Desde temprano, mujeres cargadas con ollas, mesones y bolsones de verduras, arroz y fideos se reúnen para organizar ollas populares en distintos puntos de la provincia. Este miércoles, el Frente Popular Darío Santillán impulsó una jornada de lucha bajo la consigna “Pan y trabajo digno para llenar las ollas de nuestro pueblo”, en respuesta a la crisis y el ajuste que golpean a las comunidades más vulnerables.
Las cocineras y trabajadoras comunitarias, organizadas y con convicción, preparan guisos con lo poco que hay: arroz, fideos, apenas algo de carne, algunas verduras y salsa.
Las políticas alimentarias, tanto provinciales como nacionales, se redujeron drásticamente en los últimos 11 meses. Como resultado, muchos comedores cerraron y en los que aún permanecen activos la comida no alcanza. “No llega suficiente para todos”, dicen las mujeres que se encuentran en la primera línea de esta emergencia alimentaria. Lo cierto es que el costo de preparar un guiso aumentó un 151% entre noviembre de 2023 y julio de 2024.
Mientras tanto, las empresas alimentarias incrementaron sus ganancias en un 1.300% y el
complejo exportador de granos un 4.900%, según el informe “Ganadores y Perdedores en los primeros meses del gobierno de Milei” del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas.
En un mensaje difundido en redes, las organizaciones exigen: “Se termina un año con la profundización de las condiciones de pobreza y miseria en el país, y la provincia. Donde las mujeres y la niñez son los mayores afectados. Crear fuentes de trabajo, para garantizar el pan y la dignidad es urgente ante la proximidad de las fiestas“.
Las ollas populares han sido históricamente espacios de lucha y resistencia, donde la comunidad se organiza para estirar la comida y multiplicar las porciones. Allí, entre abrazos y conversaciones, las mujeres comparten sus historias mientras el guiso hierve.
La crisis se agrava. Según un informe del CELS, la Fundación Rosa Luxemburgo y el Programa de Estudios Regionales y Territoriales (IGEO-UBA), preparar un mate cocido con leche es ahora un 143% más caro que hace ocho meses. En los primeros seis meses del nuevo gobierno, la cantidad de personas en inseguridad alimentaria se duplicó. Hoy en Argentina, más de 15 millones de personas son pobres, y más de 5 millones están en la indigencia, y 7 de cada 10 niños viven en la pobreza. En este contexto, el gobierno de Milei eliminó políticas públicas clave para la seguridad alimentaria, como el plan Argentina contra el Hambre, sin ofrecer alternativas.
Además, las políticas de apoyo al consumo comunitario y la educación alimentaria han sido eliminadas o descontinuadas, y la criminalización de las organizaciones sociales que canalizaban estos recursos dejó sin funcionamiento a casi 15.000 comedores en todo el país.
Son las organizaciones sociales y barriales quienes están dando respuesta de manera comunitaria y colectiva al hambre, a ese derecho humano básico que es comer.
