Macri envió al Senado el proyecto de reforma del Código Penal. El nuevo Código tiene 540 artículos y será la primera vez en 100 años que la reforma llega finalmente al Congreso de la Nación. Aborto, narcotráfico, corrupción, delitos contra el medio ambiente, criminalización de la protesta.
El lunes a la noche llegó al Senado de la Nación el esperado nuevo Código Penal. El Gobierno buscará aprobarlo en el Congreso en los próximos meses, aunque las expectativas de que eso suceda son bajas.
“Tenemos un proyecto que se viene trabajando hace más de un año con todos los sectores, cuya aprobación es fundamental para seguir por este camino. Espero que lo aprobemos en el corto plazo”, expresó Mauricio Macri en su discurso ante la Asamblea Legislativa, donde pidió sancionar las reformas del Código Penal.
El nuevo Código tiene 540 artículos (el actual tiene 320) y será la primera vez en 100 años que la reforma llega finalmente al Congreso de la Nación. El año pasado se intentó presentar tres veces el proyecto.
En el proyecto se incorpora lo establecido en más de 900 leyes, se homogeneizan los tipos penales, se agregan nuevos delitos y se incorporan los fallos que sentaron jurisprudencia de la Corte Suprema y los tratados internacionales. Por ejemplo, en cuanto a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.
Esta mañana, en conversaciones con Radio La Red, Mariano Borinsky,
juez de la Cámara Federal de Casación Penal y presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal, expresó : “El código penal busca establecer todos los derechos, de las personas por nacer y las personas”
En ese sentido, el gobierno buscó evitar entrar en polémica con sectores que se autodenominan “provida” y, sobre el aborto, el proyecto mantiene la condena para la mujer que aborte -baja las penas de cuatro años a entre tres y un año, lo cual lo convierte en excarcelable-, aunque el juez podrá eximirla de la pena “teniendo en cuenta los motivos que impulsaron a la mujer a cometer el hecho”. Sin cambios de fondo al texto que ya tiene 98 años, sigue criminalizando a la mujer o persona gestante, solo contemplando como excepciones, los casos de violación, riesgo de vida y peligro para la salud física. La novedad es que agregan “salud mental” a la salud física, tal como lo entiende la Organización Mundial de la Salud.
Además, crea nuevas figuras como el “aborto culposo” –por imprudencia o negligencia– y le da estatus jurídico al feto al incorporar como delito la “lesión a la persona por nacer” en forma dolosa y culposa, ampliando la amenaza persecutoria para los profesionales de la salud.
El proyecto del oficialismo impulsa un aumento de penas, por ejemplo, para delitos de corrupción y narcotráfico, hace hincapié en la reincidencia y plantea penas alternativas -como el uso de dispositivos electrónicos para casos de primera condena que no excedan los tres años de prisión- e incorpora, por caso, como agravante la utilización de motocicletas en delitos de robo, la modalidad conocida como “motochorros”.
En el caso de los delitos de corrupción, el proyecto del Gobierno establece un aumento de 4 a 12 años las penas para casos de cohecho, sobornos transnacionales o enriquecimiento ilícito. Se agrega la figura de “corrupción entre particulares” y se pena a las empresas ante ciertos delitos.
El texto prevé además aumentos de penas para homicidios viales, para la tenencia y portación ilegal de armas y para casos vinculados al narcotráfico.
Sobre la despenalización de las drogas, el anteproyecto incluye la jurisprudencia de la Corte en el fallo “Arriola”, por el cual no es punible la tenencia de estupefacientes para uso personal en el ámbito privado.
El proyecto del oficialismo criminaliza la protesta al incorporar penas para el entorpecimiento del transporte público, y hasta 2 años de prisión para quienes arrojen elementos que pudieran provocar lesiones o muertes, que se eleva a 3 años cuando es contra miembros de las fuerzas de seguridad.
Delitos contra el medio ambiente, en espectáculos futbolísticos, e informáticos -como casos de grooming- también fueron incorporados tras el extenso estudio y análisis temáticos de la comisión de especialistas. Se prevén los delitos de maltrato y crueldad contra los animales, con penas de prisión y multa.
Se incorporan los delitos contra los bosques nativos y protectores con pena de prisión y multa para quien ilegalmente desmonte bosques nativos o protectores, extraiga o tale árboles o ejemplares de flora de una especie protegida o en peligro de extinción
Respecto de la violencia de género, se la establece como una circunstancia agravante de la pena que obliga al juez a imponer una pena dentro del tercio superior de la escala penal que corresponda para cada delito.
El nuevo Código Penal castiga la tenencia de pornografía infantil, aunque no sea para comercialización, como rige ahora. Y tipifica la “pornovenganza”, agravándose el delito cuando la víctima sea un menor de edad, haya habido una relación afectiva o los hechos se cometan con fines de lucro.
Respecto al terrorismo, el proyecto incorpora nuevas figuras delictivas, como “asociaciones ilícitas terroristas”, “reclutamiento, adoctrinamiento y entrenamiento de terroristas”. Y eleva todas las escalas penales al doble de la pena cuando algún delito se cometa “con fines terroristas”, llegando a penas de prisión perpetua.
La comisión de reforma estuvo presidida por Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, e integrada por el director nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos Mauricio González Guerra; el fiscal Pablo Nicolás Turano; los camaristas Guillermo Jorge Yacobucci, Carlos Alberto Mahiques y Patricia Marcela Llerena; el procurador general de Salta, Pablo López Viñals; el presidente de la Federación Argentina de la Magistratura, Víctor María Vélez; la secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Susana Ziffer; el profesor de la Universidad de Buenos Aires, Fernando Jorge Córdoba; y los representantes de los Ministerios de Desarrollo Social, Yael Bendel, y de Seguridad, Guillermo Soares Gache.
