Sobre “Lucía”, la Edad Media y el anunciado ahogo.
Teniendo como escenario la provincia de Tucumán, en las últimas semanas, asistimos a una serie de hechos que suscitaron la calificación de “provincia medieval”.
Un breve recuento de hechos para contextualizar: una niña de 11 años se presenta en un centro asistencial de una pequeña localidad del norte de la provincia por una molestia abdominal; la molestia es una gestación en curso de 16 semanas; un nuevo caso de violación y abuso intrafamiliar; sucede el pedido de interrupción legal del embarazo (ILE) acompañado del retraso de su concreción en menos de 48 hs como marca la legislación; a las derivaciones y el estado público del caso que luego fue “Lucía” – nombre ficticio, claro-, le siguió la injerencia del poder judicial provincial, del Arzobispado, de la gobernación y de los máximos referentes del sistema provincial de salud local; finalmente, el pedido de realización de la ILE a dos profesionales médicos del ámbito privado por parte de las máximas autoridades del Si.Pro.Sa; la realización de una microcesaria; un feto de 600 grs en neonatología que fallece 9 días después. No termina ahí, en estos días se sumó una denuncia penal de la diputada nacional Villavicencio a la fiscal de Estado Giannoni por “presunta comisión de los delitos de coacción y abuso de autoridad en concurso ideal entre sí”; sucedida de otra denuncia por “homicidio agravado” contra el médico Gijena y la médica Ousset gineco – obstreta intervenientes, por parte de abogados “pro-vida”.
En un lenguaje coloquial, la Edad Media transporta a lo antiguo, al oscurantismo, a la falta de razón. Capacidad esta última que luego sí trajo la Modernidad (al menos como proyección societal). Aquí el contrapunto: ser responsables de la larga serie de hechos arriba mencionados (sintetizados en negar legislación vigente del año 1921) y defender manifiestamente ese accionar no atrasa, cuanto mucho clarifica.
La cantidad de niñas, adolescentes y personas gestantes que habrán atravesado el sistema de salud público, sin jamás escuchar las siglas ILE, legalidad del aborto por causales, las implicancias de la sentencia del Fallo F.A.L, seguramente alcance cifras escalofriantes. Una aproximación lo expresan los datos de niñas y adolescentes menores de 15 años que parieron en el país en el año 2016: 2417 nacidos vivos (132 en Tucumán) citados en el Anuario DEIS de Estadísticas vitales 2016 del ex – Ministerio de Salud de la Nación. Lo ratifican y denuncian las continuas estadísticas de UNICEF sobre abusos sexuales y embarazos forzados en niñez y adolescencia.
Hasta no hace mucho tiempo, algunos meses, quizás años (depende de las regiones y las provincias), había algunos/as -profesionales del ámbito de la salud, del ámbito judicial, personal policial- que en los pasillos de las instituciones públicas combinaban el silencio desinformador y negacionista –ahí sí oscurantista- con la criminalización de mujeres con abortos en curso. Esas escenas, que se repetían impunemente entre sigilos y vergüenzas; se sucedían en general casi sin chistar, sin reclamos ni individuales, ni colectivos. Había, en tiempo pasado, porque el panorama cambió fuertemente a raíz de lo socializado en el marco del debate parlamentario por el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) entre marzo y agosto de 2018, pero sobretodo posterior al fallo F.A.L en 2012 de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación (CSJN).
El sector que obligó durante décadas a parir, forzando maternidades, violando autonomía de los cuerpos, escondiendo sus creencias en cuerpos ajenos, coloca hoy más visiblemente que nunca, el cuerpo de las mujeres como campo de batalla. No es el producto de lo que los cuerpos gestantes puedan o no generar, es la osadía radical de decidir si se quiere producir, o mejor dicho, reproducir.
En el mundillo “antiderecho”, el triunfo estaba garantizado. Ganaban con poco y aun con legislación en contra, muchas batallas. Aquí y ahora, hay quienes disputan esa mirada hegemónica cultural (y para colmo, son niñes y adolescentes, ni siquiera en edad de votar y llevan -casi de forma natural- en sus discursos “mi cuerpo, mi decisión”), lo que provoca que las estrategias de los negacionistas de la realidad –y del derecho- sean cada vez más torpes. No son irracionales sus jugadas, son meditadas, son pensadas; lo que no logran es evitar la absurda fragilidad de argumentos de base fundamentalista que desconoce la pluralidad y los consensos sociales sobre las libertades individuales.
Los y las representantes “celestes” no atrasan, solo evidencian. Muestran con la mayor impericia, la profunda debilidad de sus argumentos. Queda poco tiempo, sus manotazos son como los que dan quienes saben la fatalidad de un anunciado ahogo.
Será ley.
Por Fiorella Cademartori
