El jueves 9 de abril por la tarde, el Gobierno de Catamarca comunicó, a horas de que la Cámara Nacional de Diputados de la Nación apruebe la modificación de la Ley de Glaciares (Catamarca cuenta con 691 glaciares y periglaciares), la decisión de NO autorizar el desarrollo del proyecto minero Sofía Gold, ubicado en la localidad de Fuerte Quemado, en el departamento Santa María, “tras evaluar factores ambientales y sociales, en un contexto marcado por el rechazo de comunidades originarias de la zona de Fuerte Quemado”.

El Ministerio de Minería, a través de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera, luego de un análisis técnico comunicó la negativa al gobernador Raúl Jalil en una reunión en Casa de Gobierno. La decisión contempló tanto las características del área como los planteos de la comunidad local.

El jueves por la noche, la ruta Nacional 40 se vio repleta de vecinos festejando con banderas y carteles la victoria comunitaria. Desde hace poco más de un mes, las alarmas se encendieron en la zona cuando vecinos descubrieron que sus casas, fincas y sitios arqueológicos figuraban dentro de un catastro minero de un proyecto llamado Sofía Gold de Oro y Cobre. Rápidamente, se corrió la voz a través de redes sociales locales y empezó a circular información de todo tipo. Por las callecitas de adobe a la vera de la Ruta 40 se amasaba, junto a las capias, una consigna gigante: ¡Fuera Sofia Gold! 

Desde el aviso de concesión del proyecto Sofia Gold, la preocupación entre los vecinos devino en la conformación de una Asamblea: “el aviso llegó a quitarnos la paz en el pueblo de Fuerte Quemado, un pueblo histórico y de los más antiguos del Valle de Yokavil, Santa María. Nos desayunamos con la noticia del proyecto minero, a partir de allí empezamos, los vecinos, a autoconvocarnos en asambleas, entre Fuerte Quemado, Las Mojarras, Cerro Pintao (sitio arqueológico con patrimonio cultural de importancia), Santa María y Amaicha”, relata una vecina de Fuerte Quemado, miembro de la Asamblea de los pueblos del Valle Calchaquí.

El impacto por la instalación de una mina no solo es ambiental sino social y sanitario, repercutiendo muchísimos kilómetros alrededor de la zona afectada, considerando la cercanía que tiene Santa María con localidades tucumanas como Amaicha del Valle, Quilmes, Colalao del Valle, Tafí del Valle y el Mollar, entre otros, el reciente anuncio del gobernador Jaldo sobre su intención de que Tucumán sea una provincia minera, dejó en alerta a la región. 

“En fuerte quemado tenemos La Ventanita, nuestro lema fue proteger este sitio arqueológico, buscamos proteger nuestro Valle Calchaquí de la contaminación y todo lo malo que trae la minera. Nos convocamos en asambleas y empezamos a trabajar en las presentaciones de las notas y escritos a la gente de minería, salimos a la calle y nos movilizamos. En el medio de esto, en Santa María, se realizó una reunión de informe de impacto ambiental sobre la puesta en funcionamiento del proyecto Mara Alumbrera, sabemos que detrás de eso, solo vamos a ser un eslabón dentro de esta cadena de minería”. El proyecto MARA (Agua Rica-Alumbrera), planea utilizar la infraestructura de Alumbrera para procesar el mineral de Agua Rica, anunciando el reinicio de sus actividades para octubre de este año.

“Ante este panorama, el pueblo se levantó y dijo: NO QUEREMOS MINERAS EN FUERTE QUEMADO, EN LAS MOJARRAS Y EN EL VALLE CALCHAQUÍ EN GENERAL”

Esta victoria histórica, sedimenta un mojón en el derrotero de la lucha de los pueblos cordilleranos contra la megaminería en un modo de organización histórica. La provincia cuenta con Asambleas que constantemente luchan por la defensa de sus territorios a pesar de las presiones internacionales por la transición energética, explotando desde hace 3 décadas litio, oro y cobre. En este contexto, este logro comunitario se da en medio de la autorización por parte del gobierno Catamarqueño a más de 10 nuevos proyectos de Litio en las zonas de Antofagasta de las Sierras y Fiambalá, y después del fugaz anuncio de reactivación de la mina Bajo la Alumbrera a cargo de Glencore.

Las asambleas miran con desconfianza a las serranías del Aconquija (el Perito Moreno norteño), donde MARA, el proyecto que viene frenado desde hace décadas por la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, viene creciendo en silencio por el lado del Valle Calchaquí, asentando una escombrera en la localidad de Río Blanco, cuyo impacto será para las dos ecorregiones.

En esta guerra por el agua, las comunidades han ganado la primera batalla. Sin embargo, persiste una pregunta para la provincia de Tucumán, que mientras garantiza infraestructura con la reparación y el ensanchamiento de la ruta 307, parece ignorar el fondo del conflicto: ¿estamos dispuestos a entregar el agua? Por lo pronto, nuestros diputados nacionales ya lo hicieron en el Congreso; ahora, la respuesta a esa provocación sólo se encontrará en las calles.

Fotografías: Gastón Bejas y Asamblea de Pueblos de Valle Calchaquí.