“Desde Ni Una Menos Tucumán queremos expresar nuestra profunda preocupación por la desprotección a la que es sometida Lupe, tras haber presentado una denuncia judicial por abuso sexual a Ricardo Bussi, hijo del condenado genocida Antonio Domingo Bussi” comenzaron el comunicado.
Lupe es el nombre con el que se conoce a la joven que denunció al legislador Ricardo Bussi por abuso sexual y robo de identidad el año pasado. La joven viajó a Buenos Aires la semana pasada para hacer sentir su reclamo por Justicia. Participó del 11º encuentro de Familiares Sobrevivientes de Femicidios en Plaza de Mayo, frente a Casa Rosada, se encadenó en la Quinta de Olivos y fue entrevistada en varios medios nacionales para hacer visible el continuum de violencias machistas que viene sufriendo.
En paralelo el acusado por la agresión sexual sigue en funciones y ahora es precandidato a Senador Nacional. Hubo tres cambios de jueces para la instrucción y un juez fue destituido después de haber denunciado por aprietes a un vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para actuara a favor de Bussi.
“No me dan respuestas por eso tuve que ir a Buenos Aires, porque en Tucumán no quieren investigar, no llaman a declarar a testigos, no peritan ni los celulares, ni las computadoras. No hacen nada. Mi vida, ni la vida de nadie les importa al gobierno” contó Lupe ante los medios nacionales.
La denunciante recibió el apoyo de diferentes referentes de la lucha contra las violencias por motivo de género en la CABA, como la actriz Thelma Fardin de Actrices Argentinas, la Secretaría de Género de la CTA Autónoma, entre otras.
“La denunciante fue a la sede del Poder Ejecutivo Nacional, porque tiene miedo por su seguridad y la de sus dos hijas pequeñas y para contar que en nuestra provincia vive encerrada tras haber sufrido múltiples amenazas. Además, llevó el reclamo de las otras víctimas de abusos por parte del poder político” comentaron desde el colectivo Ni Una Menos.
A su vez la colectiva tucumana señala que hay otras seis mujeres que sufren el pacto de impunidad a cargo de los tres poderes tucumanos: Alperovich, Orellana, Estofan, Navarro Davila, Najar, Romano y Bussi son algunos de los funcionarios denunciados, todos están impunes.
“El Estado es responsable de perpetuar las violencias que sufrimos las mujeres y les disidencias sexuales. Solicitamos al Estado de la Nación que garantice la efectiva protección de Lupe, que continúa siendo permanentemente amenazada tras haber hablado” afirman.
Por último exigen que la justicia tucumana avance con el pedido de desafuero a Bussi y “se garantice un proceso judicial con garantías constitucionales para Lupe, perspectiva de género y sanciones a todas las personas implicadas en el hecho”.
“Lupe no está sola, tiene el respaldo del movimiento de mujeres que con la lucha enfrentará la impunidad” concluyen.
