa”.
“Hemos remitido al juzgado de instrucción el pedido de prisión preventiva de diez personas en el que están incluidos los nueve policías y un civil, que fue parte del hecho en todo momento”, dijo esta noche a Télam la fiscal.
De esta manera, el juez de Instrucción Mario Velázquez ahora tendrá diez días hábiles para resolver.
Los detenidos por el crimen de Espinoza están acusados como coautores de “privación ilegítima de libertad seguida de muerte y desaparición forzada” respecto de Luis Espinoza, que prevé la pena de prisión perpetua.
Además, la fiscal los imputó por la “privación ilegítima de la libertad” de Juan Espinoza, hermano de la víctima, quien estuvo “esposado” y “no se le permitió ver qué pasaba” con el hombre asesinado.
“Se le negó información sobre lo que le pasaba con el hermano, por eso estamos en el concepto de ‘desaparición forzada’ que prevé esta actitud del Estado, que en este caso está representado por los funcionarios policiales”, sostuvo García de Targa.
El pedido de prisión preventiva alcanzó al subcomisario Rubén Montenegro, el oficial José Morales, y los efectivos Miriam González, René Ardiles, Víctor Salinas, Carlos Romano, José Paz, Gerardo González Rojas y Claudio Zelaya.
También se incluyó a Fabio Villavicencio (vigía ciudadano), mientras que un pedido similar se hará en los próximos días para Álvaro Gónzalez, hermano de González Rojas, el otro detenido que no pertenece a la fuerza policial, ya que el plazo para realizar el pedido al magistrado vence el próximo lunes.
Para los acusadores, la situación procesal de los efectivos se complicó por tratarse de miembros de la seguridad del Estado y porque “ocultaron el cuerpo y negaron información sobre el paradero” del trabajador rural asesinado.
Más temprano, la fiscal aseguró en declaraciones al canal TN que de acuerdo a las pruebas producidas hasta el momento, diez de los detenidos “habrían intervenido en la desaparición y muerte” de Espinoza, mientras que el onceavo es alguien que “accedió a traer algunos elementos hasta el lugar con un vehículo”, como “una bolsa que utilizaron para colocar” el cadáver de la víctima.
“Es un hecho muy complejo, todos cumplieron roles en el hecho, los cuales están definidos, y la fiscalía tiene probado que el cuerpo fue trasladado hasta la comisaría de Monteagudo y que desde allí fueron cuatro personas las que lo llevaron a más de cien kilómetros, cruzando el límite con Catamarca”, agregó.
“En este caso, más allá de la intención o no de matar, tenemos el resultado muerte” y que “hubo toda una actividad y un despliegue importante para hacer desaparecer el cuerpo y que nunca fuese encontrado”, aseguró la fiscal.
García de Targa precisó que uno de los policías involucrados “había prestado servicio en esa zona (Catamarca), era conocedor del terreno y probablemente conocía a las personas que trabajaban ahí”.
“La cantidad de prueba es inmensa, estamos terminando de procesarla, pero la causa continúa porque todavía tenemos muchas pericias para hacer como el análisis de los teléfonos celulares, una cantidad que lleva su tiempo, no todas son de producción inmediata como la autopsia o el proyectil que se extrajo del cuerpo de la víctima”, concluyó.
Espinoza fue atacado el 15 de mayo último por la Policía durante un operativo realizado por un festival de caballos cuadreros en el paraje de Melcho, en la ciudad tucumana de Simoca, y su cadáver apareció una semana después en territorio catamarqueño, adonde fue arrojado por un barranco envuelto en bolsas de plástico.
Los resultados de los peritajes realizados en el Laboratorio de Criminalística del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) determinaron que la bala que impactó en uno de los omóplatos de la víctima salió de un arma reglamentaria Jericho calibre 9 milímetros que pertenece al oficial José Morales y que fue secuestrada en el marco de la causa.
Sin embargo, desde la fiscalía aclararon que resta determinar si el disparo lo realizó Morales u otro de los detenidos por el crimen.
Fuente: Telam
