Integrantes de la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines (Faipa), exigen una disminución en las tarifas de los servicios públicos, además de exenciones impositivas y controles a las panaderías clandestinas. El 15 de febrero vence el plazo que le fijaron al gobierno para que dé respuestas al respecto.
El 15 de febrero, panaderos de todo el país volverán a reunirse en Buenos Aires para analizar la situación del sector. Ese día vence el plazo que fijaron desde la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines (Faipa) para que el Gobierno Nacional se expida sobre una serie de planteos que realizaron semanas atrás. De no obtener respuestas, la Faipa se prepara para realizar una gran movilización nacional.
“Las perspectivas para este año son malas. Desde diciembre que nos queremos reunir con Presidencia de la Nación para ver qué salida encontramos. Tenemos un índice inflacionario que no es normal y tenemos un gran problema tarifario. No podemos pagar ni la luz ni el gas. Así no podemos seguir”, expresó en diálogo con Radio Prensa, el titular de la Cámara de Industriales Panaderos de Tucumán, Pablo Albertus.
De enero a enero, el precio de la harina aumentó en el último año de $240 a $850. Esto, sumado a una disminución del 40% en las ventas y al terrible incremento en los valores de los servicios públicos, empujó a varios industriales al borde del abismo. Solamente en Tucumán cerraron en 2018 alrededor de 30 panaderías. En el acumulado nacional son cerca de 1000 los panaderos que bajaron las persianas.
“Le pedimos al Gobierno que revea las tarifas porque son impagables, que revea los cese de embargos de la AFIP, que controle el precio del trigo, que autorice una reducción de aportes patronales, una moratoria a 60 meses para el pago de deudas impositivas y mayor control de la clandestinidad”, remarcó Albertus. “No tenemos márgenes de rentabilidad. Seguramente vamos a tener que rever el precio a fines de este mes o principios de marzo. Lo último que queremos es aumentar el precio pero no estamos teniendo márgenes de rentabilidad”, agregó, al tiempo que indicó que el valor del pan podría trepar a los $100.
Con este panorama complejo, incrementar el precio del pan no es a la vista de ningún panadero una salida potable a la crisis que vive el sector. “No nos compran ahora, mucho menos si aumentamos el precio”, entienden en la Faipa. No obstante, advierten que la situación ya es insostenible y de no mediar alguna solución a la trepada del precio de la harina, la escalada de las tarifas de los servicios públicos y la caída de la rentabilidad, la industria panadera caerá en coma.
“Estamos atravesando la peor crisis en dos décadas. Hemos tenidos problemas antes pero nunca como ahora. No hay plata en la calle, la gente no está comprando, las tarifas son impagables y están cortadas todas las cadenas de proveedores. Muchos compañeros no pueden hacer frente a las moratorias del AFIP. Estamos en un contexto crítico”, explicó Albertus.
En cuanto al ámbito provincial, la Cámara de panaderos local viene manteniendo reuniones tanto en la Legislatura como en Casa de Gobierno, pujando por una ley de panaderías que asegure controles más rigurosos para erradicar la clandestinidad. “La venta ilegal es otro factor que nos pone en jaque. La gente compra pan en negocios que ni saben de donde proviene. Obviamente buscan precios, eso lo entendemos, pero tienen que saber que esos productos no son legales”, sentenció el referente.
La iniciativa prevé que las personas físicas o jurídicas que exploten panaderías deberán contar con la correspondiente habilitación, así como su inscripción en el registro que se creará al efecto. También, la prohibición de venta de pan y productos afines que no provengan de los centros de elaboración registrados. Dicha procedencia se verificará mediante el certificado expedido por el centro de elaboración. A los fines de procurar salubridad, seguridad e higiene, la reglamentación determinará qué tipos de pan o subproductos pueden comercializarse en estos establecimientos, así como las características de envasado, conservación, exhibición y transporte.
Fuente: Primera fuente – Radio Prensa